Con cinco años de retraso, México pone reglas a los juicios orales
El gobierno de México promulgó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, legislación pendiente desde junio de 2008, en la cual se fijan las reglas que deberán seguir los juicios orales en todo el país.
El documento firmado este martes por el presidente Enrique Peña Nieto sustituirá a los 33 códigos actuales —uno federal y los 32 locales— y entrará en vigor de forma gradual, sin que esto exceda el 18 de junio de 2016, según los artículos transitorios del decreto.
Esa es la fecha límite para poner en funcionamiento la reforma de justicia penal aprobada en junio de 2008, con la que se busca reemplazar el actual sistema inquisitorio (basado en expedientes) por uno acusatorio (basado en juicios orales).
El nuevo código incluye las reglas que deberán seguir esos procesos, entre ellas, que tendrán que realizarse en audiencias públicas —salvo cuando el juez considere que esto pondría en riesgo a alguna de las partes— y que los funcionarios tendrán que cerciorarse en todo momento de que el acusado conoce sus derechos.
"De los 33 códigos que hay en el país (…) ahora habrá un código único, que será válido en todo el territorio nacional. Todos los procesos penales se llevarán a cabo bajo las mismas reglas, fortaleciendo así la solidez de nuestro estado de derecho", dijo el presidente este martes durante la ceremonia de promulgación.
El documento comenzó a trabajarse en el Congreso durante 2013 , con propuestas de legisladores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), principales fuerzas de la oposición.
Durante la ceremonia de este martes, el procurador Jesús Murillo Karam reconoció que el código representa un cambio "cultural", por lo que obliga a todos los funcionarios involucrados a capacitarse.
"Es indispensable el cambio de actitudes, valores, prácticas", dijo.
Penalistas consultados en febrero, luego de la aprobación del código en ambas cámaras del Congreso, coincidieron en que la capacitación de policías, agentes del Ministerio Público y jueces es el siguiente reto para la reforma penal .
El presidente anunció también que próximamente enviará al Poder Legislativo una iniciativa de ley sobre mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.
Con esta legislación, según el mandatario, se lograría que "un número considerable de casos" se resolviera mediante acuerdos entre las partes, sin necesidad de llegar a un juicio, y esto ayudaría a "reducir costos y tiempos de los procesos, reducir la saturación en las cárceles" y que el Estado concentre recursos en combatir delitos graves.
