Formal prisión a Jonás Larrazabal, hermano del alcalde de Monterrey
Jonás Larrazabal, hermano del alcalde de Monterrey, Nuevo León, recibió formal prisión por cometer el delito de chantaje al dueño del casino Red, Sergio Gil, confirmó ante medios de comunicación el secretario del juzgado segundo de lo penal, Jorge Yáñez.
El auto de formal prisión se dictó alrededor de las 15:00 horas de este martes y el acusado permanecerá 15 días más recluido en las celdas municipales del Centro de Desarrollo Comunitario (Cedeco), en San Nicolás de los Garza.
“(En ese lapso) se van a ofrecer pruebas, por lo tanto queda subsistente el auto de formal prisión , el indiciado queda detenido y vamos a entrar al desahogo de pruebas”, explicó Yáñez.
Larrazabal está preso por el delito de chantaje contra el dueño del casino Red, Sergio Gil, luego de que hace casi un mes el periódico El Norte diera a conocer tres videos en lo que se observa que recibe fajos de billetes en la casa de apuestas.
Entre las pruebas contra el presunto culpable están la declaración de Fernando Gómez Ramírez, contador del casino Red, las inspecciones de los videos y la denuncia por chantaje que presentó el apoderado legal de Gil, Víctor Aldo Gómez García, detalló Yáñez.
Antes de dictar la resolución, el juzgado también analizó las declaraciones a favor de Larrazabal de cuatro testigos que presentó su abogado, Carlos Fernando Soto Roble, entre los que estaban su hermano Miguel Ángel.
La defensa trataba de probar con estas declaraciones que Larrazabal no había acudido al casino Red en abril y mayo pasados, cuando supuestamente recibió los pagos. El juzgado, sin embargo, consideró que debía permanecer en las celdas municipales.
El delito de chantaje es considerado grave por el código penal de Nuevo León y por esa razón el acusado no tiene derecho a gozar de libertad bajo fianza.
Yáñez aseguró que en el lapso en el que se desahogan las pruebas no será trasladado a otra cárcel. Larrazabal fue internado en el penal de Cadereyta el pasado 19 de octubre, pero de ahí fue reubicado al Cedeco de San Nicolás de los Garza.
El caso Royale
Mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) se deslindó este martes del peritaje del incendio del casino Royale, donde el pasado 25 de agosto murieron 52 personas, el gobierno de Nuevo León cuestionó esta decisión y admitió desconocer el avance de los peritajes de la dependencia federal.
“A la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León corresponde determinar las causas y factores que influyen en el incendio, así como cuál fue la razón determinante de los homicidios, lesiones y daño en propiedad ajena; por ello, corre a su cargo la realización de los dictámenes de seguridad industrial, protección civil, ingeniería civil y arquitectura”, se lee en un comunicado emitido por la PGR.
“En ese sentido”, continúa el documento, “la Procuraduría General de la República únicamente actúa en colaboración con la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León”.
En rueda de prensa, el vocero en materia de Seguridad de la entidad, Jorge Domene Zambrano, cuestionó el comunicado y detalló las fechas en las que públicamente el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, José Cuitláhuac Salinas, admitió que el peritaje corría a cargo de la dependencia federal.
La primera, según el portavoz, fue el 30 de agosto en la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la segunda el 9 de septiembre durante una entrevista y la última el 14 del mismo mes, cuando Salinas aseguró que contaban con la colaboración de peritos de Tamaulipas, Coahuila y el Distrito Federal.
El vocero dijo que desconoce los avances del peritaje, dado que la PGR aseguró el inmueble y está bajo su jurisdicción. Desde el inicio de las investigaciones, tanto Salinas, como el procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, y el gobernador Rodrigo Medina, anunciaron públicamente que cada institución había iniciado averiguaciones previas por su cuenta.
Domene Zambrano dice que hasta la noche de este martes no habían recibido una notificación oficial por parte de la PGR sobre esta decisión y que la Procuraduría estatal ha estado al margen de los peritajes que se mencionan en el comunicado.
“El procurador del estado está buscando la comunicación para poder esclarecer este comunicado, si ya es oficial, si fuese así tenemos que ver los siguientes pasos, para poder, en caso de que así lo indique, atraer la investigación”, dijo, “pero no podemos asumirla si no es oficial”.
El atentado al casino Royale desató una serie de acusaciones contra funcionarios, casas de apuestas y corporaciones de Seguridad de Nuevo León. Hasta la fecha, las autoridades han detenido a 15 presuntos involucrados en el incendio y tres más siguen prófugos, según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El gobierno federal asegura que la tragedia en el casino fue una represalia de Los Zetas contra los dueños de la casa de apuestas, quienes se negaron a pagar una extorsión. Los involucrados declararon que sólo querían darles “un susto”.
