Un tercer militar es detenido por la muerte de un joven en Morelos
Un tercer militar quedó detenido por su presunta participación en la muerte del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, ocurrida en el central estado de Morelos a mediados de año, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El soldado había estado prófugo hasta el 12 de noviembre pasado, cuando fue localizado y arrestado por agentes de la Policía Judicial Militar, indicó este miércoles la Sedena a través de un comunicado.
El militar, quien únicamente es identificado como “jefe”, es sospechoso del delito de “violencia contra las personas, causando homicidio calificado en su calidad de encubridor de primera clase”, por lo que un juez ordenó su detención y que fuera consignado ante tribunales militares.
A principios de julio, la Sedena informó que dos oficiales subalternos fueron arrestados por su presunta responsabilidad en la desaparición y la muerte de Sánchez Santana. También se les acusó de torturar a Horacio Hernández Demesa.
En mayo, ambos civiles fueron detenidos por policías de Cuernavaca, la capital de Morelos, por presuntamente iniciar un conflicto callejero. Los agentes municipales los entregaron a la Policía Federal, que a su vez los llevó con los militares.
Hernández Demesa afirma que fue golpeado y después lo dejaron en libertad, pero Sánchez Santana no regresó a su casa.
El caso fue denunciado por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) , ciudadanos y organizaciones civiles. El Movimiento por la Paz, encabezado por el poeta Javier Sicilia, lo considera un ejemplo de que las fuerzas de seguridad practican la desaparición forzada en México .
Los opositores a la estrategia anticrimen adoptada por el gobierno federal en 2006 sostienen que ubicar a militares en tareas de seguridad pública da pie a violaciones a los derechos humanos de la población civil, por lo que exigen un cambio de políticas de seguridad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), además, estableció que los militares que cometan delitos contra civiles deben ser juzgados por tribunales civiles, no por la justicia militar. En julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó ese criterio .
