La Suprema Corte busca definir los límites del fuero militar
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá esta semana en qué casos los delitos cometidos por militares en contra de ciudadanos deberán de ser juzgados en cortes civiles.
Si bien el máximo tribunal judicial de México había determinado en julio del 2011 que el fuero militar desaparecería en caso de que miembros del Ejército violaran los derechos humanos de civiles, en esta ocasión analizarán si este criterio se debe extender a cualquier delito cometido por militares contra civiles.
Entonces sólo se había determinado que en el caso Rosendo Radilla – un activista social guerrerense que desapareció a mano de militares en 1974 – el fuero militar debía desaparecer para que cortes civiles procedieran legalmente, tal como lo señalaba la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
En su resolución del 19 de mayo del 2011, además de resolver que el Estado mexicano debía reparar el daño e indemnizar a los familiares de Radilla, la CoIDH señaló que el Estado mexicano estaba obligado a adoptar “las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales”.
Dicho artículo del Código de Justicia Militar define en qué casos se viola la disciplina militar, por ejemplo, aquellos cometidos por elementos castrenses cuando están en servicio.
La Corte analizará 28 amparos relacionados con las resoluciones de cortes militares, con ello, la SCJN buscará sentar jurisprudencia en diversos casos de delitos cometidos contra civiles, incluyendo aquellos relacionados con la violación de los derechos humanos.
De acuerdo con la ley, si el máximo tribunal otorga cinco amparos consecutivos bajo la misma causa, se sienta jurisprudencia, lo que obliga a los jueces a resolver en ese mismo sentido.
De los 28 amparos que analizará la SCJN, cinco están relacionados con el general Manuel Moreno Aviña, quien está acusado de abusos sistemáticos a los derechos humanos en Chihuahua en 2008.
Hay otros seis amparos derivados por ejecuciones extrajudiciales de civiles presuntamente ordenadas por un coronel y un teniente en el mismo estado entre 2009 y 2010.
Los ministros también analizarán el caso de Otilio Cantú, un joven que fue asesinado por militares comisionados a la policía estatal de Nuevo León, en abril del 2011.
No todos los casos tienen que ver directamente con delitos de militares perpetrados contra civiles.
También hay seis que tienen que ver con soldados que fueron detenidos por trasiego de droga del Distrito Federal a la ciudad de Tijuana, en Baja California.
Ellos buscan un amparo para que su caso sea analizado en una corte civil.
El resto de los casos tienen que ver con militares acusados de homicidios, de colaborar con grupos del crimen organizado, así como de cometer actos de abuso sexual.
Según la vocería de la SCJN, los ministros analizarán los 28 amparos caso por caso, ya que cada uno tiene características particulares.
En respuesta a la resolución de la CoIDH, los legisladores también tenían previsto realizar reformas al fuero militar, sin embargo, la iniciativa sólo se discutió en las comisiones de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos del Senado, por lo que serán los diputados y senadores de la próxima legislatura, que inicia en septiembre, los que se encarguen de darle seguimiento a esta reforma.