El casino Royale destapó la corrupción de casas de apuestas y autoridades
El ataque contra el casino Royale, en Monterrey, no sólo dejó un duelo inconcluso en la sociedad por la muerte de 52 personas, sino que sacó a la luz presuntos casos de corrupción en casas de apuestas y policías locales, señalaron panelistas en el programa México Opina, de CNN.
La historia del estado de Nuevo León, cuya capital es Monterrey, tiene un antes y un después del atentado contra el casino, consideró la especialista en seguridad y exfuncionaria federal Alicia Villarreal González.
El hecho reveló que las autoridades de la entidad carecen de credibilidad e hizo sentir impotencia a las familias de las víctimas, sostuvo.
Tras el ataque, ocurrido hace un mes, el 25 de agosto pasado , ciudadanos criticaron al alcalde Fernando Larrazabal y al gobernador Rodrigo Medina; algunos incluso pidieron la renuncia de los funcionarios.
Según las investigaciones, el atentado fue perpetrado por una célula del grupo delictivo Los Zetas, que intentaba extorsionar al dueño del casino.
Jorge Domene, vocero estatal en materia de seguridad, señaló que hasta ahora hay nueve sospechosos detenidos y que se tiene "plenamente identificados" a los presuntos autores intelectuales.
El gobierno federal ofrece entre cinco y 15 millones de pesos por información que conduzca al arresto de 17 involucrados.
"Tenemos buenos avances, sabemos claramente por qué pasó, quién lo ordenó", dijo el portavoz.
Uno de los detenidos es el policía estatal Miguel Ángel Barraza García , acusado de ser halcón (vigilante) del grupo criminal.
Para Villarreal González, ese arresto demuestra el grado de infiltración de la delincuencia en las fuerzas de seguridad de la entidad.
"Sabemos, y eso es algo que no podemos ocultar, que hay infiltración en todas las policías. A mí ningún alcalde me va a decir, ni ninguna autoridad me va a decir, que no tiene infiltrados", dijo la especialista.
Monterrey es una de las principales ciudades del país. Desde 2008 registra un aumento de los hechos de violencia derivados de la disputa entre el cártel del Golfo y Los Zetas por el control de rutas para enviar drogas a Estados Unidos.
Tanto Medina, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Larrazabal, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), asumieron sus cargos en 2009 y afirman que han emprendido estrategias para "depurar" a las policías locales de personas relacionadas con la delincuencia o poco confiables.
Los casinos y las víctimas
Domene señaló que alrededor del 90% de los casinos de la entidad operan fuera de la legalidad.
Al respecto, celebró que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), denunciara esta semana ante la Procuraduría General de la República (PGR) a cuatro empresas que operaban en el casino Royale por "una serie de irregularidades".
También esta semana, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió al juez Luis Jerezano Treviño , quien en 2008 otorgó un amparo a favor de la compañía dueña de la casa de apuesta y es investigado por "irregularidades".
El Congreso estatal abrió una comisión para indagar presuntos casos de corrupción en el otorgamiento de permisos a los casinos, una medida que el alcalde Larrazabal calificó de "una cortina de humo" para distraer la atención de la ciudadanía y lucrar políticamente con la tragedia.
Con relación a las víctimas, Emilio Alfaro, director de Atención a Víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), consideró que las autoridades de la entidad no han dado la atención debida a los familiares de quienes murieron o resultaron heridos en el hecho.
"(El atentado) generó un número incalculable de víctimas", dijo.
La situación, desde su punto de vista, marcó una pauta para los organismos de protección a los derechos humanos, al tiempo que exige a los funcionarios responsables a reparar con urgencia los daños psicológicos y materiales de los afectados.