La reforma política avanza con 'candados' en reelección y sanciones
La reforma política quedó aprobada este martes en comisiones sin el aval de la principal fuerza de la izquierda, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y fue enviada al pleno del Senado, donde se prevé que se dé el debate en puntos clave.
El dictamen —calificado por la izquierda como un documento elaborado fuera del Senado y no por los legisladores— incluye candados en materia de reelección legislativa y de alcaldes, así como en las sanciones para los candidatos que rebasen los topes de gastos de campaña en una contienda.
Durante la madrugada, sin embargo, y después de siete horas de negociaciones a puerta cerrada, senadores priistas y panistas acordaron revisar esos puntos y abrieron la posibilidad de “flexibilizar” esas restricciones.
Se prevé que la reforma política se vote este martes, lo que abriría la puerta para la discusión de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. El opositor Partido Acción Nacional (PAN), segunda fuerza en ambas cámaras del Congreso, había condicionado al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) que la reforma política se votara antes de la energética.
El debate en las comisiones lo encabezó el panista Javier Corral, quien presentó 57 reservas y dijo que el proyecto se aleja de los objetivos de “acotar la discrecionalidad y opacidad en el sistema de partidos y conseguir elecciones más baratas y transparentes”.
“El llamado piso en que se ha dado en llamar el Pacto por México se hundió en varios temas”, recalcó durante la tarde del lunes.
Más tarde, ya durante las primeras horas del martes, expresó que espera que se concreten en el texto las modificaciones acordadas.
El dictamen aprobado en comisiones incluye la reelección de legisladores federales —diputados y senadores— hasta por 12 años. Esto significa que los diputados podrían reelegirse hasta por tres periodos (para sumar cuatro en total) y los senadores hasta por uno (para sumar dos).
La modificación, sin embargo, establece que un legislador federal sólo podrá aspirar a reelegirse si compite por el mismo partido que lo postuló en la primera ocasión, un candado al que se oponen algunos senadores y organizaciones civiles.
Durante la discusión en comisiones, el panista Raúl Gracia consideró que esa medida limita la libertad de los legisladores.
“Si un legislador vota contra su partido, su partido podrá vetarlo para que no se reelija”, dijo Gracia, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, una de las cinco que intervinieron en el debate.
Ese es uno de los puntos que podrían modificarse en el pleno, para permitir que un diputado o senador intente reelegirse por una fuerza distinta a la que lo postuló la primera vez.
La discusión se realizó sin los senadores del PRD, que se retiraron de la negociación desde el jueves argumentando que el PAN ya pactó con el PRI apoyar la reforma energética a cambio de la aprobación de la reforma política .
“No queremos convalidar de ninguna manera un proceso en donde se haga una operación de trueque legislativo de unas reformas por otras”, dijo en una breve intervención el perredista Alejandro Encinas, quien aclaró que su bancada sí participará en el debate ante el pleno.
La reforma política también abre la puerta a la reelección de diputados locales y alcaldes, aunque hasta el momento deja esa posibilidad a criterio de los congresos de cada estado.
Para los panistas Javier Corral y Héctor Larios, esto limitará la posibilidad de que legisladores estatales y ayuntamientos se reelijan.
Organizaciones civiles como #ReformaPolíticaYa se pronunciaron en el mismo sentido y durante unos minutos protestaron en la sesión de comisiones. Vigilados de cerca por personal de seguridad del Senado, gritaron algunas consignas, mostraron pancartas con los lemas “Reelección sin simulación” y “No al control de candidatos” y después salieron del salón.
Las negociaciones a puerta cerrada dejaron abierta la posibilidad de que la reelección de diputados locales y alcaldes se fije desde la Constitución en vez de dejarla al arbitrio de los congresos estatales.
La nulidad de una elección
Otro candado incluido en la reforma política se refiere a las sanciones para quienes violen la ley electoral.
El documento indica que se anulará una elección cuando un candidato rebase el tope de gastos de campaña, desvíe recursos públicos a su favor o compre tiempo aire en medios electrónicos, “siempre y cuando se acredite de manera objetiva y material la infracción y la misma haya sido la causa determinante del resultado”, según el dictamen.
En días recientes, el PAN y el PRD exigieron que se retirara el concepto de “determinancia”, a lo que el PRI no ha accedido.
Tras las elecciones de 2012, panistas y perredistas acusaron a Peña Nieto de haber rebasado el tope de gastos de campaña para ganar la presidencia, un señalamiento que el priista negó.
Un debate largo
El debate en comisiones se prolongó durante 14 horas, incluidas las siete de receso, debido a desacuerdos entre los senadores.
El panista Corral, por ejemplo, reclamó que el Instituto Nacional Electoral (INE) que se plantea crear no organice todas las elecciones del país, sino que únicamente pueda atraer los comicios locales cuando considere que pueda haber inequidad en una contienda.
“La negociación ha cedido la parte más importante, la que se alzó como la principal bandera y condicionante de la reforma energética: crear una autoridad de carácter nacional y una legislación única que se encargue tanto de las elecciones federales como de las estatales y municipales”, reclamó.
Por la noche, durante el receso, el subsecretario de Enlace Legislativo, Felipe Solís Acero, llegó al Senado para reunirse en privado con el líder de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón.
A lo largo de las negociaciones, Solís Acero, hombre cercano al presidente, ha acudido a la sede legislativa en varias ocasiones para seguir los acuerdos.
El dictamen que será votado en el pleno incluye también elevar del 2% al 3% el porcentaje mínimo de votos que un partido deberá obtener para conservar el registro, así como la autonomía de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que entraría en vigor en 2018.
Al implicar cambios a la Constitución, el documento requiere los votos de una mayoría calificada de los senadores —dos terceras partes— a fin de quedar aprobado.
