Un activista de Guerrero decide abandonar el país por amenazas
La falta de garantías de seguridad, amenazas de muerte y persecución obligaron a Vidulfo Rosales Sierra, coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Tlachinolla, a abandonar el estado de Guerrero y el país en las próximas horas.
En entrevista con CNNMéxico, el abogado y activista defensor de los derechos humanos relató que ya salió del estado del cual es originario, dejando a familia, amigos, empleo y los casos que representaba. Entre ellos la defensa de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes protestaron el pasado 12 de diciembre y dos de los jóvenes fueron asesinados.
“No hay garantías para que yo siga desarrollando mi labor, como defensor de derechos humanos y por eso en próximas horas ya vamos a salir del país. Las amenazas son fuertes y no hay condiciones reales”, lamentó.
Vidulfo Rosales tiene medidas de protección provicionales que le fueron concedidas desde 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mismas que dijo no han sido acatadas por el gobierno de Guerrero ni la federación.
“Aún y con las medidas soy objeto de amenazas entonces la situación es sumamente riesgosa, insostenible por el momento”, señaló el abogado.
Algunos de los casos en los que ha trabajado han sido el caso de las indígenas me’phaas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú , violadas sexualmente y torturadas por soldados en el 2002, y quienes recibieron una disculpa del gobierno federal.
Además de estar directamente en la defensa del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, quienes rechazan la construcción de la hidroeléctrica que pretende construir la Comisión Federal de Electricidad en esa zona rural de Acapulco.
Y el caso más reciente es la defensa de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa por las violaciones de los derechos humanos y el asesinato de dos estudiantes el pasado 12 de diciembre del 2011 durante el desalojo de la Autopista del Sol.
Las amenazas recibidas
El activista relató que desde enero pasado ha sido objeto de seguimientos por parte de personas y vehículos sospechosos, principalmente desde que se hizo cargo de la defensoría del asesinato de dos jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, e incluso recibió el pasado 4 de mayo un mensaje anónimo en el que le advertían que sería asesinado.
Recordó que el pasado 26 de marzo hombres armados a bordo de una camioneta de lujo lo esperaban a la salida de las oficinas de la fiscalía local, y fueron siguiendo su automóvil hasta el centro de la ciudad de Chilpancingo, capital del estado, situación de la que pudo escapar.
“Siempre que salía de hacer unos trámites de algunos casos, en especial del caso de Ayotzinapa, a la salida siempre me seguían, pero ya el 26 de marzo fue el seguimiento más fuerte. Esos hombres lo que querían era privarme de la vida, pero la camioneta nunca se pudo emparejar a mi vehículo, por el tráfico, y pude escapar”, relató Rosales.
El abogado pudo llegar a las oficinas del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, desde donde sus compañeros lo ayudaron a salir de la ciudad de Chilpancingo ante la gravedad de la situación.
“Dejé Chilpancingo por unos días. Ya a mi regreso para seguir con mis casos recibí una amenaza escrita, un (mensaje) anónimo de que me querían privar de la vida. Ante esto pues tomé esta medida de salirme de la entidad y del país en lo que hay condiciones. Si es así, pues regresaría”, confió.
El mensaje impreso en tipografía de computadora lo recibió el pasado 4 de mayo. Se le acusaba de difamar a las autoridades y defender a “guerrilleros”, a los comuneros defensores del poblado de La Parota —lugar en donde desde hace años el gobierno federal pretende construir una hidroeléctrica—, al igual que a mujeres golpeadas y a los “vándalos ayotzinapos”.
“Cállate o vete juntando tus flores porque ya te estamos siguiendo, sabemos qué haces y dónde andas. Te vas a morir jaja”, decía la hoja de intimidación.
Después de analizar la situación junto a sus compañeros de la organización Tlachinolla, la semana pasada el activista guerrerense interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de Guerrero para que investigue las amenazas.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Fundación para el Debido Proceso, Misereor y otra veintena de agrupaciones de defensores de activistas han solicitado que se cumplan las medidas de protección para Vidulfo Rosales.
18 años de trabajo, detenidos por el momento
Para el activista su salida del país frena 18 años de trabajo al frente de la defensa legal del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, además del dolor que le causa dejar a su familia y amigos.
“Es una experiencia dolorosa, triste, lamentable, tener que abandonar en estas condiciones mi país, pero sobre todo mi trabajo de defensor en derechos humanos. Es muy doloroso porque es una circunstancia que afecta mi vida, mi trabajo y los derechos de otras personas que estamos ayudando”, lamentó.
El activista dijo que su situación personal se complica seriamente, sobre todo en relación con su vida familiar.
Pero también alerta que otros activistas y defensores de derechos humanos enfrentan la misma situación de salir del país por no tener garantías y defensa del gobierno federal y en los estados.
“Otros compañeros están igual, ahí está el padre Solalinde, que tuvo que dejar el país, otros compañeros incluso han perdido la vida haciendo esta labor de defensa de los derechos humanos, y es lamentable que no haya condiciones para hacer este trabajo. Esto no abona a la democracia, ni al país”, concluyó el abogado.
El 14 de mayo pasado, el sacerdote y defensor de derechos humanos, Alejandro Solalinde, dejó el país por tiempo indefinido ante las constantes amenazas de muerte en su contra por la defensa de migrantes que realiza desde su organización Amigos del camino.
De acuerdo al Informe 2012 de Amnistía Internacional (AI), el gobierno mexicano no protegió a los periodistas y defensores de derechos humanos que fueron víctimas de diferentes hechos violentos en el 2011, por lo que los responsables no rindieron cuentas por sus actos.
En ese informe anual, AI reconoció que existen reformas en la materia, pero que en México continúa la “impunidad” y el sistema de justicia penal no proporciona seguridad ni justicia a las víctimas.
Y mientras no existan condiciones de seguridad para los defensores de derechos humanos, Vidulfo Rosales Sierra permanecerá apartado de su familia y el trabajo que ha realizado durante años.
CNNMéxico buscó a la Secretaría de Gobernación para saber si habían recibido alguna solicitud de ayuda pero no obtuvo respuesta de forma inmediata.
