Amnistía exige juicio justo a un indígena de Guerrero acusado de asesinato
Amnistía Internacional (AI) envió una carta al gobernador de Guerrero, entidad ubicada en el sur de México, para manifestar su preocupación por la detención de un activista indígena defensor de los derechos humanos, ya que considera que existe un patrón de hostigamiento en contra de 107 luchadores del estado.
El documento, firmado por el asesor especial en Programas Regionales de AI, Javier Zúñiga Mejía Borja, precisa que el indígena, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y padre de seis hijos, Rafael Rodríguez Dircio, merece una investigación y un proceso apegados a derecho.
Rodríguez Dircio fue detenido el pasado 29 de junio por agentes de la Policía Ministerial de Guerrero. Después lo trasladaron a la prisión en el municipio de Ayutla, ubicado en la región de la Costa Chica, acusado de asesinato, informó el Centro de Derechos Humanos de Guerrero Tlachinollan.
El oficio de AI va dirigido al gobernador guerrerense, Ángel Aguirre Rivero , con fecha del 4 de julio. En él se alerta de las constantes pruebas de hostigamiento en contra de los miembros de la OPIM, organización indígena defensora de los derechos humanos de Guerrero.
“Amnistía Internacional está preocupada por esta detención, dado el patrón de hostigamiento que los miembros de la OPIM han experimentado durante varios años a consecuencia de sus actividades legítimas de abogar por los derechos indígenas de los Me´phaa”, indica la carta.
Aseguran que esa organización internacional está preocupada por los derechos humanos en Guerrero, motivo por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en abril de 2009 medidas provisionales para 107 defensores del estado, Rafael Rodríguez Dircio, entre ellos.
“La organización solicita a las autoridades de Guerrero que garanticen la investigación y el proceso penal apegados a las normas internacionales de derechos humanos y tomen las medidas esenciales para evitar que el sistema de justicia no sea usado de manera indebida para perseguir a los activistas sociales por sus labores legítimas”, señala el documento.
La denuncia
La acusación contra Rafael Rodríguez Dircio, defensor de los derechos indígenas y campesinos, es por el homicidio de Alejandro Feliciano García, cometido en el 2008. Por este hecho fueron acusados 15 miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, aunque sólo cinco integrantes fueron detenidos. Todos fueron absueltos después de estar presos en la cárcel de Ayutla durante varios meses.
Uno de ellos, Raúl Hernández, defendido en su momento por AI, estuvo recluido poco más de dos años por un crimen que no cometió, como se demostró más tarde. Su libertad la consiguió en agosto de 2010.
“La acusación que hoy enfrenta Rafael Rodríguez Dircio se basa en pruebas que han sido consideradas ilegales e insuficientes en al menos 10 ocasiones previas”, señaló en un oficio el Centro de Derechos Humanos de La Montaña de Guerrero Tlachinollan.
La población indígena Me´phaa está asentada en la región de la Costa Chica y La Montaña de Guerrero, una de las zonas más vulnerables y de extrema pobreza.
La Organización del Pueblo Indígena Me’phaa fue creada en 2002 y su objetivo es reconstruir el poder económico, cultural y político de las comunidades indígenas de la región.
