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La defensa del ex gobernador de Chiapas apela el auto de formal prisión

Los abogados de Pablo Salazar Mendiguchía señalan que en su fallo el juez desestimó las pruebas presentadas por la defensa
mar 14 junio 2011 02:10 PM
Pablo Salazar
Pablo Salazar Pablo Salazar

Los abogados del ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía apelaron el auto de formal prisión dictado este martes en su contra por un juez, por la presunta comisión de los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones, abuso de autoridad y asociación delictuosa, derivados de la compra de un seguro de vida y el reembolso de 104 millones de pesos, que recibieron él y varios de sus ex colaboradores.

La apelación al fallo del juez Belisario Domínguez fue enviada al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, que deberá dictaminar al respecto y emitir su resolución en no más de tres meses.

Durante la audiencia donde el juez emitió al auto de formal prisión, el ex gobernador chiapaneco recibió la noticia “entero y con mucha fortaleza de carácter”, según los abogados Alfredo Domínguez, Ilan Katz y César Cerisola.

El juez enfatizó que Salazar perdió sus derechos políticos y, por tanto, notificará la resolución al Instituto Federal Electoral (IFE). A principios de 2011, el ex gobernador reinició sus actividades políticas, y a través de algunos voceros había manifestado su deseo de contender por un lugar en el Senado en las elecciones de 2012.

Domínguez explicó que en días anteriores presentaron pruebas y documentos que demostraban que la contratación del seguro de vida y el cobro del reembolso estuvieron apegados a derecho.

“Hicimos una amplia defensa en el escrito de alegatos, y ofrecimos amplísimas pruebas. El juez ni siquiera lo contestó y en sólo tres renglones desvirtuó estos elementos, violando con ello las reglas de valoración jurídica de la prueba”, dijo. Por ello la defensa apeló la sentencia y, si es necesario, impugnarán ante el gobierno federal.

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Katz sostuvo que jurídicamente no se puede sostener el delito de asociación delictuosa, considerado grave y por el cual el ex gobernador no alcanza fianza. Según el abogado, para acreditar ese delito la parte acusatoria debió haber demostrado que se juntaron tres o más personas para planear un delito. En ese sentido, consideró inadecuado el dictamen del juez.

Añadió que la compra del seguro de vida fue aprobada por el Congreso y refirió que, en marzo, la actual Legislatura estatal aprobó una reforma administrativa que establece que un ejercido de cuenta pública abierta y revisada no puede volverse a abrir. En este caso, dijo, el juez tienen la obligación de aplicar la reforma a favor de Salazar.

La Procuraduría de Justicia de Chiapas, que detuvo al ex gobernador la semana pasada en el estado de Quintana Roo , señaló en un comunicado que la orden del juez se basó en varias pruebas, entre ellas los testimonios de Horacio Schoeder Bejarano, actual subsecretario de Gobierno, y Socorro del Carmen Domínguez Aguilar, también en el penal El Amate.

Según la dependencia, los 104 millones de pesos que fueron reembolsados y entregados a unos 50 ex funcionarios pertenecían al erario público y, por tanto, se cometió un delito al disponer de ellos.

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