Demanda contra Calderón ante La Haya necesita "evidencia sólida", dice HRW
Para que la Corte Penal Internacional (CPI) inicie una investigación por las muertes ocurridas durante el combate del gobierno mexicano al crimen organizado debe existir "evidencia sólida", según Human Rights Watch (HRW).
El director del Programa de Justicia Internacional de HRW, Richard Dicker, dijo este miércoles que esa evidencia debe vincular directamente a los crímenes con "los funcionarios de alto nivel de los que se sospecha".
"No es suficiente con decir: esto es responsabilidad del gobierno. Debe haber evidencia para establecer la relación", afirmó Dicker.
El experto señaló que la CPI deberá estudiar dos elementos para determinar si acepta o rechaza la demanda que recibió contra el presidente de México, Felipe Calderón y su gabinete de seguridad.
A juicio de Dicker, el primer elemento será determinar si el sistema judicial en México tiene la voluntad y la capacidad para investigar las muertes ocurridas en el combate al crimen organizado.
El segundo, agregó, será examinar si las muertes atribuidas a la violencia constituyen en realidad crímenes contra la humanidad.
Dicker dijo que solo si la CPI concluye que el sistema judicial mexicano es incapaz de procesar los casos y de que estos delitos pueden constituir crímenes contra la humanidad, se podría abrir una investigación para deslindar responsabilidades.
Según el Estatuto de Roma, los crímenes contra la humanidad son "cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil".
El pasado 25 de octubre, 23,000 ciudadanos mexicanos presentaron una demanda para que la CPI deslinde responsabilidades sobre los asesinatos ocurridos durante el combate al crimen organizado en México.
Los demandantes pidieron investigar tanto al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, como a los funcionarios de primer nivel del gobierno que son responsables por la seguridad en el país.