Extorsiones y secuestros provocan éxodo de comerciantes en Guerrero
En los últimos seis meses, al menos 115 familias de comerciantes cerraron sus negocios y abandonaron sus viviendas para salir de la ciudad de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, ante las extorsiones y secuestros de los que son víctimas del crimen organizado.
De acuerdo con cifras proporcionadas a CNNMéxico por el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado, Jaime Nava, tan solo en la última semana 14 comerciantes han sido secuestrados y 15 familias más huyeron del estado por la violencia.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esa ciudad, Pioquinto Damián, informó a CNNMéxico que el 3 de agosto fueron secuestrados siete locatarios del mercado central, aunque dijo que, por temor, no hubo denuncias ante la Procuraduría de Guerrero.
“La gente no tiene confianza en ir a un Ministerio Público y denunciar porque la misma autoridad sabe de esto”, explicó. Los montos que piden a los comerciantes secuestrados oscilan entre los 50,000 pesos y un millón y medio.
“Cien familias ya se salieron de la capital en los últimos seis meses, pero en los últimos ocho días el asunto se ha recrudecido y 15 familias más decidieron abandonar todo y salir de la ciudad. Los últimos tres meses han sido insoportables para todos los sectores, para todos los giros y tenemos miedo”, sostuvo el líder empresarial de la Coparmex.
El miércoles 14 de agosto, la Coparmex junto con otras 30 agrupaciones de comerciantes como la Canaco, industriales, transportistas, constructores, arquitectos y hoteleros denunciaron en la Ciudad de México la situación de violencia que enfrentan en la capital del estado.
Además, entregaron un manifiesto en las oficinas del presidente Enrique Peña Nieto en el que dieron cuenta de los datos duros de la violencia que viven y que el mandatario “recomponga el estado de derecho” en Guerrero.
Nava explicó a CNNMéxico que la determinación de exponer la problemática de violencia fuera del estado se debe al “desinterés absoluto” que mantiene el gobierno de Guerrero, mismo que dijo, sigue sin entablar un diálogo para revisar posibles estrategias de seguridad para la ciudad de Chilpancingo.
“Después de haber denunciado todo pues seguimos a la espera de tener un acercamiento con el gobierno federal y el estatal. El miedo que tenemos no sólo es de alguna secuela física, sino de que el gobierno siga ignorando el caso y estemos en una tierra de nadie”, alertó el dirigente.
El control de los criminales
Desde el 21 de junio, este grupo de comerciantes, empresarios, transportistas, industriales, constructores y profesionistas crearon el Consejo Ciudadano para la Seguridad, un espacio para denunciar a los tres niveles de gobierno la problemática que sufrían por inseguridad y violencia.
Según los datos internos de esta organización, en Chilpancingo y otros municipios de la región centro de Guerrero, grupos criminales como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, Los Zetas y Los Rojos tienen presencia en el estado.
Estos grupos criminales no sólo se ocupan de extorsiones, cobro de piso y secuestro en Chilpancingo y la zona Centro del estado, sino también de dirigir a por lo menos 200 de los 750 taxis registrados.
Los taxis ilegales son utilizados para el tráfico de droga y vigilar los operativos que mantienen las fuerzas de seguridad, según reveló el representante de la Unión de Transportistas Democráticos, Apolinar Segueda Dorantes.
“Esos taxis están pintados con los colores de sitio, numerados y con placas particulares o incluso sin placas. Estos taxis le dan ganancias y les sirven de halcones a la delincuencia”, dijo el líder transportista.
El documento entregado por ese Consejo Ciudadano para la Seguridad al gobierno federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos precisa que los grupos criminales tienen el “control y poder absoluto bajo la complacencia de autoridades de los tres niveles de gobierno”.
De acuerdo con Nava, ningún comerciante y empresario “se salva” de pagar la extorsión por poseer un local, conocido como derecho de piso, incluyendo a los 1,400 locatarios del mercado central de la capital del estado.
Las cifras del crimen
Según un estudio elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad, al que tuvo acceso CNNMéxico, cada taxi de los 750 que existen en la entidad paga una cuota diaria de 25 pesos, mientras que los 80 camiones recolectores de basura que prestan servicio privado en la ciudad de Chilpancingo y otros municipios como Zumpango, Chilapa, Tierra Colorada y Tlacotepec pagan 100 pesos diarios por derecho de piso.
“El dinero es recogido por los líderes de estas organizaciones de transportistas y recolectores de basura y ellos se lo dan a la persona que mandan de las organizaciones criminales”, precisa el documento.
Otro sector afectado es el de los locatarios del mercado central de Chilpancingo, principalmente los encargados de carnicerías, a quienes los grupos de la delincuencia organizada les decomisan la piel de las 52,500 reses que matan en un mes.Cada piel de res tiene un costo de 300 pesos.
También cobran extorsiones de 300 pesos por cada res y 100 pesos por cada cerdo de los locatarios, mientras que a los que venden pollo pagan un peso por cada ave vendida.
De acuerdo con la información del Consejo, las ferreterías y casas de materiales pagan una cuota semanal de 5,000 pesos.
“El dinero siempre es cobrado con la misma mecánica: llegan jóvenes, cada vez más jóvenes, a cobrar la cuota diaria o semanal”, afirman. A la lista de cobro de piso y cuotas también se suma el comercio informal: vendedores de discos y películas piratas, alimentos y ropa.
“El municipio ya fue rebasado, la policía municipal está involucrada y hasta los trabajadores administrativos, quienes por miedo, operan para la delincuencia dando información confidencial, sobre todo en los espacios de la Secretaría de Obras Públicas, Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal”, se indica en el documento.
Prevención del delito nos ha rebasado: autoridad
El alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, descartó en entrevista con medios de comunicación que su administración esté rebasada por el crimen organizado y dijo que no tiene ninguna denuncia formal sobre el secuestro de comerciantes y locatarios del mercado.
Adelantó que instalarán cámaras de vigilancia en diferentes puntos de la ciudad de Chilpancingo y desconoció la razón por la que representantes de las 30 agrupaciones que conforman el Consejo Ciudadano para la Seguridad hayan decidido hacer ese pronunciamiento en la Ciudad de México.
“No sé cuál sea la mecánica de por qué fueron allá. Necesitamos el apoyo de la federación , eso siempre lo he señalado”, explicó el alcalde.
“Nosotros en el gobierno municipal hacemos la parte que nos toca que a veces se nos complica. Hoy el tema de prevención de delito nos ha rebasado porque tenemos que certificar a todos los elementos y en esta tónica se nos ha complicado”, agregó.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Sergio Javier Lara Montellanos, sostuvo que esos casos expuestos son “rumores” porque no existen denuncias formales de los casos de secuestro y extorsión.
El funcionario estatal pidió a los empresarios y comerciantes denunciar los casos para que puedan ser atendidos por las autoridades correspondientes.
“Hay rumores, se le pregunta a la gente y no dice nada, ¿qué vas a hacer? O sea, a mí me puedes decir que hay rumores de que aquí, robaron a diez, pero nadie dijo nada, ¿cómo voy a saber yo que robaron a diez?, ¿cómo voy a saber que necesitan de la autoridad?”, explicó.
Un manifiesto de ayuda
La alerta emitida al gobierno federal por los empresarios y comerciantes de Chilpancingo contiene la petición de un despliegue urgente de la fuerza de seguridad para “erradicar” a los grupos criminales y “su esquema de extorsiones, secuestros y robos”.
También solicitaron la rotación “inmediata” de los mandos militares y los representantes federales de seguridad pública en las siete regiones de Guerrero.
Además, que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la dependencia que atraiga los casos de secuestro, robo y extorción para que la población se atreva a denunciar los casos.
“Que se investigue y ejerza acción penal contra los servidores públicos municipales, estatales y federales que han brindado protección a los grupos criminales o han incurrido en negligencia y son responsables, por omisión”, precisa el documento.
Los comerciantes en autodefensa
Los integrantes del Consejo Ciudadano para la Seguridad están decididos a crear su propio grupo de autodefensa para vigilar ellos mismos y protegerse de la delincuencia organizada, advirtió Jaime Nava.
El 21 de junio de este año tuvieron una reunión con el líder del grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, quién relató sus experiencias y el objetivo de la policía ciudadana.
Sin embargo, según los comerciantes, su grupo de autodefensa estaría desarmado, pues esa parte le corresponde a las fuerzas policiacas.
“Nosotros no queremos llegar a la violencia porque siempre hemos buscado coadyuvar con los tres niveles de gobierno, por lo que se necesita hacer un frente común contra el este flagelo de la sociedad y es mediante un grupo de autodefensa”, insistió Jaime Nava.
La situación de violencia en Guerrero ha provocado que del 18 de julio hasta el 12 de agosto se han registrado al menos 1,336 personas desplazadas de al menos 20 comunidades ubicadas en la Sierra de municipios de las regiones de la Tierra Caliente, Norte y Centro de Guerrero.
