La travesía de Inés Fernández para conseguir una disculpa del gobierno

Hace diez años, la indígena me’phaa Inés Fernández Ortega fue violada por tres militares frente a sus hijos, pero apenas este martes el gobierno mexicano aceptó su responsabilidad en el crimen.

Durante una década, Fernández vivió atropellos, amenazas y revictimización por parte de funcionarios públicos, así como el rechazo de algunos miembros de su comunidad, asentada en la región de la Costa Grande del estado de Guerrero, ubicado al sur de México.

Tenía 27 años cuando los soldados abusaron de ella frente a sus cinco hijos.

Desde que interpuso la denuncia ante el Ministerio Público (MP), el 24 de marzo de 2002, Inés pasó por malos tratos y retrasos en el proceso, incluida la corroboración de la agresión sexual.

“Me dijeron mentirosa, sufrí mucho. Hago esto por mis hijos, mis padres, mis nietos que me van a ver. Escúchenme todos, las autoridades aunque te digan que están de tu lado, no lo van a hacer”, dijo Inés en el acto de reconocimiento de la agresión, ante el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

“Tuve que buscar en otro lado para que me hicieran justicia, porque aquí no me atendieron”.

El testimonio

Dos meses después de que interpusiera su denuncia, el MP local se declaró incompetente para continuar con la investigación —por la acusación contra miembros del Ejército— y mandó el expediente al Ministerio Público Militar de la 35 Zona Militar, señaló una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Inés Fernández declaró ante el Ministerio Público que tres soldados la violaron frente a sus hijos, todos menores de edad.

En su testimonio, que fue analizado tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la indígena me´phaa describió que estaba en la cocina de su casa cuando llegaron 11 militares.

“Tres elementos del Ejército con sus armas me apuntaron y me dijeron que a ‘¿Dónde fue a robar carne tu marido, dónde fue a robar carne tu marido?, vas a hablar dónde fue o no vas a hablar’”, relató.

“En ese momento, uno de los guachos (soldados) me agarró de las manos y me dijo que me tirara al suelo, y me apuntó con el arma. Este guacho, con su mano derecha me agarró las manos y con la mano izquierda la metió por debajo de mi falda y me la alzó”.

Una de sus hijas, que entonces tenía nueve años, también declaró ante las autoridades.

El caso 12,580

Junto con la  Organización Indígena de Pueblos Tlapanecos (OPIT) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” (CDHT), Inés Fernández presentó en junio de 2004 una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la cual fue respaldada por la Organización de los Pueblos Indígenas Me´phaas (OPIM).

En el 2009, tras emitir sus conclusiones, la Comisión decidió demandar al gobierno mexicano ante la CoIDH “por su responsabilidad en la violación y tortura” de Fernández Ortega.

Durante su investigación, el organismo internacional encontró que el caso de Inés Fernández fue archivado por las autoridades militares mexicanas bajo argumentos como que no había una acusación “directa y personal en contra de algún miembro del Ejército mexicano”; que los testimonios eran solo “de oídas”, y que no había coincidencia entre lo que narraron Inés y su hija.

Además, determinó que no se tomaron en cuenta los retratos hablados, no hubo un dictamen psicológico y el gobierno de Guerrero no la asistió como víctima de un delito de violencia sexual.

“El caso se encuentra en etapa de investigación preliminar desde hace casi siete años sin que a la fecha se hayan completado las diligencias más elementales o identificado a los presuntos responsables”, detalló la Comisión en su resolutivo del 2009.

Tras la investigación de cinco años, la CIDH concluyó que hubo violaciones a los derechos humanos protegidos por la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y de la Convención contra la Tortura.

Los abusos cometidos contra Inés incluyen discriminación “por su condición de mujer e indígena”; “utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos”, y “amenaza y hostigamiento contra la víctima, sus familiares y representantes”, entre otros, de acuerdo con el expediente de la Comisión.

Aunque desde el 2004 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió dos recomendaciones para que el gobierno de Guerrero iniciara un procedimiento por las deficiencias y omisiones de servidores públicos en el caso de Inés y para que la Secretaría de la Defensa Nacional —de la cual depende el Ejército— investigara los procesos en el Ministerio Público Militar que recibió la denuncia, éstas fueron ignoradas.

La sentencia de la Corte

Casi un año después de la demanda de la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que ordenó una disculpa pública por parte del Estado a Inés Fernández, así como otros 15 puntos más.

La CoIDH demandó una investigación seria, imparcial y exhaustiva por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), para esclarecer los hechos, identificar a los responsables —civiles o militares— e imponer las sanciones correspondientes.

También ordenó adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole para que el fuero militar esté excluido en los casos de violaciones a los derechos humanos, particularmente en casos de violencia sexual.

Inés, un caso más

La disculpa pública por parte del gobierno federal es solo el inicio de un largo camino, pues hay muchos casos similares documentados por Naciones Unidas y corroborados por la CIDH, según Inés Fernández.

“He luchado por las demás personas que somos discriminadas por ser pobres, indígenas. No solamente yo, muchas jóvenes, muchas mujeres se han cometido delitos en contra de ellas y precisamente por eso hago esto”, dijo.

“A esos soldados ya no los queremos ver en la comunidad”.

El informe de la CIDH sobre el caso de Inés Fernández cita reportes de la ONU y de Amnistía Internacional sobre denuncias de abuso sexual contra mujeres, particularmente en zonas indígenas donde hay militarización.

Aunque estas últimas sentencias evidencian las violaciones contra mujeres indígenas en México, aún hay mucho por hacer, dijo a CNNMéxico el representante en México de la Oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia.

“Las sentencias establecen actos de reconocimiento y la lucha contra la impunidad”, reconoció. Pero el caso de Inés Fernández aún no está resuelto.

“Ha pasado a una etapa en donde lo toma la PGR, pero eso no significa que se hayan encontrado a los culpables. Entonces, el acto marca un punto de partida, pero no de llegada”.

Hernández considera que se debe romper con la impunidad, para ofrecer una recompensa a los afectados. En el caso de Inés, la clave es reconocer a los violadores, a quienes los cubrieron y quienes impidieron un procedimiento justo.

 “Una mujer violada debe tener garantías”, dijo.

“A ella ni siquiera la atendieron. Los compromisos están dados por sentencia, pero es uno de los 16 puntos de la Corte Interamericana”, explicó el funcionario de Naciones Unidas.

Sobre el incremento de la violencia sexual contra mujeres en zonas militarizadas, Hernández dijo que el uso de las fuerzas armadas para tareas de seguridad es “excepcional y transitorio”.

 “No puede ser una medida recurrente y sistemática (militarizar) ante un problema de orden público, pues se debe privilegiar el fortalecimiento del Estado de derecho. En circunstancias —cuando eso sucede— extraordinarias, debe haber un marco riguroso y sobre todo de jurisdicción”.

Además, Hernández dijo que las violaciones de derechos humanos deben ser atendidas por cortes civiles y no militares, pues en Latinoamérica estas no son imparciales.

En julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el fuero militar no aplica en casos de violaciones de derechos humanos, por lo que miembros de las fuerzas armadas que incurran en este delito deberán ser juzgados en tribunales civiles.