Madre no cesa en la búsqueda de su hijo a más de 2 años de su desaparición
La vida de Amada Puentes González dio un giro cuando su hijo, Gustavo Castañeda Puentes, desapareció hace más de dos años, y decidió emprender una búsqueda que para ella aún no termina.
Era el 25 de febrero de 2009 cuando policías de Monterrey, capital del norteño estado de Nuevo León, presuntamente secuestraron al joven de entonces 28 años, al salir alrededor de las 13:30 horas del departamento y oficina de su jefe, Andrés Batres Sánchez -ex agente federal de 54 años y dueño de una constructora-, a quien ofrecía sus servicios como programador de informática.
Ese mismo día también desapareció Batres Sánchez y su compañero de departamento cuando se dirigía a comer, Melchor Flores Hernández, un artista que realizaba espectáculos en vía pública.
Entre 2006 y lo que va de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó la desaparición de 5,397 personas , la mayoría hombres (79%), pero en la administración del presidente Felipe Calderón sólo se ha hecho una recomendación por estos casos.
Amada y su esposo acudieron el 26 de febrero a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la procuraduría de Nuevo León, para presentar una denuncia por la presunta desaparición de su hijo.
"Uno de los agentes (de la AEI) me dijo que si estaba segura de poner la denuncia. Le pregunté por qué, y me dijo que porque ahí toda la información se filtra, que iban a saber los que tienen a mi hijo que nosotros estábamos haciendo movimientos y que iban a haber más víctimas", afirma la madre.
Con temor y dudas, pasaron los días hasta que la familia decidió firmar la denuncia que más tarde se integró a la averiguación previa del caso.
"Mi hijo es bien cariñoso. Siempre me decía que me arreglara para que me viera bonita y todo el tiempo me abrazaba. ¿Ahora quién me va a devolver esos momentos? Era como una especie de niño, y eso me gustaba de él" recuerda Amada. Gustavo está casado y tiene un hijo de dos años.
Las cifras oficiales de estos delitos y las que organismos civiles registran varían mucho entre sí. Por ejemplo, la organización local Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) ha registrado desde 2009 un total de 42 desapariciones forzadas en Nuevo León, más de la mitad son jóvenes.
Por otro lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) tramitó 94 solicitudes de gestión en 2010 para la búsqueda y localización de personas en el Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos, casi 47% más que en 2009, según los informes anuales del organismo.
Desde junio de 2001, la desaparición forzada está tipificada en el código penal federal, pero en los marcos jurídicos de 24 de las 32 entidades de la república, entre ellas Nuevo León, no está definida como un delito , según un informe de 2011 de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada.
Así, la mayoría de las desapariciones se registran como secuestros. Chihuahua, el Estado de México, Michoacán, Baja California y el Distrito Federal ocupan los primeros lugares con más incidencia en este delito, y de los 2,383 registrados en 2009 y 2010, estas entidades aglutinan más del 51% del total nacional, según cifras del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI).
De puerta en puerta
Sin avances sustanciales en las investigaciones ministeriales, Amada confiesa que ella y su esposo se convirtieron de un momento a otro en detectives.
"Ya todas las puertas están tocadas", sostiene, y a la sazón enumera las solicitudes hechas ante la Procuraduría General de la República (PGR), la CNDH, el Congreso federal y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, las cuales, sin excepción, la reorientan a la procuraduría estatal.
A la lucha personal que emprendió Amada se le han unido hasta la fecha 27 familias de personas desaparecidas , y juntas integraron el grupo Familias Unidas por Libertad y Justicia, que presionó para que la procuraduría creara en septiembre de 2009 una fiscalía especializada en desapariciones.
Los familiares mantuvieron juntas semanales y mensuales a lo largo de un año con autoridades, pero cesaron en septiembre de 2010 debido a la falta de interés y voluntad política de las autoridades ministeriales, aseguran integrantes de la agrupación.
CNNMéxico hizo una solicitud por escrito al área de Comunicación Social de la procuraduría para conocer el trabajo y los avances de la fiscalía en las investigaciones, pero no obtuvo respuesta.
En este periodo de lucha, detalla Amada, ella y su esposo fueron perseguidos en dos ocasiones por agentes ministeriales, mientras indagaban el paradero de su hijo.
La CEDHNL hizo la recomendación 040/2010 , dirigida a la procuraduría y a la Policía Preventiva de Monterrey, para que agilizaran las investigaciones y se localizara a los desaparecidos, pero hasta abril de este año todavía no había sido acatada por las autoridades.
Policías bajo investigación
A raíz de las desapariciones, la Coordinación de Asuntos Internos de la Policía Preventiva Municipal de Monterrey abrió una investigación para indagar a los elementos de seguridad presuntamente implicados en las desapariciones, identificados por diversos testigos oculares en la averiguación previa, pero al final la institución se declaró "incompetente para conocer los hechos mencionados".
En el expediente se consignan los interrogatorios al policía preventivo Rommel García Cantú, y los integrantes del Grupo Especial de Reacción (GER), Refugio Dávila Sánchez, Misael Mendoza Mendoza, Efraín Ramírez Galván y Dante Damián Ramírez.
En sus declaraciones del 5 de marzo de 2009, todos negaron participar en las desapariciones de los tres civiles y, excepto García Cantú, admitieron que tenían asignado un patrullaje en la zona donde ocurrieron, como se puede constatar en las bitácoras y roles de servicios de los policías.
En las fichas personales de los elementos se lee que todos han sido investigados con anterioridad por presuntos delitos , como robos, lesiones, golpes, insultos, abusos de autoridad, faltas al servicio y detenciones injustificadas.
