El exgobernador Pablo Salazar enfrenta cargos por delincuencia organizada
El exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar, enfrenta un nuevo proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita, según confirmó este viernes la procuraduría estatal.
La investigación incluye al exsenador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) José Antonio Aguilar Bodegas, director general del Corporativo Álvarez Puga&Asociados, de la que Salazar era promotor.
El informe de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) se publica un día después de que ambos acusaran al gobernador del estado del sur de México, Juan Sabines Guerrero, de utilizar su posición para impedirles contender en las elecciones de 2012.
Salazar Mendiguchía, antes militante del PRI, había manifestado en meses anteriores intenciones de buscar una candidatura al Senado por el PT. Aguilar Bodegas pretendía la gubernatura del estado.
De miles a millones
La averiguación previa 043/FECDO/2011-05 integrada por la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría de Chiapas indica que Salazar Mendiguchía "percibió cantidades millonarias de forma ilícita" a través de supuestas empresas fantasma creadas por Álvarez Puga&Asociados.
El documento añade que al finalizar su gestión como gobernador en 2006, declaró tener dos cuentas bancarias con un monto de poco más de 687,000 pesos y que en los próximos años tuvo depósitos de Álvarez Puga&Asociados de en torno a 20 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, Aguilar Bodegas autorizó estos depósitos por ser el director general del corporativo. El exsenador cuenta con ingresos mensuales por más de un millón de pesos. La procuraduría detalla que Álvarez Puga&Asociados opera por outsourcing (contratación externa) con la finalidad de evadir el pago de obligaciones y derechos al fisco.
"El modus operandi consistía en enganchar a empleados de las empresas originales, a quienes ofrecían diversas cantidades con la finalidad de hacerles creer que pasarían a ser dueños, haciéndoles firmar documentos donde aparecían como propietarios y presidentes", según el texto de la PGJE.
El exgobernador, preso en un penal del municipio de Huixtla, donde le han notificado el cargo, enfrenta otros dos cargos: uno por el delito de homicidio por omisión y otro por peculado . El primer proceso es resultado de una demanda que lo vincula con la muerte de varios recién nacidos en un hospital público entre 2002 y 2003; y el segundo por la compra de un seguro de vida en el que funcionarios de su administración se vieron beneficiados.
"Una campaña negra en mi contra"
La PGJE elude la situación jurídica del exsenador Aguilar Bodegas, quien apenas el 1 de diciembre pasado aseguró que no tiene relación con Salazar desde 2006, cuando contendió por la gubernatura de Chiapas.
El exsenador dijo en un comunicado que el gobernador Juan Sabines se ha concentrado en "amenazar a distintos integrantes del despacho Álvarez Puga, en inventarles cargos, en hacer una campaña negra contra mi persona, acusándome de cargos inexistentes, todo por el único 'delito' de aspirar a ser gobernador de Chiapas".
Pablo Salazar declaró este jueves ante el agente del Ministerio Público que ser "un preso político y un rehén de ambiciones reeleccionistas (...) es un botón más de muestra de la farsa a la que se presta el poder judicial para servir de punta de lanza a mi linchamiento político".
