Investigan al ex gobernador de Chiapas por la muerte de 30 recién nacidos
El procurador de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), Raciel López Salazar, anunció que prepara dos nuevos procesos contra el ex gobernador Pablo Salazar, uno de ellos por la muerte de 30 recién nacidos ocurrido entre 2002 y 2003, en un hospital del municipio indígena de Comitán.
El funcionario dijo que aún están en proceso de integración de una averiguación previa por delitos aún no definidos, para ver si existe responsabilidad penal contra el ex mandatario por los recién nacidos que presuntamente murieron por negligencia médica.
“Y no solamente por este acto tenemos casos como el (del huracán) Stan que no se ha olvidado”, sostuvo el encargado de la procuración de Justicia en Chiapas.
A su vez, los abogados defensores del ex gobernador, Alfredo Domínguez e Ilan Katz, sostuvieron que las nuevas averiguaciones previas anunciadas por el Procurador de Chiapas, ponen en evidencia que Pablo Salazar es víctima "de una clara persecución política, y una práctica intimidatoria", que a su ver se aplica contra quienes no comulgan con el gobierno estatal.
Si hubiera un interés real en investigar el caso de la muerte de 30 niños, se hubiera hecho al inicio de la administración del actual gobernador, Juan Sabines, y no casi cinco años después, expresaron.
Sale la CEDH en su defensa
El Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas solicitó al gobierno del Estado que se adopten medidas precautorias o cautelares para garantizar la salud y la vida del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, preso en el penal El Amate desde el pasado 7 de junio.
El centro humanitario expuso que personal del organismo entrevistó a Pablo Salazar luego de saber de su intención de mantener una huelga de hambre , que inició cuando entró al penal, desde donde el ex gobernador anunció: "de esta crisis saldré o exonerado o al panteón".
El CEDH informó que hizo la solicitud al gobierno de Chiapas para que se adopten medidas cautelares, a fin de garantizar "su integridad física y emocional, ante las consecuencias naturales que puedan resultar por su decisión de no ingerir alimentos y mantener la huelga de hambre”.
Dijo que los principios básicos para el tratamiento de los reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, establece que, con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
