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Cárceles mexicanas: entre el olvido de los gobiernos y la sociedad

La poca atención a los problemas que persisten en las cárceles mexicanas dificulta mantener el orden y la rehabilitación de los reos
dom 04 marzo 2012 09:03 PM
México Opina alerta roja
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El modelo penitenciario mexicano es obsoleto, no logra castigar y disuadir a los delincuentes y además deja en el olvido la rehabilitación de los reos, opinó el panel de  México Opina , emisión transmitida por CNN.

"La sociedad tiene 47 años olvidando a los presos, porque son nuestros 'engendros', nuestros hijos olvidados", dijo José Luis Musi, especialista en asuntos penitenciarios.

Para el analista, la crisis carcelaria se debe a la poca atención que los tres niveles de gobierno han proporcionado a este tema durante varios años, y señaló que sin reformas, las cárceles seguirán presentado motines y corrupción.

"Hay mucho dinero para la procuración de justicia: la prevención del delito, la capacitación de policías federales, el combate al narcotráfico (…) pero en lo que acaba eso, nadie pone dinero".

De los 230,943 reos que tiene el sistema penitenciario en todo el país, 47,816 son del fuero federal y  38% de éstos se encuentran en prisiones federales. El resto convive en centros de reclusión estatales, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).

Para la periodista Nadia Sanders, un problema mayor es el que enfrentan las familias de los reos. "Quienes van a visitar a sus familiares son madres, esposas e hijos, que sufren abusos y violaciones a sus derechos humanos, el ambiente es negativo".

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Señaló que la tortura y lo malos tratos han sido documentados por años, así como la impunidad que se vive dentro de las cárceles, "pero ni la sociedad ni el gobierno prestan atención hasta que ocurren motines o fugas".

En febrero pasado, 44 personas murieron y 30 reos se fugaron  del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Apodaca, Nuevo León.

Desde el inicio del gobierno del presidente Felipe Calderón,  han ocurrido tragedias similares en penales  ubicados en los estados de Baja California, Tamaulipas, Durango y Chihuahua.

Musi lamentó que el poder legislativo no estudie la efectividad de las penas o nuevas estrategias a implementar en los centros de readaptación social.

Sergio Sisbeles, vocero de seguridad del gobierno de Coahuila, consideró que "hay que apostar a la prevención, a través de la educación, de las familias, el ejemplo de los padres es primordial para no generar una sociedad corrupta".

Por su parte Musi, aseguró que de no prestar atención a la crisis penitenicaria, el problema será incotrolable.

"La corrupción persistirá si no se prepara a los directores en los penales, si no se piensan objetivos claros para reintegrar a la sociedad a los presos"

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