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Los órganos electorales en México en el centro de las pugnas políticas

La falta de tres consejeros electorales en el IFE, y las acusaciones de parcialidad del Tribunal Electoral, ponen en entredicho su actuación
mié 03 agosto 2011 07:50 AM
Reunión extraordinaria del consejo general del IFE
NTX. IFE-Consejo-elecciones Reunión extraordinaria del consejo general del IFE

El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés aseguró recientemente que el organismo "no está pasmado ni en crisis" y que avanza con pasos firmes en la preparación del proceso electoral de 2012 que arranca el próximo 7 de octubre y en el que se renovará la presidencia del país y el Congreso de la Unión.

Sin embargo, tanto el IFE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), responsables de organizar y juzgar la legalidad de este proceso, tienen dificultades internas y padecen “debilidad institucional”.

Desde noviembre del 2010, el organismo encabezado por Valdés opera con sólo seis de sus nueve consejeros —cabeza directiva del organismo—, y aún no hay señales de que la Cámara de Diputados, responsable de realizar esos nombramientos, tomé una decisión para elegirlos.

Para Valdés, la falta de tres consejeros "no ha impedido ni impedirá que el IFE organice las elecciones legislativas y presidenciales con calidad".

Por su parte, el Tribunal Electoral —última palabra sobre la validez de los comicios—, está en pleno relevo de su presidencia.

Especialistas consultados por CNNMéxico consideran que esta situación podría dañar la confianza en la legalidad de las elecciones y, en un caso extremo, cuestionar sus resultados.

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Relevo en pleno conflicto

El Tribunal, creado para que las impugnaciones electorales sean resueltas por un órgano autónomo y especializado, relevará a su presidencia el próximo 10 de agosto, cuando cada magistrado exprese su voto

Versiones periodísticas han mencionado al magistrado Pedro Esteban Penagos como uno de los interesados en el cargo, aunque la ley permite a la actual presidenta, María del Carmen Alanís Figueroa, reelegirse.

El cabildeo informal se abrirá del 6 al 10 de agosto, cuando termina el periodo de Alanís.

Con o sin relevo,  la imparcialidad del órgano ha sido puesta en duda por el partido gobernante, Acción Nacional (PAN) así como por el de la Revolución Democrática (PRD) y el del Trabajo (PT), estos dos identificados con la izquierda.

Los inconformes señalan que el Tribunal ha favorecido al gobernador del Estado de México , Enrique Peña Nieto, a quien se ha acusado —sin éxito— de usar propaganda oficial para promover su imagen en todo el país.

El 9 de marzo pasado, un mes antes de que el Tribunal absolviera a Peña Nieto por este caso, Alanís reunió en su casa a líderes priistas, lo que para los quejosos fue señal de parcialidad.

El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, pidió formalmente a Alanís abstenerse de participar en la resolución del caso, lo que no prosperó.

A la reunión, confirmada por Alanís, acudieron, entre otros, el representante del PRI ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, viejo compañero de estudios de la funcionaria, el diputado con licencia Luis Videgaray, del PRI, y el consejero del IFE, Marco Antonio Baños Martínez.

Consultado por CNNMéxico, Baños niega que se haya hablado de ese tema, o que él mismo o la magistrada presidenta hayan actuado de manera irregular.

“Descarto cualquier sospecha en contra de la presidenta del Tribunal. Ni ella, ni un servidor, nos hemos prestado absolutamente nunca a ninguna cuestión que esté fuera de la ley. Entrevistarnos con políticos, con representantes de partidos políticos es una tarea consustancial a la función que cumplimos”, aclara el consejero.

La magistrada ha dicho que en la reunión no se resolvió el asunto en controversia, y que ese no es el único encuentro que ha sostenido con dirigentes de partidos políticos.

Esta no es la única relación polémica de la magistrada.

A su llegada a la presidencia, en 2007, se cuestionó su presunta cercanía al PAN, pues es amiga de la niñez de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.

Por eso Alanís “no es garantía de imparcialidad. Siempre ha tenido vínculos con el poder del PRI y por compartir clases con la primera dama, vínculos con el PAN”, dijo a CNNMéxico el exconsejero electoral Jaime Cárdenas Gracia.

Detalla además que otros magistrados también han “ignorado irregularidades electorales” como las ocurridas en las elecciones locales de 2010 en Hidalgo o Durango, por lo que una sustitución en la presidencia no necesariamente implicará un cambio.

No obstante, es el mismo consejero Baños quien asegura que el Tribunal tiene capacidad e imparcialidad probadas, e incluso reconocidas por los partidos políticos.

No hay debilidad institucional en los dos órganos, “ambas instituciones garantizamos un proceso electoral imparcial apegado a la legalidad y organizado con eficacia y pulcritud”.

El IFE: retraso peligroso

La preocupación central está en el IFE. El 31 de octubre pasado, tres de los nueve consejeros que integran el Consejo General del Instituto terminaron sus encargos, y la Cámara de Diputados debió nombrar a sus relevos al día siguiente.

Han pasado más de nueve meses y las designaciones no se han concretado. “Así como está hoy, es un IFE mutilado y eso daña la confianza en los procesos electorales”, plantea José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Por ley, los nombramientos requieren del voto de una mayoría calificada, es decir, por lo menos 334 votos de los 500 diputados. Y ningún partido alcanza esa suma.

“El problema es que el PRI quiere dos consejeros afines y dejar uno al PAN y PRD, mientras que éstos quieren que el reparto sea de un consejero para cada partido”, señala Cárdenas Gracia.

El desacuerdo se mantiene y se podría llegar al extremo de no realizar los nombramientos a tiempo para el inicio del proceso electoral,“seria muy grave que nos fuéramos a proceso electoral con 6 consejeros, porque el perdedor podría impugnar la elección y decir que es nula porque el órgano electoral no estuvo integrado como marca la ley”, explica.

Incluso designar a los funcionarios electorales faltantes en septiembre, sería grave, destaca, pues ya hay sobrecarga laboral.

Hace meses el IFE está en tareas preparatorias para la elección: capacitación electoral, nombramientos de funcionarios electorales, resolución de quejas.

“Es un error prensar que sólo trabaja en procesos electorales. Ya hay tareas que está desarrollando de manera irregular y bajo presión, por culpa de la Cámara de Diputados” y particularmente los partidos “grandes”: PRI, PAN y PRD.

Cárdenas explica que bastaría que se sometiera a votación la lista de 17 aspirantes a consejeros que resultaron finalistas, para que el pleno elija a los tres más votados, sin negociaciones. Pero el asunto se ha convertido en un “botín” sujeto a pactos.

“Es inaceptable que en la víspera del proceso electoral el Consejo aún tenga tres vacantes”, coincide el consejero Marco Antonio Baños, para quien los diputados “han incumplido flagrantemente una disposición constitucional para integrar el Consejo General.

“Podemos seguir trabajando (así), pero para evitar discusiones públicas y para garantizar una plena legitimidad del Instituto, lo deseable es que los consejeros estén”, asegura Baños.

Las consecuencias

Un Consejo General con un número par de integrantes, seis de los nueve que deberían ser, causó un "empate" en la resolución de un caso importante.

El 27 de abril, el IFE discutió la imposición de una multa al Partido Verde Ecologista (PVEM) por irregularidades electorales cometidas en 2009.

Todos los consejeros consideraron que el PVEM violó la ley y debía ser multado, las divergencias surgieron al establecer la sanción.

Tres consejeros, entre ellos el consejero presidente Leonardo Valdés, se pronunciaron porque fuera por 288.7 millones de pesos, pero el mismo número votaron por un nuevo cálculo. 

El monto de la multa se aplazó hasta que el Consejo esté completo y haya desempate, pues el 2 de julio pasado, el TEPJF estableció que en casos como este, el consejero presidente carece de “voto de calidad” para desempatar las votaciones.

Además de dificultar las decisiones, tener tres asientos vacíos en el Consejo General también obligó al IFE a modificar su estructura por encima de la ley.

Cada consejero puede participar “hasta en dos” de seis comisiones permanentes que existen: Capacitación, Organización, Prerrogativas y Partidos Políticos, Servicio Profesional Electoral, Registro Federal de Electores y de Quejas y Denuncias

Para no detener sus labores y tras valorar que no habría nombramientos en noviembre, el IFE determinó que —de forma provisional—, cada consejero pertenezca a tres comisiones, salvo el consejero presidente, quien legalmente no puede integrarse a ninguna.

Por eso, las tareas que normalmente corresponden a nueve se han repartido sólo entre cinco consejeros.

También crisis interna

Tanto para el exconsejero Cárdenas Gracia como para Crespo, el punto medular es que el IFE “es débil” y no necesariamente por estar incompleto.

Está sometido, dice Crespo, “a una fuerte presión de poderes como el de las televisoras y los gobernadores, el PRI, (el presidente Felipe) Calderón, que se han opuesto a sanciones por incumplimiento o violación de las leyes electorales”.

Además, “al haber un número par de consejeros, hay empates en las votaciones y se entorpece el trabajo”.

El académico del CIDE recuerda además el antecedente establecido por Televisión Azteca, que a fines de noviembre del 2010 recurrió ante el TEPJF por un acuerdo emitido por el Comité de Radio y Televisión que le ordenó bloquear la señal de televisión nacional (es decir, impedir su transmisión) en el estado de Coahuila, donde hubo este año elección local.

Por norma, ese Comité lo integran los mismos consejeros que forman la Comisión de Prerrogativas, por lo que la televisora argumentó, entre otras supuestas anomalías de la orden recibida, que ambas instancias no estaban integradas conforme a ley.

Problemas administrativos

Los problemas que enfrenta el IFE, sin embargo, no se deben sólo a que su Consejo está incompleto, sino también son de orden administrativo, según ha señalado la Contraloría General del Instituto, a cargo de Gregorio Guerrero Pozas.

En enero, la Junta General Ejecutiva del Instituto decidió que 348 millones de pesos de “ahorros” generados en 2010 serían integrados a un Fondo de Modernización Inmobiliaria, con el objetivo de invertir en inmuebles y que el organismo reduzca los montos que paga por concepto de arrendamiento de bodegas y oficinas.

Pero el contralor Guerrero denunció públicamente, y ante diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que era “fuera de toda norma” que esos recursos, a los que calificó como subejercicios del 2010, fueran asignados a un Fondo, y no devueltos a la Federación.

Los seis consejeros del IFE se sostuvieron en el argumento de que ese monto fue un “ahorro” y que al invertirse en inmuebles permitirá dejar de pagar 250 millones de pesos anuales en rentas.

Sin embargo, en marzo pasado el contralor acusó de supuestas anomalías en esas adquisiciones, particularmente en la adquisición presuntamente irregular de un inmueble ubicado al sur de la ciudad de México, por el que se habría pagado, según su dicho, 262.9 millones de pesos, cuando su valor era sólo de 45 millones.  

El consejero presidente, Leonardo Valdés, confirmó que por ese caso se presentó una averiguación previa desde septiembre del 2010, cuyos avances no detalló por encontrarse aún en investigación.

El especialista en temas electorales y exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Eduardo Huchim May, destacó en entrevista con CNNMéxico que el IFE en estos casos demostró, cuando menos, “desorden administrativo”.

Por eso considera que se ha minado su fuerza interna. El IFE es percibido como “un órgano débil” pues mientras pretende arbitrar las elecciones y aplicar la ley, sus prácticas administrativas son cuestionadas.

Lo deseable es que el Instituto se alejara de los escándalos y se unificara internamente “para la toma de decisiones con plena fortaleza ante las fuerzas políticas y la industria de radio y televisión”.

No basta, plantea el especialista, “pedir que el Instituto esté completo, tiene que ganarse la credibilidad también con acciones y legalidad interna”.

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