Nuevo León exige a presuntos policías torturados que presenten denuncias
El gobierno del norteño estado de Nuevo León le exigió a los policías municipales que la noche de este martes denunciaron torturas que presentaran denuncias y evidencias para comprobar o deslindar responsabilidades, informó en rueda de prensa el vocero en materia de seguridad de la entidad, Jorge Domene Zambrano.
La noche de este martes, tres presuntos policías municipales aparecieron encapuchados en las instalaciones de la Policía de Monterrey, capital del estado, donde ofrecieron una rueda de prensa para denunciar torturas por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
Los denunciantes aseguran que sufrieron torturas durante un operativo que realizaron el estado y el Ejército el 21 de enero como parte del proceso de depuración de las corporaciones de Seguridad en las instalaciones de la policía municipal, donde retuvieron en total a 109 elementos, de los cuales 60 fueron puestos en libertad ese día, aseguró el portavoz.
“Reiteramos la postura oficial del gobierno del estado de poder atender y sancionar en su caso a los presuntos responsables si esto fuera cierto, como también por la falsedad, que en su momento se pueda dar, de declaraciones de estos elementos”, añadió.
Cinco elementos siguen retenidos en las instalaciones de la AEI “por aparecer con algunos vínculos en investigaciones anteriores”, mientras que otros 44 fueron trasladados ese mismo día a la Universidad de Ciencias de la Seguridad, donde son evaluados, detalló Domene Zambrano.
El vocero anunció que se desconoce la identidad de los elementos que denunciaron públicamente las presuntas violaciones a sus derechos humanos, y exigió que la corporación municipal proporcione la identidad de los policías.
La policía de Monterrey era la única en los 51 municipios de todo Nuevo León donde no se habían realizado este tipo de operativos: de los 984 elementos que cuenta la corporación, el 47% había pasado por las pruebas de control de confianza, señaló el portavoz.
La ómbudsman del estado, Minerva Martínez, anunció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) abrió un expediente de oficio para investigar estos hechos, e invitó a los policías a presentar una queja ante el organismo.
“Garantizo la seguridad de estas personas y su privacidad”, señaló.
El procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, reiteró una “total protección” a las presuntas víctimas y los invitó a que se acercaran a las autoridades para presentar su denuncia.
82 quejas han sido presentadas ante la CEDHNL entre septiembre del 2011 hasta la fecha por policías que han sufrido presuntas torturas y maltratos, lo que representa un incremento de 303% con respecto al periodo anterior, informó Martínez. 73 de éstas han sido cometidas por autoridades federales y estatales, y el resto por municipales.
La aplicación de las pruebas de control de confianza —como toxicológicas y poligráficas— están estipuladas en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y consignadas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en el 2008 entre las 32 entidades de México y el gobierno federal.
En México hay cerca de 400,000 policías operativos, de los cuales el 51% corresponde a policías estatales, el 42% a municipales y el 7% a ministeriales, según datos del SNSP.