El Senado descarta avalar en este periodo la reforma a testigos protegidos
Legisladores de los principales partidos descartaron que la reforma sobre testigos protegidos quede aprobada antes del 30 de abril, a pesar de que el tema estaba entre las prioridades del Senado para este periodo de sesiones.
Las fuerzas políticas todavía trabajan por separado en propuestas en la materia y no han sostenido reuniones para encontrar puntos en común, dijo en entrevista el vicecoordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Romo.
El planteamiento del PRI, por ejemplo, consiste en establecer que las declaraciones de testigos protegidos no puedan ser el principal sustento de una acusación, como ha ocurrido hasta ahora en casos de exfuncionarios detenidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y posteriormente exonerados.
Los más recientes son los de Noé Ramírez Mandujano , extitular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y del general Tomás Ángeles Dauahare , exsubsecretario de la Defensa Nacional, a quienes un testigo protegido —identificado con el nombre de Jennifer— señaló como colaboradores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Ramírez Mandujano fue detenido en 2008 en el marco de la Operación Limpieza de la Procuraduría General de la República (PGR) y, este lunes, fue absuelto por un juez que determinó que el testigo protegido mintió en sus declaraciones.
Ángeles Dauahare quedó en libertad este miércoles, luego de que la PGR determinara que carece de pruebas en su contra.
"La aportación del testigo no debe ser aislada, no debe ser única, sino que con base en lo que se obtenga de un testigo protegido, se debe partir a una investigación efectiva, oportuna, para encontrar elementos, indicios probatorios de esos dichos, de esa información, y no sustentar una acción penal única y exclusivamente en una declaración", dijo Romo, integrante de la Comisión de Justicia.
La senadora Iris Vianey Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó en diciembre una iniciativa que también plantea acotar el valor legal de las declaraciones de testigos protegidos.
Mendoza propone reformar la Constitución para establecer: "la sola declaración de testigos colaboradores es insuficiente para acreditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del indiciado". El documento fue enviado a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, donde aún no ha sido dictaminado.
El panista José María Martínez, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo en entrevista en marzo que las prioridades de la comisión para el resto del periodo de sesiones serían las reformas en telecomunicaciones, deuda pública y combate a la corrupción.
Cuestionado acerca de la utilización de testigos protegidos, el líder de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero, rechazó el miércoles ante medios que el gobierno de su correligionario Felipe Calderón (2006-2012) haya "abusado" de esa figura, aunque dijo que debe obligarse a todas las autoridades a actuar con apego a la ley.
El panista Ricardo García Cervantes, actual subprocurador de Derechos Humanos, reconoció al término de un acto en el Senado que deben revisarse las reglas con las que operan los testigos protegidos.
Otros senadores consideran que la figura debe desaparecer de la legislación mexicana, porque su uso ha dado pie a que las autoridades detengan a ciudadanos injustificadamente y, con ello, violen sus derechos humanos.
"Todo tiene que estar normado por un juez bajo un debido proceso, esa es la verdadera justicia", dijo la perredista Dolores Padierna, integrante de la Comisión de Justicia.
En entrevista, la legisladora señaló que los testigos protegidos deben desaparecer para evitar que las personas sean detenidas únicamente con base en dichos.
Antes de la exoneración de Ramírez Mandujano y de la liberación de Ángeles Dauahare, otros cuatro exservidores públicos fueron absueltos de septiembre a la fecha, luego de que tribunales mexicanos determinaron que carecían de sustento los señalamientos que testigos protegidos hicieron en su contra.
Los exfuncionarios exonerados son Rodolfo de la Guardia y Ricardo Gutiérrez Vargas, exdirectores de la Interpol en México, y Víctor Garay Cadena y Javier Herrera Valles, exjefes de la Policía Federal. Todos ellos fueron detenidos dentro de la Operación Limpieza, que el gobierno de Felipe Calderón desplegó para detectar a funcionarios corruptos.
El Poder Judicial de la Federación recomendó esta semana al actual titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, que la dependencia investigue posibles irregularidades en acusaciones contra otros exservidores públicos. Murillo Karam asumió el cargo en diciembre, días después de que el priista Enrique Peña Nieto iniciara su mandato.
