Más de 43: El drama de las desapariciones de personas en Guerrero
La desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa es apenas la punta del iceberg del drama que representa este fenómeno en Guerrero.
El caso, que desató una crisis social en México, se ha convertido en símbolo de la problemática que asciende a cientos de víctimas en esta entidad del sur del país, según reconocen las autoridades, pero del cual no existen registros claros.
En los últimos 10 meses, al menos 400 personas desaparecieron, según cifras del gobernador Rogelio Ortega, quien agregó que los guerrerenses han debido superar el temor de señalar cuando un ser querido es sustraído por alguna autoridad o por la delincuencia, en esta entidad con problemas de violencia derivada de la presencia de grupos del crimen organizado que se disputan la producción de amapola , base de la heroína.
El mandatario estatal reconoció que el caso de los 43 normalistas detenidos por policías municipales de Iguala y entregados por ellos al cártel de Guerreros Unidos ha sido inspirador para hacer frente a este fenómeno.
“Después de lo de Iguala, después de lo de Ayotzinapa, nos armamos de valor y ya lo denunciamos, queremos saber el paradero de nuestros desaparecidos y los de Chilapa y los de Acapulco, y estos más de 400 que van en este periodo del año. Es terrible”, dijo Ortega el pasado 23 de julio en el Congreso de la Unión .
En tanto, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas —que incluye casos relacionados con ilícitos, así como por migración, abandono de hogar e incluso desastres naturales, pero no desglosa la información— suma 856 casos correspondientes al fuero común y el federal en Guerrero.
Además, las cifras oficiales no son las únicas. La tragedia de Iguala también propició que organizaciones sociales, policías comunitarios y familiares decidieron sacar a la luz la realidad de la violencia e iniciar la búsqueda de sus desaparecidos.
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Agrupaciones de familiares de desaparecidos afirman que de 2014 a la fecha hay más de 2,000 hombres y mujeres cuyo paradero se desconoce. La coordinadora de Ciencia Forense Ciudadana, Julia Alonso Carbajal, aseveró que en los últimos 10 meses en Iguala se han registrado 150 desapariciones de personas entre los 16 y 28 años de edad.
“Todos jóvenes, es una pena en verdad y la mayoría se dedicaban a ser taxistas y albañiles. De las mujeres desaparecidas, todas jóvenes también. La gente en Iguala tiene terror, está paralizada, es algo que de verdad duele ver”, señaló en entrevista.
Para la Fiscalía General del Estado esas cifras “extraoficiales” nunca van a coincidir con los registros oficiales porque no todos los casos se denuncian formalmente ante el Ministerio Público.
Grupos criminales y siembra de droga
Los casos en los municipios de Iguala y Chilapa llaman la atención de las autoridades, debido a que son terrenos destacados en la producción de amapola y existe una disputa de grupos criminales para controlar la plaza.
El fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez explicó que la población de Iguala —región norte— y Chilapa —región Centro y parte de La Montaña Baja— entran al “negocio de la droga” por necesidad.
“Hay factores importantes como sembradíos de amapola, por necesidad se involucran en este modo de vivir de sembradíos (...) en la zona norte tenemos la colindancia con Michoacán y Morelos, tenemos ahí una serie de delincuentes que están delinquiendo entre el Estado de México, Michoacán y Morelos”, explicó el fiscal a CNNMéxico.
En Iguala —cuya población es superior a los 140,000 habitantes—, familiares de desaparecidos cuentan por lo menos 700 casos de personas de las que no se conoce su paradero, de 2008 a la fecha.
Julia Alonso Carbajal, madre de uno de los desaparecidos y coordinadora del movimiento Ciencia Forense Ciudadana, señaló que dicha cantidad de expedientes quedaron “puntualmente integrados”. Tan solo en los últimos 10 meses registraron 150 casos, la mayoría de personas de comunidades apartadas de ese municipio.
Según los datos recabados por Alonso Carbajal, el 30% de estos desaparecidos eran taxistas y el resto albañiles y jornaleros, mientras que la mayoría de las mujeres no tenían un trabajo fijo.
“Ya donde se empiezan a registrar más (desapariciones) es a finales del 2008, y de ahí a la fecha (…) todos jóvenes que se dedicaban a albañil, al taxi o tocaban en eventos, en su mayoría, de las jóvenes, de las mujeres, todas son jóvenes y casi ninguna tenía una profesión porque son muy jóvenes”, detalló.
En este municipio, policías comunitarios han emprendido acciones de búsqueda —desde octubre, a raíz de la desaparición de los 43 normalistas— que han dado como resultado la exhumación de 150 cuerpos localizados en fosas clandestinas, a los cuales se han aplicado pruebas de ADN para compararlos con la información de 200 familias, sin que aún se tenga un resultado.
En Chilapa, en tanto —con más de 120,000 habitantes—, los comités de familiares de desaparecidos tiene contabilizados 130 casos de 2014 a la fecha, 30 de los cuales fueron denunciados en mayo pasado .
José Díaz Navarro, quien tiene a un familiar desaparecido desde noviembre de 2014, indicó que en esta lista hay personas de todas las edades, incluidos profesionistas.
Los pobladores atribuyen esta crisis —así como los cerca de 100 homicidios registrados desde el año pasado— a la disputa entre las bandas criminales de Los Rojos y Los Ardillos.
¿Es el narco o la Policía?
Aunque la Fiscalía General del Estado indicó que las desapariciones de personas podrían estar relacionadas con la presencia de bandas criminales ante la producción y tráfico de droga, los comités de familiares de víctimas afirman que la mayoría de los casos que han documentado apuntan a policías municipales y al Ejército.
La coordinadora del movimiento Ciencia Forense Ciudadana, Julia Carbajal, explicó que en 70% de los 700 casos registrados en Iguala se señala a policías municipales, y en seis desapariciones al militares.
“En el registro de datos los familiares dicen: ‘pues es que se lo llevó una patrulla, pues es que lo detuvo un policía’. Fueron desaparecidos por efectivos en Iguala. En Guerrero, los jóvenes —da mucha tristeza decirlo— no tienen para dónde: o se los lleva el crimen organizado o los desaparecen militares, policías, ministeriales”, dijo.
“Si un policía se lleva a alguien, tiene que ponerlo a disposición (del Ministerio Público), no lo desaparece. Las familias ahí lo plasman, ahí lo dicen, que a su familiar se lo llevó la Policía, lo fueron a buscar y les dijeron que no saben nada”, abundó Carbajal.
El fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez, dijo que tras los reportes de desaparecidos en Iguala y Chilapa se emitió la recomendación a la Policía investigadora para no esperar 48 o 72 horas antes de iniciar un proceso de búsqueda, sino que la instrucción es empezarla de manera “inmediata”.
“En algún momento, no se le daba el valor que tenía, pero actualmente estamos tomando tal importancia que nos ponemos en los zapatos de los agraviados, de los familiares”, indicó.
El funcionario estatal comentó que algunos casos no son denunciados ante la Fiscalía porque los familiares conocen “en qué andaba” la víctima, pero otros —reconoció— permanecen ocultos por la desconfianza que existe por parte de la población hacia las autoridades.
Sin embargo, la coordinadora del movimiento Ciencia Forense Ciudadana, Julia Alonso, afirmó que muchas familias que acuden a denunciar se enfrentan a respuestas por parte de los agentes ministeriales como que “se fue con el novio”, en el caso de las mujeres desaparecidas, o que “debe andar por ahí”, si reportan a un hombre en dicha condición. En otros casos, les piden tener cuidado si quieren denunciar.
“Otros ya de plano les dicen a los familiares que tengan cuidado por las cosas como están, que les puede pasar algo a su familia, entonces desisten y ya no van, o no les quieren tomar de plano la declaración”, señaló.
Hasta el momento, de los casos registrados de desapariciones, ninguno ha sido resuelto ni por las autoridades ni tampoco por los comités de familiares.