Artículo 19 busca revivir ante la ONU el caso Lydia Cacho

A casi nueve años del conflicto entre la periodista mexicana Lydia Cacho y autoridades de Puebla y Quintana Roo, la organización civil Artículo 19 busca revivir el caso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante una denuncia contra el Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos. 

El documento será presentado este martes ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, al que acudirán Cacho y el director de Artículo 19 para México y Centroamérica, Darío Ramírez. 

Dentro de la denuncia, se argumenta que Cacho sufrió violaciones a los derechos humanos en diciembre de 2005, cuando fue detenida en Quintana Roo acusada de difamar y calumniar al empresario textilero Kamel Nacif, trasladada a Puebla y liberada hasta después de pagar una fianza de 6,000 dólares. 

En entrevista con CNNMéxico, Ramírez explicó que en el documento que se entregará al comité se indica que la detención fue arbitraria y que Cacho fue torturada, con lo que se le privó de la libertad ilegalmente, se violó su integridad física y se buscó intimidarla para limitar su libre expresión. 

La aprehensión de la periodista ocurrió luego de que publicara su libro Los demonios del Edén, en el que documenta la operación de redes de pederastia  en el país en las que implicaba a Nacif.

Meses después, se dieron a conocer en medios conversaciones telefónicas entre Nacif y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las que el empresario le agradece haber detenido a Cacho y haberle dado un "coscorrón", es decir, un escarmiento. 

Cacho quedó en libertad absoluta en diciembre de 2006. Sin embargo, según Artículo 19, siguió sufriendo amenazas, y aunque presentó denuncias en instituciones mexicanas, el caso no prosperó. En noviembre de 2007, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó por seis votos contra cuatro pronunciarse sobre el tema argumentando que podía ser resuelto por tribunales menores. 

En 2008, sin embargo, un juzgado penal negó emitir una orden de aprehensión contra los policías de Puebla acusados de tortura, bajo el argumento de que no se acreditó el cuerpo del delito. 

Ramírez explicó al respecto que la decisión de Artículo 19 de apoyar a Cacho para llevar el asunto a las Naciones Unidas radica en que ya están agotadas las instancias nacionales para revisarlo, así como en que refleja las intimidaciones que padecen los periodistas en México, particularmente en estados como Baja California, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz. 

"Nosotros hemos hecho una petición urgente porque, por ejemplo, el caso del contexto de Quintana Roo, donde vive Lydia Cacho, es un contexto sumamente adverso contra la libertad de expresión, como nosotros hemos documentado", dijo el directivo de este organismo civil que busca proteger la libertad de expresión y de información. 

Después de que la denuncia sea entregada este martes, se abrirá un periodo para que el comité revise si es admisible o no, lo que puede tardar alrededor de cinco meses. Si la admite, tardará entre cinco y seis meses más en pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

Ramírez explicó que este organismo de la ONU carece de facultades para ordenar al Estado mexicano que tome medidas concretas como castigar a funcionarios o exfuncionarios públicos, pero sus recomendaciones tienen un "peso moral y ético" y fomentarían que se atiendan los problemas que padecen los periodistas en el país. 

"Evidentemente no es una corte como la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), sino que da recomendaciones y señalamientos muy precisos. Pero inclusive en eso, la jurisprudencia que dicta el comité puede hablar de reparación (del daño), de temas de impunidad, asuntos legales que se tienen que modificar y revisar", dijo el activista. 

"Puede obligar al Estado a brindar la protección necesaria, tiene un peso moral y ético muy importante en términos de lo que ellos revisan para determinar que sí hubo violaciones", agregó. 

El caso de Cacho atrajo la atención pública en México desde 2006. La periodista de 51 años ha recibido el Premio Nacional de Periodismo y otros reconocimientos internacionales por su trabajo para documentar violaciones a los derechos humanos.