Las evaluaciones policiales en Nuevo León contradicen al gobierno federal
Mientras que el gobierno federal asegura que todos los altos mandos policiales del norteño estado de Nuevo León se sometieron a evaluaciones de confianza, el reciente asesinato del director de Seguridad Pública del municipio de Santa Catarina, Germán Pérez Quiroz, puso al descubierto que no fue así.
El pasado 16 de mayo, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Miguel Alcántara Soria, aseguró que de las 32 entidades federativas, sólo Nuevo León había sometido a todos sus altos mandos a pruebas de control de confianza. Sin embargo, este martes el gobernador Rodrigo Medina admitió que no se tiene antecedentes de la evaluación de Pérez Quiroz.
"No tenemos registro de que haya acudido a practicarse los exámenes de control de confianza", señaló el mandatario.
Los exámanes consisten en pruebas psicológicas, poligráficas, médicas, toxicológicas, además de entorno social y situación patrimonial. El resultado que se obtiene es apto o no apto, y es inapelable.
Nuevo León cuenta con el Centro de Información para la Seguridad del Estado, Evaluación y Control de Confianza (CISEC), donde se realizan estos exámenes.
Las evaluaciones y la creación de estos centros se contempló dentro de los 74 objetivos recogidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en 2008 entre los gobiernos estatales y el federal.
Sólo 10 de los 40 centros de evaluación de confianza que existen en México están acreditados y Nuevo León no es uno de ellos, según el último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Pérez Quiroz no tenía el nombramiento oficial como director de la corporación, pero desde casi 6 meses era el encargado del despacho y subordinado del secretario de Seguridad municipal, Manuel Uco Limón.
De los 375 altos mandos en todo el país que están dados de alta ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 78.93% ha sido sometido a estas evaluaciones, de acuerdo con el último reporte del organismo. Las entidades más atrasadas son Yucatán, Guerrero y Baja California Sur.
Nuevo León tiene registrados a 10 altos mandos de Seguridad y procuración de justicia evaluados. Por otro lado, el estado ocupa el cuarto lugar en policías que han pasado por estas pruebas, con 6,224 elementos, por abajo del Distrito Federal, Guanajuato y Baja California.
Investigado por la PGR
Pérez Quiroz, asesinado este lunes, fue investigado por la Procuraduría General de la República (PGR), en 2002, por presuntos nexos con el narcotráfico, de acuerdo con la fiscalía federal.
En el boletín 957/02 se menciona que el difunto funcionario era apodado El Comandante, y que reclutaba a agentes del Ministerio Público de la federación, a quienes les proporcionaba expedientes de las consignaciones de miembros de la organización criminal de Ismael Zambada, El Mayo, capo del cártel de Sinaloa.
Un juez absolvió a Pérez Quiroz de las acusaciones. La PGR informó entonces que el ex elemento de la extinta Policía Judicial Federal (PJF) y ex subdelegado de esa corporación en Durango y Morelos, era enlace de Domingo Silva Monter, responsable de las comunicaciones de El Mayo.
Autoridades de Santa Catarina se pronunciaron a favor del director, asesinado este lunes por presuntos miembros de la delincuencia organizada, y dieron a conocer su carta de no antecedentes penales.
Policías bajo sospecha
Siete policías y el secretario de Seguridad de Santa Catarina están bajo investigación por la procuraduría de Nuevo León, debido a su posible participación en el asesinato de Pérez Quiroz.
Los policías, que se desempeñaban como guardias de la corporación y escoltas del funcionario, rindieron su declaración este martes ante el Ministerio Público, señaló ante medios el vocero en materia de Seguridad en la entidad, Jorge Domene Zambrano.
El portavoz señaló que a los siete policías podrían ser puestos en arraigo -detención temporal- porque estuvieron presentes en la agresión y no la repelieron, y que se podría extender la medida contra Uco Limón.
El gobernador Rodrigo Medina señaló este martes ante medios de comunicación que una de las líneas de investigación del atentado se deriva del reciente despido de 30 elementos de la policía municipal.
Este miércoles, la Procuraduría del estado dio a conocer que tres policías de Santa Catarina, detenidos la semana pasada por el Ejército por servir presuntamente como informantes para el crimen organizado, fueron trasladados al penal federal del Topo Chico, donde quedaron a disposición de un juez penal.