La SCJN atrae el caso de dos indígenas defensores comunitarios del agua

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México determinó por unanimidad atraer el caso de dos indígenas del estado de Puebla condenados a más de seis años de prisión después de luchar por defender el agua para el uso de su comunidad, según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, indígenas del poblado de Atla, en la sierra del estado de Puebla, fueron encarcelados el 13 de enero del 2010.

Araceli Olivos, integrante del Centro Prodh y abogada defensora, explicó que tanto Aniceto Gómez como Agustín Cruz fueron inculpados del robo de un vehículo y sentenciados a seis años, 10 meses 20 días de prisión, como represalia por haber intentado conectar a su comunidad, de 1,843 indígenas nahuas, a una red de agua potable.

El 22 de octubre del 2009, meses antes de ser encarcelados, José Ramón y Pascual —que fungían como autoridades tradicionales de la comunidad— estuvieron a punto de ser atropellados por Abraham Aparicio, hijo del cacique de la zona y dueño del vehículo que supuestamente fue robado.

Este ataque fue denunciado ante las autoridades, pero a cambio de una multa de 3,500 pesos los dos indígenas decidieron perdonar a sus agresores, se narra en un documento del Centro Prodh, en el que se explican los pormenores del caso.

“La atracción por unanimidad del amparo del caso de José Ramón y Pascual por la SCJN significa que su expediente será revisado exhaustivamente por el máximo órgano de justicia de México y, por lo tanto, que se podrá determinar su inocencia e inmediata liberación, al comprobarse la serie de violaciones a derechos humanos que han sufrido”, señaló el miércoles el Centro Prodh, en un comunicado.

El enfrentamiento entre las autoridades tradicionales y los caciques comenzó cuando José Ramón y Pascual impulsaron un proyecto de dotar de agua entubada a toda la comunidad, al conectar una red hidráulica a uno de los manantiales de la zona.

Atla significa “lugar donde hay agua” en el idioma nahua; sin embargo, los habitantes del pueblo siempre han tenido dificultades en acceder al recurso.

“Estos defensores comunitarios del agua lograron hacer efectivo el acceso al agua potable para todas las familias que integran la comunidad de Atla mediante la repartición gratuita de tomas de agua, revirtiendo de esta manera el abuso físico (de trabajo voluntario) y económico (de pagos de hasta 5,000 pesos por cada toma de agua) al que había sido sujeta la población por parte de las personas que controlaban el proyecto hídrico”, según un comunicado emitido por la organización dedicada a la defensa de los derechos humanos.

Tras el encarcelamiento de José Ramón y Pascual, la red que habían construido para dotar del líquido a la comunidad no está en funcionamiento, y los habitantes aseguran que los caciques las bloquearon como represalia al intentar obtener agua de manera independiente.

Olivos señala que éste es un claro caso de violación de derechos humanos, no sólo a José Ramón y Pascual, sino también a la comunidad que sufre de una escasez severa del líquido.

Aún cuando los líderes comunitarios intentaron interponer un amparo por las irregularidades en la integración del expediente de su caso, éste les fue denegado.

“Todo esto rebasa el problema del agua de la comunidad , es la intervención del estado en la impartición de justicia la que nos preocupa porque vulnera los derechos de sujetos que cree el Estado vulnerables, que cree poder vulnerar y digamos que convalida cualquier presunción de culpabilidad porque es así como lo maneja el sistema judicial en este país, a pesar de que es un derecho constitucional y el argumento principal tanto del juez como de la sala es que ni José Ramón ni Pascual no pudieron nunca probar que ellos no cometieron ese delito”, detalló Olivos en entrevista telefónica.

“La SCJN tiene ahora la oportunidad de sentar precedentes para contribuir a la generación de condiciones de justicia para sectores sociales con una situación de especial vulnerabilidad”, expresó el miércoles el Centro Prodh.

“La injusta prisión de José Ramón y Pascual representa a todas aquellas personas que son criminalizadas por su trabajo de defensa y protección de los derechos humanos, pero también a quienes son vulnerables por ser indígenas y sufrir una condición económica precaria”, agregó.

Abogados del Centro Prodh, como Olivos, interpusieron un segundo amparo el pasado 27 de octubre y se encuentran en espera de la resolución a este nuevo recurso.

Hanako Taniguchi contribuyó con este reporte