El Senado elige a los siete comisionados para la Atención a Víctimas
El Senado mexicano eligió este martes a los siete comisionados de Atención a Víctimas, que serán los responsables de diseñar y supervisar los programas para atender a quienes sufran violencia en el país.
Los funcionarios elegidos son Adrián Franco Zevada, Susana Thalía Pedroza de la Llave y Julio Antonio Hernández Barros, quienes estarán en el cargo cinco años; Sergio Jaime Rochín del Rincón y Carlos Ríos Espinoza, que lo ocuparán tres años, y María Olga Noriega Sáenz y María del Rosario Torres Mata, que estarán un año, informó la Cámara alta en un comunicado.
Los nuevos integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) fueron propuestos por el presidente a principios de septiembre .
Entre ellos hay especialistas en derechos humanos que han colaborado con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como Carlos Ríos Espinoza, y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como Sergio Jaime Rochín del Rincón.
María del Rosario Torres Mata es presidenta de la asociación Fe y Esperanza para Víctimas del Delito, en tanto Adrián Franco Zevada, Susana Thalía Pedroza de la Llave y María Olga Noriega Sáenz han desempeñado actividades académicas.
Julio Antonio Hernández Barros fue abogado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), una agrupación civil formada en 2011 en protesta contra la estrategia de lucha contra el crimen encabezada por el entonces presidente, Felipe Calderón (2006-2012).
La creación de la CEAV deriva de la Ley General de Víctimas, uno de los principales reclamos del Movimiento por la Paz y otros activistas, para quienes una legislación de ese tipo era necesaria para que el Estado atienda a quienes sufren violencia.
A principios del año, el gobierno de Enrique Peña Nieto informó que más de 70,000 personas murieron en hechos violentos relacionados con el combate a la delincuencia durante el mandato de Calderón.
La conformación de la CEAV supone un paso necesario para que la Ley General de Víctimas sea operante y quienes resulten afectados por la violencia en el país puedan acceder a una compensación económica o apoyo médico y psicológico garantizado por el Estado.