Siete militares están presos por el asesinato de un civil en Nuevo León

Siete militares se encuentran presos para ser investigados por el asesinato de un civil en el estado Nuevo León, informó a los familiares de la víctima la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Otilio Cantú González, padre de Jorge Otilio, un médico asesinado el pasado 18 de abril en Monterrey, dijo a CNNMéxico que la CNDH le entregó este lunes un acta que documenta el encarcelamiento de los militares.

Aunque las primeras versiones oficiales referían que la víctima fue asesinada en un fuego cruzado entre presuntos criminales y policías estatales, las investigaciones de la CNDH determinaron que el crimen fue cometido por un grupo de militares.

El área de prensa de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) dijo a CNNMéxico que el caso fue atraído por el Ejército para ser juzgados por un tribunal militar, sin embargo, los familiares han solicitado que sean juzgados por un tribunal civil. Cantú González no quiere que el caso sea atraído por la justicia militar porque desde su punto de vista es "lenta". 

El pasado 12 de julio, la SCJN aprobó el "control de convencionalidad", que acota el fuero militar , y resolvió que los tribunales civiles podrán juzgar a elementos del Ejército que violen derechos humanos.

Jorge Otilio, de 29 años, fue asesinado en la capital de Nuevo León cuando se dirigía a su trabajo.

Su muerte fue a “consecuencia de múltiples disparos de arma de fuego realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal", según la recomendación 73/2011 de la CNDH, emitida el pasado 30 de noviembre.

La célula que participó en el asesinato pertenecía a las Fuerzas Militares de Apoyo, un área adscrita a la SSP, conocida como "policías vestidos de negro", dijo a CNNMéxico la titular del área de comunicación social de la dependencia, Emma Cerda.

"En el caso de (la muerte de) Otilio fueron militares, no fueron policías estatales", señaló la funcionaria.

Cantú González fue informado del estado de la investigación por el director del área jurídica de la CNDH, Alfonso Rodríguez Ochoa, quien también le entregó un exhorto dirigido al ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que revise el comportamiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Nuevo León, que resolvió el pasado 30 de junio turnar el caso a la justicia militar.

También le dio otro documento en el que la CNDH pidió al Consejo de la Judicatura Federal que inicie una investigación sobre la actuación del mencionado tribunal. 

CNNMéxico contactó al encargado del área de comunicación social de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para conocer más detalles del caso, pero no contaba con información al respecto.

Este 20 de diciembre funcionarios de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Sedena se reunirán con autoridades militares para analizar los videos recopilados por cámaras de seguridad que muestran cómo sucedió el asesinato, según un oficio fechado el 1 de diciembre y citado por Cantú González.

La Sedena informó el pasado 18 de mayo en  un comunicado  que “resolvió turnar a los tribunales militares el proceso de los siete militares implicados, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos en que perdiera la vida el doctor Jorge Otilio Cantú, cuando el personal militar se encontraba de apoyo de la función de seguridad pública”.

Por otro lado,  un documento  en la página web de la Sedena, fechado en junio de 2011, indica que el juez segundo adscrito a la I Región Militar instruyó la causa penal 239/2011 con motivo del fallecimiento de Jorge Otilio.

CNDH acusa a los militares de alterar la escena del crimen

La recomendación de la CNDH, emitida hace casi dos semanas, estableció que Jorge Otilio recibió seis disparos en la cara y cabeza a una distancia de 75 centímetros a un metro, que los agentes involucrados no preservaron la escena de los hechos y la alteraron al colocar en el interior del automóvil una pistola y casquillos percutidos, ajenos a la víctima.

El procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza, informó el pasado 19 de abril a medios de comunicación que la víctima había quedado en medio de una balacera entre policías estatales y un grupo armado, pero esta versión fue descartada por la investigación de la CNDH.

"A partir de la necropsia y de los dictámenes en balística y reconstrucción de hechos por rastros hemáticos, es que se advierte que el agraviado recibió directamente los disparos en su cuerpo", señaló el organismo en su informe.

La recomendación, dirigida al gobernador Rodrigo Medina, señala que los militares falsearon los hechos en sus declaraciones, al asegurar que el vehículo de la víctima quedó en medio de una persecución, pero la CNDH comprobó que esto no fue cierto.

El informe determinó que fueron responsables por “hechos consistentes en privación de la vida, uso arbitrario de la fuerza pública, alteración de la escena de los hechos, irregular preservación de indicios e imputación indebida de hechos”.

En su recomendación el organismo solicitó al gobierno de Nuevo León reparar el daño a los familiares de la víctima, ofrecer atención psicológica y colaborar en el procedimiento administrativo de la investigación; publicar una regla u ordenamiento que regule el uso de la fuerza pública; diseñar un programa de capacitación en derechos humanos dirigido a elementos de Seguridad y difundir en medios de comunicación la aclaración del incidente.

CNNMéxico solicitó desde el 7 de diciembre a la Coordinación de Difusión y Prensa del gobierno del estado una entrevista con algún funcionario responsable de dar seguimiento a la recomendación, pero hasta la tarde de este martes no recibió respuesta.

Cantú González dijo que el gobierno del estado sí le ha ofrecido atención psicológica, pero que no la ha requerido. "Lo que me interesa es que se haga justicia y que el caso de mi hijo no quede impune”.

El artículo 46 de la Ley de la Comisión indica que una vez aceptada la recomendación, las autoridades tienen un plazo inicial de 15 días para entregar pruebas de que la cumplieron. Sin embargo, la fecha podrá ampliarse "cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite".