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El PRI acusa a López Obrador de tres delitos en el manejo de sus gastos

El candidato de izquierda, según los priistas, incurrió en fraude, evadió impuestos y desvió recursos; PRD dice que no hay nada que ocultar
mar 24 julio 2012 06:48 PM
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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó al candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, de presuntamente haber incurrido en tres delitos en el manejo de sus gastos de campaña en la pasada contienda electoral.

Las acusaciones se produjeron un día después de que el PRI señalara que López Obrador empleó dinero “ilícito” en el proceso y tras varias ocasiones en las que el militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hiciera críticas similares contra el abanderado priista, Enrique Peña Nieto.

Luego de los comicios del 1 de julio, Peña Nieto se perfiló como el virtual ganador con el 38.21% de los votos. López Obrador quedó en el segundo lugar, pero impugnó los resultados.

Este martes, encabezados por su dirigente, Pedro Joaquín Coldwell, representantes del PRI aseguraron en conferencia de prensa que la primera falta consistió en que López Obrador utilizó dos asociaciones civiles —Honestidad Valiente y Austeridad Republicana— para construir una red de financiamiento que no fuera fiscalizada por el Instituto Federal Electoral (IFE).

En su cuenta de Twitter, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, llamó a su homólogo del PRI a contrastar pruebas. Al respecto, Coldwell respondió a periodistas que no tiene "inconveniente" en hacerlo.

"El PRI no sabe cómo salir del atolladero ante las pruebas que lo evidencian de que violaron la ley (...) López Obrador siempre ha estado dispuesto a que se le investigue, no hay nada que ocultar", mencionó Zambrano según la cuenta de Twitter del PRD.

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Los priistas afirmaron que, mediante el esquema denunciado, el aspirante de la coalición Movimiento Progresista buscó burlar la vigilancia del IFE para rebasar el tope de gastos de campaña, fijado en 336 millones de pesos por aspirante.

“Hay una estructura paralela de financiamiento diseñada con el propósito de evadir los mecanismos de control que existen sobre el financiamiento de los partidos políticos”, dijo el vocero del PRI, Eduardo Sánchez.

El segundo delito, según la acusación, fue que en esas asociaciones López Obrador evadió el pago de impuestos y de cuotas de seguridad social, mientras el tercero consistió en un presunto desvío de recursos de gobiernos estatales y municipales para su campaña presidencial.

Jorge Carlos Ramírez Marín, que fungió como vicecoordinador de la campaña presidencial de Peña Nieto, dijo que para concretar esa acción, gobiernos en manos del PRD otorgaron contratos por “sumas millonarias” a Honestidad Valiente y Austeridad Republicana.

Más tarde, los señalamientos generaron respuesta de parte del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, también militante del PRD.

Cuestionado sobre el tema, Ebrard dijo a periodistas que las acusaciones del PRI son un intento por “confundir” a la ciudadanía.

“En el caso del PRI, yo creo que se están yendo por la vieja máxima de que cuando estás en una situación muy grave, tienes que atacar o confundir”, señaló.

Durante la conferencia de prensa, el PRI indicó que solicitó al IFE que en su sesión del próximo jueves presente un informe sobre el avance en sus investigaciones a los recursos de López Obrador. Según Coldwell, el consejero presidente del instituto, Leonardo Valdés Zurita, accedió a brindar esa información.

El dirigente priista, sin embargo, rechazó pedir que las indagatorias se aceleren, como lo solicita el Movimiento Progresista.

“Las investigaciones se concluyen cuando se concluyen”, dijo.

El bloque de izquierda —que integran el PRD, el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano— quiere que las quejas presentadas al IFE sobre presuntas irregularidades en el financiamiento a las campañas se resuelvan antes de septiembre, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe pronunciarse sobre la validez de los comicios.

López Obrador interpuso una impugnación para invalidar el proceso, porque considera que no fue equitativo y esa condición favoreció a Peña Nieto.

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