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La PGR acepta revisar peritaje de empresa privada en caso de Guardería ABC

La Procuraduría aceptó revisar el peritaje hecho por una compañía de EU que concluye que el incendio fue provocado
mié 13 julio 2011 11:50 AM
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La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una nueva línea de investigación en la que revisará el peritaje hecho por la empresa estadounidense McMullen, que concluye que el incendio en la Guardería ABC fue provocado, informó el abogado de algunos de los padres de la estancia infantil.

El movimiento de padres Manos Unidas  pidió que la PGR tomara en cuenta esta evaluación,  para reclasificar el delito de culposo a doloso , lo que permitiría que fuera considerado formalmente como "grave".

Gabriel Alvarado, abogado de este grupo de padres, dijo que la procuradora Marisela Morales aceptó revisar el peritaje que prueba cómo se intentó desaparecer documentos de la bodega conjunta, lo que originó un incendio que finalmente llegó a la Guardería ABC, provocó la muerte de 49 niños y dejó heridos a más de 100.

El informe del perito David Smith muestra evidencia de cajas de cartón quemadas y de que en el lugar había líquidos como gasolina, que provocaron el incendio.

Por otra parte, el Movimiento Ciudadano 5 de junio rechazó el peritaje; este grupo de padres argumenta que es una herramienta para exculpar a los dueños de la estancia infantil y a los funcionarios de los tres niveles de gobierno responsables del siniestro.

En tanto, Emilio Serrano, presidente de la Comisión Especial para Analizar los Esquemas de Tercerización de Servicios en el Sector Público, confirmó que la Procuraduría revisará la información de la empresa estadounidense.

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El incendio de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009. Organizaciones civiles la consideran la mayor tragedia infantil en la historia de México, y argumentan que se pudo evitar si los dueños de la guardería hubieran garantizado las normas mínimas de seguridad para alojar a los niños , como lo confirmó el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en un oficio publicado cuatro años antes.

El Movimiento 5 de junio culpa también a las autoridades estatales y a algunas federales por denegar el acceso a la justicia a las víctimas.

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