La CIDH pide incluir protección a periodistas en política de seguridad
La política de seguridad pública de México requiere integrar un programa efectivo de protección a periodistas para garantizar el final de la violencia en el país, coincidieron los relatores de libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dar garantías de que existirá una prensa crítica en el país “es esencial para el rescate de la seguridad del país”, dijo Catalina Botero de la CIDH, quien reiteró que México es el país de la región que tiene más dificultades para garantizar la libertad de expresión.
Botero y Frank La Rue de la ONU indicaron que es alarmante que en México hayan sido asesinados 70 periodistas desde el año 2000, de los cuales, 13 fueron asesinados en lo que va de este año.
“(…) prevención, protección y procuración de justicia. Sin estos tres elementos entrelazados no es factible que tenga éxito una política integral para la protección de los periodistas” dijo Botero.
Los relatores informaron que en México es necesario investigar los casos de periodistas asesinados como un porcentaje aparte de los muertos por violencia común, al considerar que los comunicadores son un grupo en riesgo que al ser violentado representa el no respeto a derechos fundamentales.
La Rue insistió en la necesidad de federalizar la violencia contra periodistas: “A pesar de haberse creado la fiscalía especial (para la Atención de Delitos contra Periodistas), tiene poco espacio de manejo mientras los actos de violencia contra periodista no sean de carácter federal”, insistió.
Los resultados de los relatores corresponden a la investigación que iniciaron en agosto de 2010 , cuando estuvieron más de de dos semanas en México para recabar testimonios e información sobre la situación de la libertad de expresión en el país.
“A la prensa tiene que vérsele como un aliado de la seguridad democrática, es la prensa quién informa de las amenazas, una población bien informada es una sociedad que se puede sentir segura”, dijo La Rue.
Durante la presentación desde Washington de estos últimos resultados, el Director General de Agravio contra Periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Javier Sepúlveda, recordó que de 2005 a la fecha, ese organismo ha abierto 539 expedientes de investigación por agravio contra comunicadores.
En agosto de 2010, los relatores de la CIDH y la ONU se reunieron con los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública; así como con los gobernadores de Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Piden cautela por la aprobación de la Ley Duarte
Frank La Rue se dijo preocupado por la reciente aprobación de una ley en México para condenar los rumores en internet, en referencia a la legislación de Veracruz que creó el delito de “perturbación del orden público”.
El relator de la ONU dijo que internet es una herramienta importante para difundir información, pero también para recibirla e intercambiarla, por lo que fortalece el derecho de libre asociación y el de ejercer una cultura política y social.
“Es muy importante el carácter informativo que la utilización de un blog o un tuit puede tener en el país. (Es importante) no caer en la tentación de penalizar y criminalizar estas expresiones. Uno podría estar de acuerdo o no pero son parte de ese ejercicio de la libertad de expresión”, dijo La Rue.
En septiembre pasado, el Congreso de Veracruz reformó el código penal para crear el delito de perturbación del orden público causado, entre otras cosas, por difundir rumores en redes sociales como Twitter.
La reforma surgió después de que dos veracruzanos estuvieron encarcelados por 20 días, acusados de terrorismo tras difundir mensajes en Twitter sobre posibles balaceras y actividades del crimen organizado cerca de algunas escuelas de la entidad, lo que provocó caos en el puerto.
La semana pasada la CNDH presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
