Los estados son 'opacos' en manejo del dinero para seguridad, dice estudio

El gasto de 7,600 millones de pesos programados este año a acciones de seguridad en los estados se ejercen de forma discrecional y sin reglas claras, señala un informe realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad y la organización Causa en Común.

En 10 de 32 entidades que se investigaron, todas resultaron ejercer de forma opaca la totalidad de los Fondos Federales para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP).

Esto, debido as que los informes que deben entregar al al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no son públicos, y estos contienen la información donde se analiza el ejercicio presupuestal, el avance en las metas comprometidas y los precios de los bienes y servicios adquiridos con este fondo.

Los estados de Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevos León, Tabasco y Veracruz, fueron elegidos con base en criterios como índice de homicidios, aumento de delitos de alto impacto, el gasto en seguridad pública per cápita y como porcentaje del presupuesto estatal, número de polícias y población.

De estos, los que resultaron mejor evaluados fueron Durango, el Distrito Federal y Colima. Sin embargo, los que tuvieron perores prácticas de rendición de cuentas en ejercicio de estos recursos fueron Guerrero, Morelos y Tabasco.

En este listado se encuentran dos de los estados con mayor número de homicidios dolosos en el país : Guerrero y Durango, los cuales registraron 77 y 48 asesinatos por cada 100,000 habitantes, respectivamente según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Mientras que Guerrero fue de los peor evaluados, Durango resultó con mejores prácticas.

Veracruz, uno de los estados donde también se ha registrado un alto número de homicidios dolosos y delitos de alto impacto como secuestro y extorsión tuvo resultados negativos en las evaluaciones de la Auditoría Superior de la Federación durante 2009, 2010 y 2011.

“Está roto el mecanismo de rendición de cuentas que regula la operación del FASP en las entidades federativas del país. Estos instrumentos no ofrecen un control claro al ejercicio del gasto, más bien parecieran abrir espacios para la opacidad y le derroche de recursos, en detrimento de la efectividad de las políticas de seguridad pública”, dice el estudio.

Según estos organismo, el gobierno mexicano destina en promedio cada año unos 140,000 millones de pesos a los programas de seguridad en el país, de los cuales unos 17,000 millones de pesos, los transfiere a programas de seguridad en estados y municipios.

Del total de recursos que reciben los estados, poco más de 7,000 millones de pesos (un 45%), corresponden a los Fondos Federales para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), cuya rendición de cuentas analizó IMCO y Causa Común.

Las inconsistencias

IMCO y Causa Común encontraron por ejemplo que es “imposible” conocer los criterios y calidad de los insumos para combatir la inseguridad como chalecos antibalas, uniformes, radios, botas y escudos antimotín, debido que aunque se conozcan los costos,  “las características específicas de los bienes no son públicas”.

Advirtieron que las secretarías de Seguridad no publican sus programas anuales de adquisiciones, mientras que no encontraron algún catálogo que detalle qué equipo se puede comprar con recursos federales.

Con base en información de la Auditoría Superior de la Federación,  encontraron que las entidades tienen problemas para comprobar gastos o procedimientos de adquisición.

Refieren que a excepción de Tabasco y Colima, los estados analizados publican el gasto ejercido en seguridad pero no ofrecen detalles como a qué áreas o funciones destinan su presupuesto.

Detectaron que “no es homogéneo” el formato de reporte de gastos ante Hacienda, lo que complica efectuar comparaciones sobre cómo se ejerce el dinero.

El estudio consigna que no hay normas homogéneas para la suspensión de transferencia de recursos en caso de incumplimiento por parte de los estados y que “no se sabe” cuántos funcionarios han sido sancionados por uso indebido de recursos o por violar alguna regla.

Ambos organismos recomiendan al Consejo Nacional de Seguridad, hagan públicos los convenios de coordinación, modifiquen la fórmula de asignación de recursos y publiquen o elaboren un catálogo de bienes.