El PAN y el PRD perfilan una alianza para quitar inmunidad al presidente
Los principales partidos de oposición mexicanos analizan aliarse en el Senado para modificar la reforma al fuero recién aprobada por la Cámara de Diputados, en la que se estableció que todos los funcionarios, a excepción del presidente, podrán ser procesados ante la justicia si son sospechosos de cometer un delito.
Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) argumentan que si la reforma se queda en esos términos se creará un conjunto de reglas desigual para los servidores públicos, en el que quien ocupe la presidencia gozará de mayores privilegios.
"Debemos, ante todo, poner a todos en igualdad de circunstancias, incluido el propio titular del Ejecutivo federal. Me parece que no hay una razón de peso para que se excluya del régimen que se pretende para todos los servidores públicos", dijo en entrevista el senador panista José María Martínez, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara alta.
La de Puntos Constitucionales será una de las comisiones que participen en la revisión del documento aprobado el martes por mayoría en la Cámara de Diputados. Se prevé que el dictamen quede listo este mes para ser llevado a votación ante el pleno.
El otro secretario de la comisión, el perredista Alejandro Encinas, coincidió en que el presidente debe someterse al mismo régimen legal que otros funcionarios.
"Nosotros creemos que no debe existir ningún privilegio para ningún servidor público, y al hacer prevalecer este privilegio del Ejecutivo, se crea una situación de excepción que más que inmunidad lo que otorga es impunidad en el actuar", dijo en entrevista.
La reforma plantea que todos los funcionarios puedan ser procesados ante tribunales si son sospechosos de cometer un delito, a diferencia de lo que ocurre actualmente. No podrían ser detenidos de inmediato, sino hasta que existiera una sentencia.
Algunos servidores públicos que hasta ahora tienen fuero son los secretarios de Estado, gobernadores, legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).
En el caso de los diputados y senadores, se estableció que no se les podrá cuestionar por sus declaraciones, a fin de que puedan emitir opiniones libremente mientras ejercen el cargo.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ocupa la presidencia desde diciembre con Enrique Peña Nieto, consiguió que el presidente conservara la inmunidad que tiene actualmente.
Los priistas constituyen la primera fuerza en la Cámara de Diputados y, con los asientos de sus aliados tradicionales —los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal)—, alcanzan la mayoría simple de 251 votos.
Los motivos del PRI
Los priistas argumentan que el presidente debe tener mayor protección legal porque es el jefe del Estado mexicano.
"Hay una cualidad diferenciada constitucionalmente, es la cabeza del Estado mexicano, preside un poder en específico", dijo a periodistas el miércoles el senador Raúl Cervantes, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Para el PAN y el PRD, sin embargo, esa condición no justifica que la protección del presidente sea mayor que la de otros funcionarios.
"El hecho de que alguien ocupe la Presidencia de la República no lo exime de la posibilidad de cometer delitos, y cuando alguien comete un delito y se escuda en el fuero se crea una situación de impunidad que no puede ser tolerada", dijo Encinas.
La bancada del PRI en el Senado prevé respaldar la reforma como fue avalada en la Cámara de Diputados, señaló a medios este jueves el coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón.
Por separado, Cervantes señaló que la comisión analizará cuánta protección legal ofrecen otros países a sus jefes de Estado.
Tejiendo alianzas
Las bancadas del PAN y del PRD reconocen que no han establecido un acuerdo formal sobre el tema, pero consideran que terminarán aliándose para modificar el punto sobre la inmunidad presidencial.
"Seguramente sí, ya hemos tenido amplias coincidencias con las fuerzas progresistas, y seguramente esta es una de ellas, en la que estaremos trabajando de manera conjunta para que nadie quede en un estado de excepción", dijo Martínez.
La del fuero es una de las 95 reformas que el PRI, el PAN y el PRD se comprometieron a impulsar en el Pacto por México, firmado a principios de diciembre pasado. Sin embargo, los tres partidos aseguran que el convenio no implica su apoyo incondicional a ninguna medida.
Al igual que en la Cámara de Diputados, el PRI es la primera fuerza en el Senado, pero a diferencia de lo que ocurre en San Lázaro, sus votos son superados por los del PAN y el PRD en conjunto.
En otros temas, alianzas entre senadores panistas y perredistas han logrado introducir cambios a reformas promovidas por el PRI.
Una de ellas fue la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que se aprobó que la Secretaría de Gobernación (Segob) absorbiera tareas de seguridad pública, pero se obligó a que dos altos funcionarios —el comisionado nacional de seguridad y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública— deban ser ratificados por el Senado.
Los partidos de oposición afirman que con esas medidas intentan imponer "controles político-parlamentarios" al gobierno federal para evitar que incurra en abusos de poder.
Los senadores consultados consideran que la reforma al fuero puede quedar aprobada en el actual periodo de sesiones, que termina el 30 de abril.
