El Pacto por México camina, pero le aguardan los pasos más complejos
En los primeros nueve meses del mandato del priista Enrique Peña Nieto, el gobierno y los principales partidos se han concretado 17 compromisos del Pacto por México y puesto en marcha 74, el 95% del total. La cifra les lleva a considerar que el acuerdo está dando “buenos resultados”, pero admiten que los puntos pendientes son los que implicarán las negociaciones más difíciles: las reformas energética, política y fiscal.
De los compromisos cumplidos, cinco corresponden a la reforma educativa y seis a la reforma en telecomunicaciones, que fueron aprobadas por consenso en el Congreso y este año entraron en vigor.
La primera busca elevar la calidad de la educación evaluando a los profesores, dando mayor autonomía a las escuelas, ampliando las jornadas de clases a ocho horas y obligando a los planteles a ofrecer a los alumnos alimentos nutritivos. La segunda tiene el objetivo de aumentar la competencia en radio, televisión, telefonía e internet, otorgando más concesiones y limitando el porcentaje de mercado que podrá controlar una sola empresa.
El exsenador Santiago Creel, representante del Partido Acción Nacional (PAN) en el Consejo Rector del Pacto por México, destacó la aprobación de ambas reformas en menos de un año y afirmó que el gobierno no lo habría conseguido sin el apoyo de la oposición.
“No lo hubieran podido hacer por la simple y sencilla razón de que no tienen mayoría en ninguna de las Cámaras y no tienen mucho menos los votos necesarios para hacer reformas constitucionales. Es claro que sin la participación de los partidos de oposición el Pacto jamás hubiera podido avanzar”, dijo Creel a CNNMéxico.
Nicolás Loza, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), coincidió en que el Pacto avanza, aunque advirtió que los partidos aún deben terminar la legislaciones secundarias y que en ese proceso están surgiendo los primeros desacuerdos.
“Cada vez hay más dificultades y veremos cómo se va complicando más el escenario. Una reforma constitucional es más fácil que se logre en acuerdos plenos y, cuando se va al detalle, va a haber más intereses y va a haber más discrepancias”, dijo.
En la reforma educativa, por ejemplo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) respaldó los cambios a la Constitución, pero la mayoría de sus legisladores votó en contra de dos leyes secundarias —la General de Educación y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)—, argumentando que fueron elaboradas sin consultar a los profesores.
En las próximas semanas, además, los partidos tendrán que negociar la ley para regular el servicio profesional docente. Se trata de la legislación más polémica de la reforma educativa porque contiene los mecanismos de evaluación docente y las sanciones que se impondrán a quienes reprueben los exámenes.
De la reforma en telecomunicaciones, el Congreso aún tiene pendiente nombrar a los comisionados del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco). Los legisladores tenían previsto hacer los nombramientos este mes, pero pospusieron el tema porque el PAN y el PRD exigieron más tiempo para analizar los pefiles de los aspirantes propuestos por Peña Nieto.
La controversia por el petróleo
Para algunos analistas, sin embargo, las tensiones entre el gobierno de Peña Nieto y las principales fuerzas políticas serán aún mayores cuando comience la discusión de la reforma energética, que se prevé inicie en septiembre próximo junto con el debate de la reforma fiscal.
“Esto va a ser todavía más complicado y la negociación va a ser mucho más difícil cuando se empiecen a discutir los términos de la llamada reforma energética. Ahí hay una diferencia abierta, clara, sobre si hay reforma constitucional o no”, dijo Jorge Javier Romero, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La reforma energética abarca siete puntos del Pacto por México, entre ellos, cambios para elevar la productividad de Petróleos Mexicanos (Pemex) y abrir el sector a la competencia.
Peña Nieto y el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) proponen modificar la Constitución para permitir que Pemex se asocie con particulares en la producción de hidrocarburos, un planteamiento que divide a la oposición.
El PAN respalda una posible reforma constitucional, aunque exige una mayor participación de la iniciativa privada, mientras el PRD la rechaza porque considera que esos cambios buscan privatizar los energéticos.
Cuestionado en varias ocasiones, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, ha rechazado señalar si el partido dejaría el Pacto por México en caso de que el Congreso apruebe una reforma energética con modificaciones a la Constitución.
“No adelantemos vísperas, porque primero vamos a ver si efectivamente esta reforma va a pasar. Y nosotros vamos a salvarnos con toda nuestra fuerza para evitar que tengamos esta reforma regresiva”, dijo este domingo a periodistas.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confió a mediados de este mes en que el gobierno federal logrará llegar a consensos sobre el tema .
Una reforma con cambios a la Constitución necesita los votos de dos terceras partes del Congreso. El PRI es la primera fuerza en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero no cuenta con los legisladores suficientes para aprobar la propuesta de Peña Nieto.
La discusión de las propuestas energética y fiscal comenzará después de que Peña Nieto entregue al Congreso de la Unión su primer Informe de Gobierno, el 1 de septiembre. También se prevé que inicie la negociación de la reforma política, en el que los partidos debatirán sobre puntos que los dividen, como la reelección de legisladores.
