Diputados abren la puerta para que secuestradores reciban cadena perpetua
La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles que los jueces mexicanos puedan dictar cadena perpetua en contra de secuestradores —autores o partícipes—, cuando en el delito se registren determinadas circunstancias.
El dictamen deja “la puerta abierta” para que los jueces contemplen la posibilidad de aplicar esa sentencia cuando en el secuestro existan agravantes, como que los delincuentes maten a su víctima, tengan parentesco con ella o formen parte de alguna institución de seguridad o de las Fuerzas Armadas, explicó en entrevista el legislador José Luis Ovando Patrón, presidente de la comisión.
“Estamos siendo congruentes con una realidad que debemos enfrentar. El secuestro es uno de los delitos más delicados, que se ha incrementado hasta en 300% en los últimos cinco años”, dijo el diputado.
“Es un reclamo de la sociedad que establezcamos inhibidores de este delito, que genera incertidumbre, aumenta los índices de percepción de inseguridad y tiene impactos en la inversión en algunas zonas del país”, agregó.
Morelos y Puebla, en el centro de México, Oaxaca, en el sur, y Coahuila, en el norte, son los estados con un mayor aumento en la tasa de secuestros durante los últimos cinco años, informó la Cámara de Diputados en un comunicado , citando datos de su Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP). Según esas cifras, en toda la nación en promedio se registran 3.72 casos diarios.
El documento reforma el artículo 25 del Código Penal Federal y los artículos 10 y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro , que actualmente señalan que la pena máxima para los autores y partícipes de un secuestro, cuando la víctima muera, será de 40 a 70 años de prisión, así como multas de entre 358,800 y 717,600 pesos.
La iniciativa —que considera la cadena perpetua como “una pena adecuada al fenómeno criminal y proporcional al daño causado”— fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara baja, de acuerdo con el diputado Ovando Patrón. Si es avalada en esa instancia, será enviada al pleno para su discusión y votación.
El secuestro comenzó a captar la atención pública mexicana a finales de la década de 1990 debido a la operación de bandas como la de Daniel Arizmendi, conocido por cortar las orejas a sus víctimas como una medida para presionar a los familiares para entregar el rescate.
Años más tarde se registraron otros secuestros que fueron muy reportados en los medios, como el del empresario Hugo Alberto Wallace, en 2005, y el del menor Fernando Martí, en 2008. Ambos fueron asesinados por sus captores, lo que generó protestas sociales y que sus padres — Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí , respectivamente— se convirtieran en activistas por la seguridad pública.
El endurecimiento de las penas contra secuestradores avanza en la Cámara de Diputados un día después que la Comisión de Gobernación aprobara en lo general la Ley de Seguridad Nacional , que el gobierno federal considera clave en la lucha contra la delincuencia, aunque organizaciones civiles la califican de lesiva a los derechos humanos .