Qué proceso jurídico debe seguir la denuncia contra Calderón ante La Haya
El proceso para que la Corte Penal Internacional (CPI) acepte la petición de investigar al gobierno de Felipe Calderón por crímenes de guerra y lesa humanidad podría durar entre 8 meses y cuatro años, explica Manuel Fuentes Muñiz, miembro del consejo directivo de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
Este martes, el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, aseguró que estudiará la comunicación presentada la semana pasada por intelectuales, periodistas y activistas donde se acusa de supuestos crímenes de guerra al presidente Felipe Calderón, de acuerdo con EFE.
El grupo de mexicanos que firmó y envió la propuesta al organismo presentó 470 casos de presuntos abusos y violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.
"Recibimos comunicaciones de todo el mundo, incluidas hace pocos días las de Venezuela y México", dijo Moreno Ocampo en una entrevista telefónica con la Agencia EFE.
El abogado explica que el proceso consiste en dos fases: la admisión del documento, si cumple los requisitos que establecen los estatutos de la CPI, como comprobar que se ha cometido uno de los crímenes que competen al organismo (genocidio, lesa humanidad, de guerra y de agresión) o que el caso no "redunde" en el interés de la justicia; si el fiscal de la Corte acepta la petición, iniciaría la investigación de los hechos señalados y la citación de las partes.
La primera fase puede tardar entre ocho meses y un año y medio, según el abogado. Si en esta etapa la CPI notifica al gobierno sobre la admisión, los promoventes entregarán una copia del informe de 700 hojas con el que sustentan la petición; la segunda fase, de investigación, puede durar entre 2 y 4 años.
John Ackerman Rose, promovente de la petición e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que la propuesta no es una denuncia formal, sino un documento con información entregado al fiscal de la CPI para que éste decida si realiza una investigación.
“Nosotros no estamos enjuiciando a nadie, no es un juicio paralelo o estamos declarando culpables”.
Los ciudadadanos tienen el derecho a promover este tipo de documentos, pues los países signan acuerdos internacionales con organismos como la CPI o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), detalló otro de los promoventes y representante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Édgar Cortez Morales.
Las “calumnias” de los promoventes
El Gobierno federal dio a conocer que explora las alternativas para proceder legalmente contra quienes interpusieron la petición ante la CPI, porque contiene imputaciones “claramente infundadas e improcedentes (...) constituyen en sí mismas verdaderas calumnias”, de acuerdo con un comunicado oficial.
No obstante el gobierno explore la calumnia como una de las alternativas legales para demandar a los promoventes, no podrá hacerlo porque este delito no existe en el código penal federal, explica Fuentes Muñiz.
“No van a encontrar absolutamente nada. Es realmente ridículo, un despropósito (del gobierno), y demuestra reflejos autoritarios muy preocupantes”, coincide Ackerman Rose.
Además del presidente Calderón, también fueron demandados ante el máximo tribunal internacional de La Haya los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de la Marina, Francisco Saynez, así como el líder del cártel del Pacífico, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Promoventes se manifestaron ante la PGR
A raíz de la respuesta del Gobierno federal, ciudadanos convocaron a través de las redes sociales a una concentración este martes frente a la Procuraduría General de la República (PGR), en la ciudad de México.
El motivo es el comunicado de la Presidencia de la República que califica como "imputaciones falsas y calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional".
Los activistas dieron a conocer un pronunciamiento, en el que defienden la libertad de las personas a haber firmado (tanto en papel como via electrónica) la demanda presentada en La Haya.
Entre los firmantes están el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro Góngora Pimentel, el obispo Raúl Vera, el analista Edgardo Buscaglia, Lydia Cacho, Lorenzo Meyer, Jorge Zepeda Patterson y uno de los principales promotores en John Ackerman, entre otros.
