El gobierno de México ofrece reparar los daños a las víctimas de Atenco
El gobierno de México propuso este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reparar los daños a las víctimas de los excesos por parte de policías estatales durante los hechos sucedidos en San Salvador Atenco en 2006, luego de reconocer que hubo violaciones contra los derechos humanos.
Funcionarios mexicanos presentes en una audiencia sobre el caso admitieron los hechos y propusieron un “acuerdo amistoso” con las víctimas, reportó la agencia EFE.
"Pedimos la mediación de la CIDH para lograr una solución amistosa, que incluya una compensación, tratamientos psicológicos a las víctimas e incluso una disculpa pública del gobierno por violaciones a los derechos humanos", dijo el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos del gobierno mexicano, Juan Manuel Gómez Robledo.
También se aseguró que se identificaron y tomaron medidas contra 29 policías estatales que participaron en el traslado de detenidos , durante el cual ocurrieron ataques sexuales, y se afirmó que las violaciones a los derechos humanos no fueron resultado de "ninguna orden gubernamental ni de los mandos superiores".
Durante la audiencia realizada en la sede de la comisión en Washington, una de las víctimas relató la agresión de la que fue objeto por parte de la policía, junto con otras mujeres.
La subsecretaria de asuntos jurídicos y derechos humanos de la Segob, Lía Limón, se comprometió a que la prioridad del gobierno sea trabajar por los derechos humanos.
“Tenemos tres ejes fundamentales para afrontar la defensa de los derechos humanos: el desarrollo de políticas públicas, el fortalecimiento de las instituciones de gobierno, y la armonización legislativa para ser congruentes con la Constitución y con los planteamientos de las instituciones internacionales”, dijo Limón, según un reporte de la agencia EFE.
Los días 3 y 4 de mayo de 2006, la policía estatal y federal se enfrentó contra comerciantes y campesinos de los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco que se negaban a ser reubicados, lo que dejó dos muertos, más de 50 heridos y cerca de 200 detenidos.
La población también se había movilizado contra la expropiación de tierras para la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en el centro del país.
Entre los arrestados se encontraban varias mujeres, tanto mexicanas como extranjeras (dos españolas, una alemana y una chilena), quienes, tras ser liberadas, denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual a manos de los policías durante su traslado al penal de Santiaguito.
"En el camión, me quitaron la ropa, y varios policías me pellizcaron los pezones, me golpearon los glúteos e introdujeron sus dedos, e incluso objetos, en mi vagina", recordó Italia Méndez, quien explicó cómo, mientras temblaba, oía gritar a sus compañeras.
"Yo temblaba y temía por la vida de mi compañera María, de nacionalidad española, a quien estaban haciendo lo mismo y ella gritaba y gritaba. Fue espantoso", dijo Méndez durante la audiencia.
"Cuando llegamos al penal, me dejaron volver a bajar la blusa y subir los pantalones. Pensaba que nos iban a matar. Tenía la certeza de que nos iban a matar. Jugaban con nuestra mente, de modo que nos ponían en fila, nos contaban varias veces, y cada vez salía un número menor", afirmó.
Tanto los comisionados de la CIDH como los representantes del Estado mexicano desplazados a Washington escucharon el testimonio de Méndez.
En junio del año pasado, las autoridades del Estado de México detuvieron a dos elementos de la extinta Agencia de Seguridad Estatal (ASE) , por su presunta responsabilidad en el delito de tortura cometido durante los hechos de Atenco.
Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México y ahora presidente, fue acusado por organizaciones sociales de ordenar la represión contra los campesinos .
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en 2009 que los policías que intervinieron en el operativo cometieron graves violaciones a las garantías individuales. Sin embargo, deslindó de responsabilidad a Peña Nieto.
La audiencia de este jueves se realizó luego de que un grupo de 11 mujeres que aseguran fueron víctimas de tortura sexual durante el operativo presentó en 2011 una denuncia ante la comisión.
