Organismos internacionales piden parar asesinatos de periodistas en México
Cuatro expertos de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hicieron un llamado este lunes al gobierno de México para que contenga el asesinato de periodistas en el país.
“Los asesinatos y amenazas repetidamente sufridos por defensores de derechos y periodistas en México deben detenerse inmediatamente”, expresaron a través de un comunicado publicado en la página de internet de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y fechado en Ginebra y Washington.
“Los defensores de derechos humanos en México necesitan desesperadamente la protección efectiva del Estado ahora”, dijo Margaret Sekaggya, la Relatora Especial de la ONU.
El comunicado se da a conocer un día después de que fuera encontrado muerto René Orta Salgado, exreportero de temas policiacos en El Sol de Cuernavaca , en Morelos, y a unas semanas de la muerte de cuatro periodistas en Veracruz.
Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, fue encontrada muerta en su casa, en Xalapa, el pasado 28 de abril. Días después aparecieron muertos en Boca del Río los fotoperiodistas Gabriel Huge, Guillermo Luna Varela y Estaban Rodríguez. Sus cuerpos fueron hallados en bolsas de plástico, desmembrados y con señales de tortura.
“Los asesinatos recientes de cuatro trabajadores de la prensa en Veracruz subrayan la necesidad urgente de adoptar medidas concretas para garantizar la seguridad de los periodistas y poner fin a la impunidad”, expresó sobre este caso Frank La Rue, relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de expresión.
Antes de estos cinco asesinatos la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tenía contabilizados 76 homicidios de comunicadores desde el 2000 hasta abril del 2012.
Los expertos de la ONU y de la CIDH también pidieron al gobierno mexicano promulgar y aplicar pronto la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La iniciativa ya fue aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por la de Senadores, y sólo falta que el gobierno federal la promulgue para que entre en vigor.
La ley obliga a las autoridades a dar protección a la familia y las instalaciones del medio de comunicación donde labore un periodista que sea amenazado.
“Las autoridades mexicanas deben tomar medidas inmediatas para proteger a aquellos periodistas o defensores de derechos humanos que están siendo amenazados”, añade Catalina Botero, relatora especial de la CIDH para la Libertad de Expresión.
Santiago A. Canton, secretario ejecutivo de la CIDH, también pidió al gobierno mexicano proteger a los periodistas.