5 propuestas legislativas para atender a los menores migrantes
El aumento en el número de menores migrantes que llegan a México de forma ilegal — de 129% en un año — ha captado la atención pública durante las últimas semanas, así como llevado a que organizaciones civiles exijan acciones para atender a este sector.
México es un país de origen, destino y, principalmente, de tránsito de migrantes a Estados Unidos, donde la Casa Blanca también demanda cooperación de las naciones latinoamericanas para frenar lo que considera una crisis humanitaria.
En México, por un lado, el gobierno federal se ha comprometido a tomar medidas en este sentido. Por otro, legisladores de distintos partidos políticos impulsan iniciativas en la materia en ambas cámaras.
Desde que comenzó esta Legislatura —en septiembre de 2012—, diputados y senadores han presentado 28 propuestas de reforma relacionadas con migración, según el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
De ese total, al menos siete iniciativas buscan cambios específicos para atender a los menores migrantes, en especial a los que llegan al país sin la compañía de un adulto. A continuación de presentamos algunos de esos planteamientos.
1. Reglas más claras
Actualmente, la Ley de Migración establece que cuando un menor no acompañado sea detenido y entregado al Instituto Nacional de Migración (INM), éste debe canalizarlo "de manera inmediata" a los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), sean el nacional o los locales. Sin embargo, no fija un plazo determinado para hacerlo.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara baja, propone que esa entrega deba llevarse a cabo en un periodo máximo de 48 horas .
Además, la ley vigente señala que personal del INM debe informar al menor del proceso migratorio al que está sujeto —es decir, su repatriación o eventual reconocimiento como refugiado—, así como de los derechos que posee, entre ellos, la asistencia del consulado de su país.
La senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta y militante del Partido Acción Nacional (PAN), propone que se brinde al menor un tutor que lo guíe durante ese proceso legal. Este tutor sería designado por el Instituto Federal de Defensoría Pública y trabajaría de forma gratuita.
2. Centros especiales
La Ley de Migración ya establece que los menores no acompañados deben ser entregados a los sistemas DIF para que éstos los ubiquen "en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria". Sin embargo, contempla que si existe una "circunstancia excepcional", permanezcan en las mismas estaciones migratorias donde están los adultos.
Organizaciones civiles y legisladores se oponen a esa situación, argumentando que los menores necesitan condiciones especiales.
Al respecto, Cuevas y la diputada Amalia García, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara baja y militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), proponen que quede prohibida la estancia de menores en estaciones migratorias y que los sistemas DIF se encarguen de los centros especializados.
La propuesta de García plantea que estos centros puedan ser operados por instituciones estatales o municipales, o incluso por organizaciones civiles, siempre que estén autorizadas para ello.
En otra iniciativa, la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), propone obligar a que las estaciones migratorias tengan espacios y equipos para atender a mujeres embarazadas o con niños menores de cinco años .
3. El interés superior del menor
Actualmente, la Ley de Migración señala que el INM y otros funcionarios deben actuar con base en el interés superior del menor, es decir, buscando la solución que lo beneficie más. Sin embargo, no especifica cómo se determinará ese interés.
La iniciativa de García propone que sea el DIF nacional el que defina cuál es el interés superior del menor, con opinión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que a partir de esa definición se decida si saldrá beneficiado al ser repatriado a su país, o si es mejor que sea declarado refugiado o que el DIF mantenga su tutela "hasta que se resuelva su situación de vulnerabilidad".
Por otra parte, la propuesta de Cuevas consiste en que el interés superior sea determinado por una comisión especializada, compuesta por nueve integrantes: un representante de la Segob, uno de la CNDH, uno del DIF nacional, tres de "instancias del Estado" —las cuales no se precisan— y tres defensores de derechos humanos.
"En todos los casos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados, la comisión determinará su interés superior de manera pronta y expedita", señala el texto.
"El retorno de los niños, niñas y adolescentes a su país de origen no se efectuará si existen riesgos que resulten en la violación de los derechos fundamentales del niño", agrega.
4. Un sistema de información
El gobierno federal ya concentra y publica mensualmente las estadísticas migratorias de México, entre las que se incluyen las de menores indocumentados.
Sin embargo, distintas iniciativas plantean crear un sistema de información especializado, a cargo del DIF nacional, con datos como la fecha y hora en que un menor fue detenido por la autoridad migratoria, su nacionalidad, el sitio por donde cruzó a México, salud, situación de sus padres, razones que lo obligaron a migrar y si fue o no víctima de algún delito en su lugar de origen.
En su iniciativa, García argumenta que esa información permitiría al Estado elaborar mejores políticas públicas en la materia.
5. Más recursos
La propuesta de la diputada perredista también plantea que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se incluyan partidas específicas para atender a este sector, por cada una de las dependencias involucradas en esa tarea.
Al ser recursos etiquetados, eso implicaría que las instituciones a las que se les asignen no podrían destinarlos a otro rubro.
En el PEF, actualmente no hay un apartado específico con fondos para atender a los menores migrantes.