Ocho funcionarios de una filial de Pemex encaran juicio por Estela de Luz

Ocho funcionarios de una subsidiaria de Petróleos Mexicanos (Pemex) que participó en la construcción de la Estela de Luz enfrentarán un juicio por supuestas irregularidades en la obra del monumento creado para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México en 2010, confirmó a CNNMéxico el abogado de los acusados, Gabriel Regino. 

Ante las críticas y una denuncia de la ASF ante la Procuraduría General de la República (PGR) por las irregularidades detectadas, el extitular de la SFP, Salvador Vega, defendió la gestión de Felipe Calderón y afirmó que desde 2009 la dependencia llevó el caso a la fiscalía.

La ASF determinó que se tomaron decisiones sin coordinación y observancia de la normatividad, lo que no permitió asegurar eficacia, eficiencia y economía en el uso del dinero público.

Esto causó que el costo de la construcción se elevara un 192% con respecto a lo estimado originalmente, y que la inauguración se hiciera 15 meses después de la fecha prevista, en diciembre de 2012 y no el 15 de septiembre de 2010. 

Pero según Regino, los funcionarios no intervinieron en la toma de decisiones que derivaron en estas supuestas irregularidades, sino que solo determinaron cómo sería el procedimiento de contratación de la obra: a través de una invitación a tres personas en vez de una licitación pública "por la premura del tiempo" y el tamaño.

Las obras fueron asignadas por oras áreas de III Servicios a la empresa Gutsa, entre otras, las que luego pidieron más recursos para terminar la torre, lo cual fue aprobado por el Fideicomiso, explicó Regino.

“A los integrantes del comité de obra pública se les quiere vincular como los responsables de todo lo que ocurrió después, como si fuese una cortina de humo, para decir ‘mire, estamos haciendo justicia’”, dijo el abogado en entrevista telefónica con CNNMéxico. 

Entre las modificaciones que se le hicieron a la torre está el concepto arquitectónico: de un estimado de 34,877 metros cuadrados de construcción considerados en el proyecto ejecutivo, se concursaron 11,573 metros cuadrados y solo se construyeron 8,132 metros cuadrados. 

Además, hay constancia de pagos de acero a sobreprecio por 399 millones 206,900 pesos, y otros pagos excesivos debido a la incorrecta integración de precios extraordinarios de elementos como el cuarzo, entre otros.

La paraestatal rechazó las acusaciones  y afirmó que el costo se elevó porque se cambió la profundidad de la cimentación, por el uso de acero inoxidable, por haber traído paneles de cuarzo desde Italia y al utilizar maquinaria que no existía en México. 

Los ocho procesados son empleados de nivel medio: Erick Treviño Lartundo, exsubgerente de evaluación; Domitilo Barragán Álvarez, exgerente jurídico; Juan Ricardo Díaz Ortega, exsubgerente de Construcción; Bernardo Garza Garza, exgerente comercial; Ricardo Morales Jaramillo, exgerente de administración y finanzas; Fernando Raúl Spadoni Rodríguez, exsubgerente de concursos; José Carlos Olivares Correa, exsubgerente de contabilidad, y Sergio Salas Arellano, excoordinador de mantenimiento de la zona centro.

Desde su inauguración, la torre ha servido de punto de partida para marchas —como las efectuadas por el movimiento estudiantil #YoSoy132— y de escenario para manifestaciones contra políticas del anterior gobierno y del actual.  

En abril pasado, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) e integrantes de la sociedad civil comenzaron a recolectar firmas para pedir que el presidente Enrique Peña Nieto convierta a la torre en un memorial para las víctimas de la violencia. 

Según el MPJD, el monumento fue “edificado bajo la opacidad y la corrupción” y aseguró que su significado nunca llegó a ser el de la celebración del Bicentenario.