Por primera vez, un militar será juzgado como civil en México

En el primero de 30 casos relacionados con los alcances del fuero militar, el juicio de un coronel que encubrió la tortura y el asesinato de un civil en el estado de Morelos setrá tratado por un juzgado civil, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Con una votación de ocho contra dos, los ministros decidieron que con base en el artículo 13 de la Constitución,  los delitos cometidos por militares  en contra de civiles deben de ser resueltos en juzgados civiles y no en una corte militar.

“Siempre que miembros de las fuerzas armadas cometan un delito en perjuicio de un civil, será la jurisdicción ordinario civil la encargada, y nunca la jurisdicción militar trátese del delito que se trate, aun cuando estemos en presencia de delitos propiamente militares”, argumentó el ministro Arturo Zaldívar.

El caso contra el coronel José Guadalupe Arias Agredano fue enviado, con siete votos contra tres, a un juez federal de distrito, los encargados de juzgar a los servidores públicos en función, pese a que su defensa argumentaba que el encubrimiento se hizo cuando estaba de “franco”, o sea, en un día libre.

En la resolución final del caso de Arias Agredano no se tomó en cuenta la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) respecto al caso Rosendo Radilla, en el que el órgano regional dictaba que cuando militares cometieran violaciones de derechos humanos contra no militares, se deben de juzgar en cortes civiles.

Rosendo Radilla fue un activista social que desapareció en Guerrero a manos de militares en 1974. Al no recibir respuesta por parte del Estado mexicano, sus familiares llevaron el caso a la CoIDH, que también ordenó la compensación de las víctimas y la búsqueda del activista.

El coronel José Guadalupe Arias Agredano está acusado de encubrir la muerte del joven Jehtro Ramsés Sánchez al ser torturado por dos militares, el 21 de mayo de 2011 en Cuernavaca, Morelos, por lo que se le había dictado una sentencia de un año en prisión.

Este caso originó  un conflicto de competencias entre un juzgado federal y uno militar . Si bien las autoridades judiciales militares fueron las encargadas de dictar sentencia, aunque un día después se declaró incompetente y lo turnó a un juez federal, que también rechazó llevar el caso.

Arias Agredano está preso desde noviembre de 2011 en el estado de Morelos en espera de que se reinicie su juicio. Su defensa exige que sea juzgado bajo las leyes militares, ya que temen que el militar sea confinado a una cárcel junto con delincuentes que él se encargó de detener y asegura que su vida podría correr riesgo.

El juez de la corte militar lo sentenció únicamente por haber encubierto a otros militares, pero no se le involucra directamente en la tortura y asesinato de Jehtro Ramsés Sánchez.

Este es el primero de los 28 amparos y dos casos de conflictos de competencias relacionadas con el fuero militar que la SCJN analizará. Este paquete será discutido por los ministros con el fin de sentar jurisprudencia con los casos relacionados al fuero militar sobre delitos cometidos contra civiles, incluyendo aquellos relacionados con la violación de los derechos humanos.

De acuerdo con la ley, si el máximo tribunal otorga cinco amparos consecutivos bajo la misma causa, se sienta jurisprudencia, lo que obliga a los jueces a resolver en ese mismo sentido.

Si bien la mayoría de los integrantes del pleno de la SCJN estuvieron de acuerdo con juzgar al coronel Arias Agredano en una corte civil, los ministros Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Luna Ramos votaron en contra del proyecto de resolución de la ministra Olga Sánchez Cordero.

Tanto Aguirre como Luna insistieron en que el coronel debería de ser juzgado en una corte militar.

Las SCJN continuará el próximo martes 14 de agosto con otro caso relacionado con un conflicto competencial entre el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Michoacán y un juzgado militar, sobre un militar al que se le atribuye la comisión de un delito mientras estaba en funciones y en la que se señala la existencia de víctimas civiles.