Felipe Calderón firma una ley contra la trata de personas y feminicidios
El presidente Felipe Calderón firmó este miércoles el decreto que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos delitos.
El mandatario también signó el decreto de reformas en materia de combate a delitos cometidos contra las mujeres y abusos en contra de menores.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calcula que al menos 16,000 niños en México son víctimas de la trata de personas, uno de los delitos más lucrativos del mundo, sólo detrás del tráfico de drogas y de armas, según la Organización de las Naciones Unidas.
“México esta avanzando para consolidarse como un país de leyes. Un país donde impere un verdadero estado de derecho. Hoy es un día muy importante en este camino”, dijo el mandatario mexicano durante el evento celebrado en la residencia oficial de Los Pinos.
Calderón dijo que las generaciones de la actualidad están trabajando intensamente para ofrecerle a las nuevas un México de “paz con justicia duradera”.
“La trata de personas es uno de los delitos que más ofende a la sociedad y que más daña la dignidad humana. Tristemente existen criminales sin escrúpulos que se dedican a secuestrar, robar, esclavizar jóvenes y niños, mujeres”, señaló.
Entre los principales aspectos de la ley de trata de personas se encuentran el establecimiento para que la Federación, estados y los municipios, que incluye al Distrito Federal, estén obligados a coordinarse para prevenir este delito.
Por tratarse de una ley de carácter general, las autoridades de todos los niveles de gobierno están obligadas a atenderla. A partir de ahora los ministerios públicos y los policías deben de actuar de oficio contra la trata de personas.
“No se trata de que haya una querella, de que alguien venga a presentar una queja, incluso una denuncia, el hecho de conocer la existencia, el solo hecho de conocer la existencia de esta conducta obligará a los policías y ministerios públicos a investigarla, y dado el caso, sancionarla” dijo Calderón.
El presidente consideró que la ley cierra lagunas legales, que eran aprovechadas por los delincuentes para actuar en “franca impunidad” y establece, que la división de competencias no sea un pretexto para dejar de actuar contra quienes cometan este delito .
La ley de trata de personas define en qué consiste el tipo delictivo y las sanciones, ya sea la prostitución, la mendicidad forzosa, la adopción ilegal, y a quienes contraten espacios en periódicos o internet para promover este delito de manera disfrazada.
La legislación regula la reparación del daño a las víctimas de manera integral, que será proporcional a la gravedad de lo causado y a la afectación sufrida.
Por ello, las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán establecer un fondo de protección y asistencia a las víctimas. La ley instituye competencias para saber de qué manera se deben coordinar las autoridades en materia de protección y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas.
Además, se reformaron diversas leyes para incorporar estos delitos en el catálogo de ilícitos susceptibles de cometerse por la delincuencia organizada y se incluyen dentro de los considerados como delitos graves.
En relación a las reformas de los delitos contra las mujeres, se incorpora el delito de feminicidio en el Código Penal Federal , y se establece una pena de 40 a 60 años de prisión a quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
Según el Informe “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009”, realizado por la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, ONU Mujeres y el Instituto Nacional de Mujeres de México, en los últimos 25 años se han registrado en México 34,176 muertes de mujeres en las que se presumió un homicidio. Una media de 20 mujeres al día fueron asesinadas en México durante estos años. De entre ellas, casi 7.000 ocurrieron entre 2005 y 2009.
La reforma es solo a nivel federal, por lo que los estados que no han regulado el delito de feminicidio tendrán que avanzar e incorporarlo en el código penal. También se renueva la tipificación de delitos como el abuso sexual y el estupro.
En la ley se tipifica como delito el obligar a una persona a renunciar a su cargo o empleo para evitar que en el ambiente de trabajo realice una demanda por acoso sexual por parte de un superior contra un subordinado.
Se incluye en el Código Penal un capítulo destinado a los delitos sobre derechos reproductivos como la inseminación artificial no consentida, la implantación de un óvulo fecundado sin el consentimiento de la paciente, o la esterilidad provocada.
La Secretaría de Seguridad Pública federal estará obligada a crear una página de internet donde estarán los datos generales de las mujeres y niñas reportadas como desaparecidas para que cualquier persona pueda brindar información sobre su paradero.
La Procuraduría General de la República (PGR), los estados y el Distrito Federal deberán especializar a elementos del ministerio público y peritos para que haya agentes del orden público especializados en delitos de feminicidio y tendrán que crear un registro público de los delitos cometidos contra las mujeres.
El nuevo decreto incorpora sanciones a quienes atenten contra la dignidad humana por razones de origen, pertenencia étnica, de raza, género, edad, estado civil, condición social, entre otros.
La procuradora general de la República, Marisela Morales, agradeció al presidente por la firma de estas reformas contra los delitos que dijo “son desdeñables”.
“Estamos concretando dos de las reformas legales más importantes de la última década. Por su impacto en la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos más vulnerables”, dijo la funcionaria federal.
“La trata de personas es uno de los delitos que más atenta e indigna a la sociedad. Es adicionalmente uno de los negocios ilícitos más lucrativos por la delincuencia organizada, no solamente en México, sino también a nivel mundial, de acuerdo a la ONU”, recordó.
La funcionaria indicó que el 14 de julio del 2011 se publicó el decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política, que incorporó a la trata de personas como delito grave y se estableció la posibilidad de que los jueces ordenen prisión preventiva durante el procesamiento del imputado.
Por ello, dijo, el 27 de abril el Congreso aprobó la iniciativa contra la trata de personas. “Para que hoy nuestro país cuente con nuevas y más eficaces herramientas para combatir este indignante crimen” aseguró.
En el evento estuvieron como invitados especiales el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, y representantes de organizaciones no gubernamentales.
