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Jornada de violencia causa 13 muertos en Nuevo León

La violencia que escala desde hace diez días en el estado ha causado al menos 60 muertes relacionadas con la delincuencia organizada
mar 19 julio 2011 08:30 AM
Santa Catarina, Nuevo León
Santa Catarina, Nuevo León Santa Catarina, Nuevo León

La tercera semana de julio inicia con más violencia en el norteño estado de Nuevo León: al menos 13 personas murieron en diferentes puntos de la entidad, sobre todo en el área metropolitana de la capital, Monterrey.

Ocho de estas muertes fueron confirmadas la noche del lunes por el vocero estatal en materia de Seguridad, Jorge Domene Zambrano.

El portavoz informó que entre los muertos están dos policías del municipio de Monterrey, José Luis Luna Tienda y Roberto Carlos Leal Ramírez, quien fue asesinado junto con dos personas más mientras comían en un puesto de alimentos.

134 policías fueron detenidos entre febrero y junio pasados por estar involucrados en secuestros y homicidios. Recientemente otros 41 uniformados fueron aprehendidos por sus vínculos con la delincuencia organizada.

El portavoz señaló que en el municipio metropolitano de Santiago las autoridades localizaron un cuerpo decapitado y dos cabezas humanas, y en un tramo de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, cerca de Sabinas Hidalgo, hallaron a una mujer calcinada.

Medios locales contabilizaron cinco muertes más que dan un balance final de 13: el cuerpo de una persona con un disparo en la cabeza fue abandonado en la carretera nacional, el cadáver de un hombre fue encontrado en un terreno de Santiago y tres personas murieron durante una balacera en San Nicolás de los Garza.

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La violencia en Nuevo León va en aumento desde el pasado 8 de julio, cuando un comando de una banda del crimen organizado asesinó a tiros a 20 personas en el bar Sabino Gordo , en el centro de Monterrey.

La ola de violencia se sostiene desde la semana pasada. El 12 de julio murieron más de una decena de personas en distinto puntos del área metropolitana de Monterrey y un día después, en el transcurso de la tarde, medios locales contabilizaron hasta 16 decesos más. Con estos hechos, las jornadas violentas en la entidad sumarían de casi 60 muertes en diez días.

Las jornadas violentas se convirtieron en algo común.  El pasado 15 de junio fue el día más sangriento en 2011 en Nuevo León, cuando 33 personas perdieron la vida en distintos hechos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada.

La zona metropolitana de Monterrey es escenario de una confrontación entre el grupo delictivo de Los Zetas y la llamada Nueva Federación, integrada por los cárteles del Golfo, Sinaloa y La Familia.

Este semestre ha sido el más violento en la historia de Nuevo León. Han ocurrido cerca de 960 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia del estado. Esta cifra supera en 13.75% los asesinatos ocurridos a lo largo del 2010.

Los empresarios critican a gobierno por la inseguridad

En este contexto de violencia , la iniciativa privada de Nuevo León reprobó al estado en materia de seguridad y criticó su gestión en los primeros seis meses de 2011.

La crítica fue planteada por tres directores de organismos intermedios, entre ellos Miguel Treviño de Hoyos, del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (CCINLAC), José Mario Garza Benavides, de la Conferación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Sergio Anguiano Ayala, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Caintra)

Los directores presentaron las cifras más recientes del Semáforo delictivo, un instrumento que mide los diez principales delitos en 11 municipios metropolitanos, y que en sus más recientes evaluaciones ubicaron a Guadalupe, Monterrey y Santa Catarina como las localidades con mayores incidencias. A nivel global, seis de estos indicadores aumentaron con respecto al promedio histórico en Nuevo León.

Entre las omisiones del estado destacaron los robos a casa habitación y vehículos —en los que acusaron a las autoridades estatales y municipales de estar coludidas con la delincuencia organizada para llevarlos a cabo—, la falta de coordinación y el atraso en la certificación de policías confiables.

El gobierno del estado contestó a esta postura. Ante medios, Domene Zambrano descalificó la noche de este lunes las críticas de los organismos al considerarlas “lamentables” y como "viles mentiras".

“Con una ligereza y subjetividad han descalificado de alguna manera muchas de las acciones que el estado ha estado construyendo en coordinación con los municipios y las fuerzas federales”, dijo, “hablan sin ningún sustento y afirman que el estado no ha aportado lo que le toca.

“Quiero asumir o suponer que a título personal han hecho estas declaraciones”, continuó, “invito a las personas que hacen estas declaraciones que nos sentemos en la mesa para poder esclarecer este comentario”.

En agosto de 2010, CCINLAC firmó un convenio de colaboración con el gobierno del estado para realizar una evaluación permanten de cinco indicadores en materia de seguridad y justicia, y que tiene el objetivo de preparar programas preventivos, pero hasta la fecha no se han generado propuestas.

El vocero aclaró que a los municipios y no al gobierno estatal le corresponden depurar a las policías municipales cuando no aprueban los controles de confianza, y que en el caso del robo de vehículos aumentó en junio a 70% la cifra de recuperación.

No es la primera vez que organismos intermedios critican al gobierno de Rodrigo Medina por su desempeño. El más reciente señalamiento sucedió el pasado 6 de julio en un foro organizado por Institución Renace, productora ejecutiva del documental Presunto Culpable.

Ahí, De Hoyos, titular del CCINLAC reviró contra el diputado priista César Garza, quien preside la comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Congreso local, y acusó al estado de no tener voluntad política para impulsar la reforma penal en Nuevo León.

Y el pasado 21 de junio, tanto De Hoyos como otros dirigentes de organismos del sector privado, declararon su hartazgo por la incapacidad de las autoridades estatales y municipales de coordinarse para combatir delitos del fuero común.

“¡Ya basta alcaldes y Gobernador!, la ciudad está pintada de rojo y ustedes, con su falta de liderazgo y solidaridad, permiten que las fronteras municipales operen en favor de los criminales”, advirtieron en un desplegado.

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