López Obrador denuncia que hubo lavado de dinero en campaña de Peña Nieto

El candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, acusó este miércoles al virtual ganador de la elección presidencial, Enrique Peña Nieto, de beneficiarse con dinero de procedencia ilícita, un señalamiento que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró una "abierta difamación".

"Peña Nieto se benefició con dinero de procedencia ilícita, con lo que comúnmente se llama lavado de dinero", dijo el candidato este miércoles en conferencia de prensa.

Jaime Cárdenas, encargado del equipo jurídico de la coalición Movimiento Progresista, que respalda a López Obrador, presentó lo que consideró pruebas de una serie de empresas que constituyeron una supuesta estructura paralela de financiamiento a la campaña del candidato del PRI a través del Grupo Financiero Monex.

Según la denuncia de la izquierda, las empresas Comercializadora Atama, Grupo Koleos, Grupo Empresarial Tiguan y la persona física Rodrigo Fernández Noriega, depositaron más de 100 millones de pesos para que dos firmas: Grupo Comercial Inizzio e Importadora y Comercializadora Efra, financiaran las tarjetas de prepago Monex Lealtad y Monex Recompensa; con las que se presume, se realizó la compra y coacción del voto. 

El PRI, en un comunicado, respondió a la denuncia y dijo que ésta, además de infundada y de ser una "abierta difamación", representa una estrategia de López Obrador para "mantenerse vigente en la opinión pública e impedir la renovación generacional en el liderazgo de  las izquierdas".

"(...) el señor López Obrador y su equipo van de mentira en mentira. Bajo esta lógica, demandó el conteo voto por voto y cuando éste se verificó y confirmó el resultado, cambió su argumento a la compra masiva de sufragios, que tampoco pudo sostener y ahora lanza otra acusación inverosímil de lavado de dinero", cita el texto del comunicado. 

Tras rechazar las acusaciones, el PRI agregó que el Movimiento Progresista "apuesta al desgaste de las instituciones encargadas del proceso electoral".

Por esta nueva denuncia, el candidato de la izquierda entregó diversos documentos ante la autoridad electoral que consta de facturas, depósitos y notas de crédito.

En su denuncia contra el PRI, el equipo jurídico de López Obrador detalla: “Los recursos de las empresas (…) provienen presumiblemente de ilícitos de carácter penal, presumiblemente de peculado derivados del desvío de los presupuestos públicos estatales o, de otros delitos vinculados al crimen organizado”

Sin embargo, Cárdenas dijo que el Movimiento Progresista no tenía "pruebas contundentes" para vincular los depósitos con la delincuencia organizada, "pero es lo que se debe indagar (por las autoridades)", quienes, según el abogado, podrían cometer el delito de "encubrimiento" sino hacen una averiguación profunda.

"No puede ser declarada válida una elección que ha sido financiada con recursos derivados del lavado de dinero. Hacerlo implicaría que las autoridades competentes del país (…) encubrieran prácticas delictivas para validarlas y sanearlas", cita el documento de la denuncia contra Peña Nieto.

El priista es el virtual ganador con el 38.21% de los sufragios, pero López Obrador asegura que incurrió en gastos excesivos de campaña y compra de votos. El PRI presentó el lunes  un documento con su defensa jurídica de la votación .

Al presentar la defensa, Pedro Joaquín Coldwell, líder nacional del PRI dijo el lunes pasado que su partido "niega categóricamente todas las acusaciones que se han realizado sobre este tema (financiamiento con recursos de procedencia ilícita). Tal y como se demuestra en el escrito que se está entregando a la autoridad electoral".

Coldwell aseguró que los propios directivos de la empresa que ha acusado la coalición de izquierda han negado las acusaciones y que presentaron ante las autoridades competentes las pruebas que así lo demuestran. "El origen de todos los recursos de campaña es lícito".

López Obrador dijo que entregarán el expediente con las pruebas por presunto uso de recursos de procedencia ilícita, al presidente Felipe Calderón, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade y la procuradora General de la República, Marisela Morales.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibió este martes del Instituto Federal Electoral (IFE) el juicio de inconformidad del candidato de la izquierda en contra de la elección presidencial del pasado 1 de julio.

La impugnación, presentada al IFE por la coalición Movimiento Progresista, exige que los comicios sean invalidados bajo el argumento de que  la contienda no cumplió con los principios constitucionales de equidad, libertad e imparcialidad  que deben regir los procesos electorales. 

El equipo de López Obrador insistió en que si los magistrados del TEPJF estiman que hay delito de lavado de dinero, están obligados a denunciar ante la Procuraduría General de la República (PGR).

"Nosotros no descartamos interponer una denuncia, pero esperamos que los magistrados lo hagan y no caigan en delito de encubrimiento", explicó Cárdenas.

Las tarjetas, la prueba

Según lo presentado por el equipo jurídico del Movimiento Progresista, Grupo Comercial Inizzio, registrada como empresa para la compra, venta, importación, exportación, maquila, manufactura, distribución y comercio en general; compró 9,924 tarjetas de prepago por un cargo de 130,423 pesos, a lo que se sumaron más de 46 millones de pesos para activarlas.

Mientras que Importadora y Comercializadora Efra, cuyo objeto social registrado ante la Secretaría de Hacienda es la importación, compra venta y distribución de vinos y licores; compró 750 tarjetas por 9,750 pesos e invirtió 60 millones en “saldos prepago”, según los documentos expuestos por la coalición de izquierda.

Además, el Movimiento Progresista denunció que a través del domicilio fiscal de esta firma se puede comprobar que hay un vínculo con Gabino Antonio Martín Fraga Peña, identificado como “coordinador regional de compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto”, pues tienen registrado el mismo domicilio.

De las otras empresas, que presuntamente aportaron los recursos para financiar las operaciones anteriores, la coalición de izquierda identificó 43 depósitos por casi 30 millones de pesos hechos a través del Banco Santander.

Se presentaron los documentos de cómo y cuándo se constituyeron estas firmas como empresas ante la legislación mexicana. En el caso de Comercializadora Atama y Grupo Comercial Inizzio, tienen a los mismos accionistas y fechas de constitución ante el mismo notario. Se repite el caso para Grupo Koleos y Grupo Empresarial Tiguan.

Sin embargo, el único vínculo que el Movimiento Progresista tiene sobre la operación de tarjetas de prepago Monex y el PRI, es una resolución de junio pasado de la Comisión de Quejas y Vigilancia del IFE, en donde se identifica a ciudadanos que aceptaron ser operadores priistas y haber recibido pagos con tarjetas prepagadas.

“No pueden calificar la elección presidencial porque es validar dinero sucio (…) Esto es lo que debió hace el IFE, nosotros le estamos haciendo el trabajo, hay todo un aparato de fiscalización que le cuesta al pueblo”, dijo López Obrador sobre esta denuncia de presunto uso de recursos de procedencia ilícita.

El candidato dijo que ciudadanos han seguido entregando tarjetas de prepago para mostrar la “compra del voto”, por lo que no descartó seguir presentando pruebas para el juicio de inconformidad que el Tribunal Electoral deberá resolver antes del 31 de agosto próximo.