Ministros de la Suprema Corte perfilan sus posturas sobre el fuero militar
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomó el análisis sobre los límites del fuero militar basado en el caso de un mando militar involucrado en el asesinato de un civil dentro de las instalaciones del Ejército.
El debate fue suspendido este lunes cuando los ministros determinaron que los antecedentes del proyecto presentado por la ministra Olga Sánchez Cordero no incluía un elemento que surgió después de que el caso llegara a la Corte. Este martes decretaron un receso para retomar la sesión plenaria el próximo jueves.
El coronel José Guadalupe Arias Agredano fue acusado de encubrir la muerte del joven Jehtro Ramsés Sánchez al ser torturado por dos militares, el 21 de mayo de 2011 en Cuernavaca, Morelos.
El caso originó un conflicto de competencias entre un juzgado federal y uno militar, este último fue el encargado de dictar sentencia, aunque sólo un día después se declaró incompetente.
La discusión entre los ministros giró en torno a dos casos. El primero fue que el militar se encontraba "franco", es decir, en su día libre, cuando ordenó el traslado del cuerpo de Jehtro Ramsés a un paraje escondido de Puebla para que fuera enterrado.
El segundo elemento es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla.
La CoIDH sentenció que la justica común del Estado Mexicano debía asumir el caso de Rosendo Radilla, desaparecido a manos de militares en 1974, por tratarse de un civil agraviado por militares.
Guadalupe Arias está preso y en espera de que inicie su juicio, desde noviembre de 2011. Su defensa exige que sea juzgado bajo las leyes militares, ya que temen que el militar sea confinado a una cárcel junto con delincuentes que él se encargó de detener.
La Ministra Olga Sánchez sostiene la hipótesis de que el caso debe pasar a un juez local. Es decir, que debe excluirse a la justicia militar considerando que Arias Agredano no se encontraba en funciones cuando ordenó esconder el cuerpo de la víctima.
La ministra Margarita Luna Ramos discrepó y argumentó que un civil cualquiera no hubiera podido dar las órdenes que dio el coronel desde el interior de una zona militar.
El ministro Juan Ramón Cossío Díaz discrepó "radicalmente" de la justificación de Olga Sánchez para proponer trasladar la competencia a la justicia común, aunque se dijo de acuerdo en que la justicia militar no debería llevar el juicio del coronel acusado.
Cossío Díaz disertó sobre los alcances y límites del fuero militar con base en la Constitución. Dijo que "en tiempos de paz" ningún militar puede actuar fuera de las instalaciones del Ejército.
"Creo que en realidad lo que estos asuntos nos exigen es determinar cuál es la posición general de las fuerzas armadas en nuestro orden constitucional democrático", dijo Cossío.
Consideró que la aplicación de la justicia militar en un caso como el de José Guadalupe Arias podría justificarse solo "en un momento de guerra", en una situación de suspensión de garantías individuales.
"Si no hay guerra, suspensión de garantía y declaración del presidente, hay implicaciones muy importantes en materia de fuero militar", aseguró.
También consideró que "el Ejército no está para cumplir con labores de seguridad pública en términos de la Constitución" y mencionó que la sentencia de la CoIDH corrobora su hipótesis porque establece "que si un militar comete un delito dentro de una instalación militar contra un civil, debe acudir la justicia ordinaria".
El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia dijo que comparte "las soluciones" propuestas en el proyecto pero consideró necesario que se establezca cuándo un juez militar puede "abdicar" para ceder la competencia de casos como el de un homicidio en el que la justicia militar tiene penas menos severas que la justicia común.
Los ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío Villegas, Juan Silva Meza y Arturo Zaldívar Lelo perfilaron su postura a favor de aplicar la justicia común en el caso, mientras que Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Mario Pardo Rebolledo y Beatriz Luna Ramos dieron argumentos en sentido opuesto.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza, decretó la sesión en receso para retomarla el próximo jueves.
La SCJN revisará en total 28 amparos y dos conflictos competenciales relacionados con la justicia castrense con el objetivo de crear la jurisprudencia que aclare los límites y alcances del fuero militar.