Sandra Ávila podrá negociar sus cargos o enfrentar un duro juicio en EU

Después de más de dos años de luchar en los tribunales mexicanos para evitar su extradición, Sandra Ávila Beltrán, acusada de pertenecer al cártel de Sinaloa, enfrentará a la justicia de Estados Unidos en un proceso en el que de ser encontrada culpable podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua, de acuerdo con un documento de la corte del Distrito Sur de Florida, a menos que llegue a una negociación.

El juicio contra  La Reina del Pacífico , como es conocida, inició desde el momento en que pisó suelo estadounidense este viernes. Fue puesta bajo arresto y conducida ante el juez John O’Sullivan, en la corte federal de Miami, en Estados Unidos, quien le informó cuáles son los cargos por los que es señalada.

Vestida con el uniforme kaki de prisionera, la acusada declaró auxiliada de un traductor ante el juez que no entendía la razón por la que estaba enfrentando a la justicia de ese país, según la agencia Notimex.

En México, Ávila Beltrán es sospechosa de formar parte de una red de tráfico de drogas de Colombia hacia Estados Unidos, y “poseer con la intención de distribuir cinco o más kilogramos de cocaína”, informó la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.

Como todo detenido en Estados Unidos, el juez está obligado a valorar si se puede otorgar una fianza, pero al ser acusada de pertenecer a la delincuencia organizada y el narcotráfico, además de ser una ciudadana extranjera, es probable que se le niegue la fianza y siga su proceso desde la prisión, opina el analista de seguridad y penalista, Samuel González Ruiz.

Por los cargos que implican a la La Reina del Pacífico, la defensa podría iniciar un proceso de negociación, como sucede en nueve de cada diez casos de este tipo, para evitar una pena que podría dejarla en la cárcel de por vida, explica el doctor González Ruiz. “En un 90% de los casos normalmente la persona es encontrada culpable (…) Tienen un sistema basado en la eficiencia y la efectividad, en donde la economía procesal trae aparejado un premio si el acusado acepta su responsabilidad penal”, dice.

En ello coincide el doctor Raúl Benítez, experto en seguridad y narcotráfico, quien considera que la extradición contra la que luchó la acusada durante meses finalmente puede desembocar en un juicio mucho más difícil que el que tuvo en México.

“En Estados Unidos seguramente le tendrán un expediente bien formado donde de una forma muy difícil ella va a poder salir librada, entonces ella va a estar un buen tiempo encarcelada allá”.

Sin embargo, la acusada tiene la opción de cooperar con las autoridades que podría simplificar el proceso judicial. “Si hay un acuerdo, es relativamente rápido porque finalmente implica que todos están de acuerdo, y que la fiscalía pudiera solicitar que se reduzca la pena”, comenta Javier Dondé Matute, del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

“Si no llegan a un acuerdo, o finalmente el acuerdo no se propone, que es posible, finalmente se tendría que llevar a cabo el proceso penal, y eso puede variar mucho”, es la opción contraria de las autoridades estadounidenses.

Declararse culpable y liberar acusaciones

Ávila Beltrán podría enfrentar un proceso similar al que tuvo el  exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid , quien a inicios de este mes se declaró culpable de lavado de dinero en una corte de Estados Unidos, precisamente después de un proceso de negociación de su juicio que lo llevará a enfrentar una pena máxima de 20 años en prisión.

“Declararse culpable de una sola (acusación), y cumplir la pena, es el tipo de negociaciones que hacen los fiscales de Estados Unidos”, afirma el analista Samuel González sobre Villanueva, quien fue acusado por 13 delitos de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. Por esa razón el exgobernador pudo negociar una sentencia por un solo delito, y de esta manera librar las otras acusaciones que hubiera enfrentado ante un juez en una corte.

Un ejemplo de lo que podría enfrentar Beltrán Ávila a partir de que inicie su proceso ante el fiscal y el juez.

En Estados Unidos estaría en una prisión de máxima seguridad “mucho más rígidas de las que tenemos en México”, según Dondé Matute, en donde no tendría las  libertades que pudo tener  mientras estuvo en México.

“Tiene bastantes años presa, contrató abogados y fue liberando cargos. Se fue deshaciendo de los cargos, entonces estaba cerca de ser puesta en libertad”, explica el doctor Raúl Benítez.

¿Por qué no se juzgó en México?

Las autoridades mexicanas detuvieron en 2007 a La Reina del Pacífico en compañía del colombiano Juan Diego Espinosa, El Tigre; ambos fueron acusados de traficar nueve toneladas de cocaína hacia México en 2002.

Estados Unidos la había fichado como parte del narcotráfico desde 2004, según un documento oficial de la Corte Sur de Distrito en Florida, en donde es requerida luego de su extradición de este jueves.

Desde su detención, las autoridades mexicanas intentaron responsabilizarla judicialmente de varios delitos, pero la fiscalía federal  falló ante las cortes en varias ocasiones , motivo por el cual iniciaron una batalla legal para llevarla ante la justicia de Estados Unidos y que desde ahí enfrentara los cargos.

“La PGR no supo fincar bien muchos cargos, y la mayoría tenían pocos años de cárcel”, considera el doctor Benítez, una falla de la fiscalía federal por “falta de capacidad de investigación y falta de pruebas concretas que tengan valor judicial”.

En 2010 un juez la liberó del cargo por el que fue detenida, y la PGR inició un nuevo procedimiento en su contra, por lavado de dinero, y se le dictó formal prisión en marzo de 2011. En febrero de 2011, la justicia mexicana  la sentenció a un año más de prisión , por el cargo de  posesión ilícita de arma de fuego .

“Ella ganó varios amparos en México para la no aplicación de la ley penal en México (…) Aquí la ley tiene muchos agujeros, y en Estados Unidos el fiscal es muy fuerte”, motivo por el cual las autoridades mexicanas decidieron remitirla hacia ese país, desde la perspectiva del doctor González.

Sin embargo desde hace dos años y medio las autoridades mexicanas intentaban extraditarla a Estados Unidos, sentencia que finalmente  fue concedida por el Tribunal Colegiado de México  el 7 de junio pasado luego de resolver a favor de la fiscalía federal el proceso que habían prolongado los abogados de Ávila Beltrán.

Los funcionarios de la PGR no respondieron de forma inmediata las solicitudes de CNNMéxico para que dieran su punto de vista sobre el caso.

De esta manera, Sandra Ávila Beltrán enfrentará un nuevo proceso por diversos delitos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos, en donde tendrá la posibilidad de negociar los cargos, una acción que si bien reduce su sentencia, la conducirá a pasar un par de décadas en prisión.