México abandona a las personas con discapacidad, denuncia una ONG
Los derechos fundamentales de niños y adultos con discapacidad, tanto física como intelectual, son frecuentemente violados en México, los que reciben atención en albergues, hospitales y casas hogar públicas suelen recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes, según un reporte de la organización Disability Rights International (DRI, Derechos Internacionales de Personas con Discapacidad).
Esta organización denuncia que muchas de las instituciones mexicanas públicas de atención a este grupo vulnerable “son inmundas, dejan a la gente caminar en harapos sobre los pisos cubiertos de orina y heces”.
En el reporte Abandonados y Desaparecidos: Segregación y Abuso de Niños y Adultos con Discapacidad en México, DRI señala que no ha habido avances en la protección de este grupo vulnerable en por lo menos diez años.
En México, señala el documento, es frecuente que las familias abandonen a las personas con discapacidad por falta de recursos, de ellos, el grupo más afectado es el de los niños, que además de tener pocas oportunidades educativas, no logran integrarse a la sociedad.
La principal razón para internar a un menor con discapacidad es que los padres no reciben apoyo gubernamental necesario para mantenerlo. Además, son segregados en los procesos de adopción y desde el principio se asume que pasará el resto de su vida en un albergue, según el informe.
El Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a cargo del sistema de adopciones en México, no estuvo disponible para confirmar o refutar que "los niños con discapacidad no se adoptan en México", como cita el informe.
Atención adecuada e integración
Después de haber visitado —entre agosto de 2009 y septiembre de 2010—, más de veinte hospitales, albergues y casas hogar destinadas a atender personas con discapacidad, DRI reporta que el gobierno mexicano no tiene registro de cuántas personas con discapacidad reciben atención en estas instituciones públicas, al confirmar que miles de internos no están identificados.
“Los niños y los adultos con discapacidad están sujetos a condiciones de detención inhumanas y degradantes. La falta de tratamiento, habilitación y rehabilitación deriva en un incremento de las discapacidades y en un peligro para su salud”.
El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis), dependiente de la Secretaría de Salud, y responsable de vigilar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión, reporta que cada año, 400,000 familias con un niño con discapacidad, reciben apoyo económico del gobierno federal para que el menor pueda asistir a la escuela.
En México, el 4.8% de la población —poco más de cinco millones— tiene alguna limitación física o mental, según los datos del Censo de la Población y Vivienda 2010.
Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), asegura que es al menos el 10% de la población mexicana, lo que equivaldría a once millones de personas.
“Las personas con discapacidad son detenidas arbitrariamente, se les niega el derecho al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica, se les niega el derecho a la salud, rehabilitación y habilitación y educación”.
Tortura y degradación
En la mayoría de las instituciones para atención de personas con discapacidad intelectual, el DRI observó que se sujeta a los pacientes para controlar el comportamiento agresivo.
El abuso de esa práctica, asegura el organismo, consiste en penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes conforme al derecho internacional, en muchos casos equivalente a la tortura.
“Encontramos a un hombre envuelto en tiras de gasa, atado de los pies a la cabeza, y con sujeciones de cuerpo completo. El personal dice que ha sido sujetado así por años. Lo vimos atado a una silla de ruedas cuando visitamos diez años atrás el mismo cuarto de esas mismas instalaciones”.
Disability Rights International y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), que trabaja en la defensa de víctimas de violaciones a los derechos humanos, recomiendan en este documento que México adopte y haga cumplir leyes que protejan el derecho de las personas con discapacidad a participar en su comunidad.
Ambas organizaciones concluyron que el gobierno mexicano no ha invertido para crear alternativas de integración de las personas con discapacidad y que no hay coherencia entre el liderazgo mostrado en el ámbito internacional y las políticas locales.
En diciembre de 2001, México presentó una resolución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para crear el comité que elaboraría la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad.
La Convención fue adoptada por la ONU en 2006 y entró en vigor como derecho internacional vinculante dos años después. México la ratificó en diciembre de 2007.
