El exprocurador nombró a la mayoría de los delegados salientes de la PGR
La mayor parte de los delegados estatales de la Procuraduría General de la República (PGR) que renunciaron en bloque desde el viernes pasado ocupaban sus puestos desde hace menos de 18 meses después de que los nombrara el anterior procurador, Arturo Chávez.
La PGR reveló este lunes que 21 de sus 32 delegados estatales dimitieron el 29 de julio, en un hecho inédito dentro de la dependencia por tratarse de funcionarios que encabezan investigaciones de delitos federales en cada entidad del país.
La renuncia masiva ocurrió ocho días después de que la PGR difundiera que analizaban dudas surgidas en los resultados de las evaluaciones de control de confianza de al menos 20 delegados estatales, dentro del programa de depuración que la procuradora Marisela Morales efectúa desde que asumió el puesto en abril.
De acuerdo con información oficial de la dependencia, los delegados estatales en Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas apenas habían asumido sus cargos en marzo de este año. Sus nombramientos fueron los últimos que el exprocurador Chávez realizó antes de renunciar por cuestiones personales el 31 de marzo.
Chávez también había designado durante 2010 a los delegados estatales en Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, mientras que al de Chiapas lo nombró en octubre de 2009.
Sólo los delegados estatales en el Distrito Federal, Durango, Aguascalientes, Estado de México, Tlaxcala, Guanajuato y Querétaro llevaban más de dos años en su puestos, al ser designados entre mayo de 2007 y enero de 2009 por el entonces procurador, Eduardo Medina Mora.
Un funcionario de la PGR consultado por CNNMéxico sostuvo que varios de ellos podrían haber sido removidos de sus puestos en los próximos meses, dentro de la reestructuración en la dependencia.
La PGR ha dado de baja en los últimos tres meses a 140 servidores públicos por incurrir en delitos o faltas administrativas. Actualmente investiga a otros 700 funcionarios por irregularidades.
Activistas, legisladores e incluso diputados europeos rechazaron su nombramiento por su presunta negligencia e irregularidades en las investigaciones de más de 400 asesinatos ocurridos principalmente entre 1993 y 2003 en la frontera norte de México.
Uno de los casos más conocidos del periodo de Chávez fue la acusación iniciada por Medina Mora contra alcaldes y funcionarios de Michoacán , por presuntamente proteger las actividades de la organización criminal de La Familia Michoacana. La PGR no pudo sustentar las imputaciones y funcionarios quedaron en libertad.
Contra los delitos del narcotráfico
Las delegaciones estatales son las representaciones de la PGR en cada uno de los 31 estados del país y el Distrito Federal para investigar denuncias de ilícitos federales, de los cuales los más comunes son delitos contra la salud, portación y posesión de armas de fuego, piratería y ambientales.
También investigan delitos bancarios, fiscales, patrimoniales, tráfico de personas, ataques a las vías de comunicación e ilícitos cometidos por servidores públicos a nivel federal, entre otros.
Como cabezas de esas representaciones, los delegados estatales además tienen la responsabilidad de coordinar con gobernadores y alcaldes acciones en contra de la venta de droga al menudeo y prevención de delito.
En las 32 delegaciones estatales del país, trabajan cerca de 8,600 servidores públicos entre agentes del Ministerio Público, policías federales ministeriales y peritos, cifra que representa el 38.5% del total de personal de la PGR.
Dentro de la estrategia federal en contra del crimen organizado, las delegaciones estatales son las que abren indagatorias o al menos toman conocimiento de asesinatos y ataques, detenciones y aseguramientos de droga o arsenales, aunque generalmente los casos de relevancia se trasladan a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Un ejemplo es la delegación estatal en Tamaulipas, la cual inició en el primer semestre del año 857 investigaciones por portación o posesión de armas de fuego, ante las operaciones que las fuerzas federales efectúan en ese estado en contra de narcotraficantes.
Otros estados donde existe una alta incidencia de delitos relacionados con drogas y cuyos delegados estatales renunciaron son Jalisco, Sinaloa, Sonora y Guanajuato, según datos de la PGR.
En el caso del Distrito Federal, el ex delegado estatal enfrentaba la incidencia de delitos más alta del país, al registrar en los primeros seis meses del año 12,440 indagatorias, de las cuales 4,535 fueron por ilícitos relacionados con drogas, en su mayoría en la modalidad de narcomenudeo.
Aunque la mayoría de los exdelegados tenían pocos meses al frente de sus puestos, al menos 16 habían realizado su carrera profesional en la PGR o al menos habían tenido algún puesto en la dependencia durante su vida laboral.
La exfuncionaria con trayectoria más larga en la PGR es la hasta ahora ex delegada estatal en Jalisco, María Teresa García, quien llevaba 25 años en la dependencia y había ocupado el mismo puesto en las delegaciones de Puebla, Michoacán y Zacatecas.