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Asesinato a migrante se dio en clima de tensión con colonos de Lechería

El asesinato del migrante guatemalteco se dio en un contexto de descontento por parte de la comunidad de la colonia Lechería
jue 18 agosto 2011 01:16 PM
albergue migrantes Lechería
albergue migrantes Lechería albergue migrantes Lechería

Los habitantes de la colonia Lechería, en el municipio mexiquense de Tultitlán ya no son los mismos que hace unas décadas. Ya no albergan o alimentan a los migrantes que hacen una pausa en su recorrido hacia el norte junto a las vías del tren.

Hoy, piden la recuperación del espacio dentro de la iglesia del barrio que alberga a unos 100 migrantes diarios y recientemente marcharon contra ellos al argumentar que se drogan, se alcoholizan y orinan o defecan junto a las vías del tren o frente a domicilios particulares.

Fue en este contexto que el ciudadano guatemalteco Julio Fernando Cardona Agustín fue asesinado a pedradas la semana pasada según testimonios de algunos testigos.

El padre Hugo Montoya, coordinador del Albergue San Juan Diego, ubicado a unos 20 metros de la vía del tren por donde pasan los vagones que llevan a migrantes centro y sudamericanos en el techo, dice que en la década de 1940 y 1950, la comunidad era amable con las personas que iban de paso.

"La misma comunidad, anteriormente, era la que daba el alimento, el baño, el calzado al mismo migrante, cuando se ubicó este espacio (el albergue), ya se centralizó la presencia de los migrantes y ahora ha provocado que con la presencia de la situaciones exteriores que se viven no solamente con el migrante, sino con mexicanos como el secuestro o la droga, se ha vuelto un punto clave en el crimen organizado", cuenta en entrevista telefónica con CNNMéxico.

Ahora el albergue es el encargado de estas labores, pero la comunidad ha expresado su deseo de recuperar el salón parroquial donde se impartían clases de catequismo y actividades de la iglesia para los colonos de Lechería.

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Aunque ahí se da de manera gratuita alimento, techo, medicamentos, asistencia psicológica y asesoría en derechos humanos, no todos caben en el reducido espacio que apenas alcanza a acomodar a un máximo de 100 personas por noche. Los que no caben, deben buscar dónde pernoctar y permanecer mientras retoman su camino.

"Al exterior no podemos ofrecer estas mismas garantías porque pernoctan afuera. (Ahí) son presa de que sin dinero y por el hambre empiecen a pedir en los cruceros, en los semáforos, en la vía pública y ellos buscan alimento sobre todo", dijo el sacerdote.

Julio Fernando, asesinado la semana pasada y cuyo cadáver fue abandonado sobre las vías férreas, había abandonado el albergue unos días atrás. Montoya dice desconocer detalles sobre las circunstancias que lo llevaron a dejar el asilo, pero no lo consideró anormal, ya que la mayoría sale después de un máximo de 48 horas para continuar su viaje.

Según un testigo, el 8 de agosto por la madrugada, policías municipales detuvieron a Cardona y lo subieron en una patrulla, después de que tres personas lo señalaran como responsable de un robo. 

Horas después, el guatemalteco habría sido "entregado" por los policías a "maleantes", a cambio de 400 pesos. Según el testimonio anónimo, lo apedrearon hasta la muerte y dejaron su cuerpo en las vías del tren.

Ramón Calzada, director de seguridad pública del municipio de Tultitlán dice que ha entregado toda la información que le ha solicitado la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y aunque la cancillería guatemalteca asegura que autoridades mexicanas les informaron sobre la detención de dos policías municipales involucrados con el asesinado de Cardona, Calzada niega la versión y dijo que ninguno de sus elementos había sido detenido por este caso.

“Hasta el momento nadie ha sido detenido, aquí en la corporación no ha sido detenido nadie. Me han requerido información en ningún momento han sido requeridos ellos. Hemos proporcionado la información que nos ha requerido la fiscalía y en ese sentido estamos en la mejor disposición", señala en entrevista telefónica.

Explica que la policía municipal ha servido de mediadora entre la comunidad y los migrantes y en caso de recibir denuncias de abusos hacia migrantes, se les ha dado protección.

Dado el empeoramiento en la conviviencia entre colonos y migrantes, cree que es necesario buscar soluciones que ayuden a relajar la tensión que llevó a por lo menos 100 habitantes de la colonia Lechería a exigir el cierre del albergue.

El padre Montoya dice que actualmente se llevan a cabo mesas de trabajo entre las autoridades de la iglesia católica y los tres órdenes de gobierno, con miras a una posible reubicación del albergue a un espacio que permita dar asilo a más de 300 personas.

Mientras eso suceda, señala, hay pocas posibilidades de que las condiciones de los vecinos y de los migrantes cambien sustancialmente.

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