Gobierno de Guerrero investiga a 24 servidores por muerte de estudiantes
Al menos 24 funcionarios públicos del estado de Guerrero son investigados por su presunta responsabilidad en el enfrentamiento del pasado 12 de diciembre entre policías y estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, que causó la muerte de dos jóvenes y el empleado de una gasolinera.
La investigación busca determinar las sanciones administrativas “o las que correspondan de acuerdo al grado de participación” de los servidores públicos, dijo Julio César Hernández Martínez, contralor general de Guerrero, estado ubicado al suroeste de México.
“Estas responsabilidades están relacionadas con no haber prestado auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito; no haber actuado con la decisión necesaria para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, y haber utilizado armas de fuego innecesariamente”, dijo Hernández Martínez.
El pasado 15 de enero, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero informó que los exagentes investigadores ministeriales Ismael Matadama Salinas y Rey David Cortés son los supuestos responsables de la muerte de los dos estudiantes.
Según un informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de la protesta de normalistas de Ayotzinapa, la actuación de policías federales y estatales puso “en peligro vidas humanas y generó la muerte de dos manifestantes, así como heridas en cuatro más”.
El contralor dijo que funcionarios investigados toleraron e incluso realizaron actos de tortura o acciones crueles, y no utilizaron el protocolo de custodia a los detenidos en el desalojo de manifestantes el pasado 12 de diciembre.
Ese día, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, policías federales y estatales se enfrentaron en las inmediaciones de la Autopista del Sol - que conecta al puerto de Acapulco con la Ciudad de México- provocando la muerte de dos jóvenes, y un empleado de una gasolinera –quien murió días después a causa de graves heridas por quemaduras-, seis heridos y 24 detenidos.
“Las responsabilidades de cada uno de los involucrados se determinarán con transparencia, imparcialidad y objetividad, independientemente de que, en su caso, sean acreedores de otro tipo de sanciones”, dijo el funcionario estatal.
La Contraloría General abrió la investigación QD/IA/007/2012 contra los 24 servidores públicos probables responsables, cuyos nombres fueron dados por las diligencias hechas por la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Los funcionarios fueron identificados en fotografías y videos tomados en el desalojo de los manifestantes el pasado 12 de diciembre, dijo el contralor de Guerrero, por lo que se verificaron sus participaciones y omisiones.
“Los presuntos involucrados ya fueron notificados a fin de que presenten sus informes y las pruebas que consideren pertinentes, y en caso de que no comparezcan a la primera audiencia se les dará la oportunidad de presentarse en una segunda ocasión y, si no comparecen, se considerará que los hechos que se les atribuye son ciertos”, explicó Julio César Hernández.