¿Cuáles son las diferencias que atoran las leyes anticorrupción en el Senado?

La formación del Comité de Participación, las facultades de las instituciones encargadas de investigar los actos de corrupción, así como las sanciones y la publicación de las declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de interés son algunos puntos en los que existe discrepancia en las propuestas anticorrupción planteadas en el Senado de la República.

Diversas organizaciones de la sociedad civil —que ingresaron la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas conocida como Ley#3de3—expusieron los principales elementos que consideraron deben estar en las leyes secundarias para la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Las organizaciones urgen a los senadores a llamar a un periodo extraordinario de sesiones para dictiminar la legislación antes del 28 de mayo como lo mandata la Constitución.

"La frustración y el enojo social en torno al problema de la corrupción es enorme. Pedimos a los senadores que no retrasen estas deliberaciones al poner por delante consideraciones de tipo político electoral. No hay motivo alguno para posponer su discusión y eventual aprobación hasta el mes de junio", expusieron en un comunicado.

Asimismo, los ciudadanos se han unido al exhorto y en la plataforma change.org, promovida por la politóloga Denise Dresser, se han recabado más de 140,000 firmas que piden apruben #LeyesAnticorrupciónYa.

En un comparativo, detallaron las principales diferencias y las similitudes que tienen sus puntos principales con las propuestas presentadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) y el bloque del PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Las anteriores más las reformas al Código Penal Federal y las que permitirían la puesta en marcha de la Fiscalía Anticorrupción conformarán el SNA.

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Aquí un

comparativo de las iniciativas realizado por diversas organizaciones:

Ley del Sistema Nacional Anticorrupción

Del conjunto de iniciativas y documentos para análisis, la única que es coincidente en las tres iniciativas es la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. En esta legislación se describen las facultades del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana, así como sus mecanismos y nombramientos, y las atribuciones del Secretariado Técnico, principalmente.

Además se detalla la construcción de pesos y contrapresos entre las instituciones y las personas que formarán parte de la mesa rectora del sistema; se plantea la capacidad de generar “intelgencia institucional” y se establece la estructura con la que operarán los comités.

Las tres iniciativas contemplan estos aspectos en sus propuestas.

Ley General de Responsabilidades administrativas

De los 30 elementos de la iniciativa ciudadana #Ley3de3 o Ley General de Responsabilidades administrativas, se identificó solo una diferencia en cuanto a la publicidad de las tres declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses, pues de acuerdo con la propuesta de senadores Pablo Escudero (PVEM) y Raúl Cervantes (PRI), ésta está sujeta a la decisión de los servidores públicos, mientras que la de las organizaciones plantea que sea obligatorio hacerlas públicas.

Los demás contenidos, como el incremento de sujetos obligados, la elaboración de un Código de Ética, las sanciones para todos los involucrados en todos los actos de corrupción, la incorporación de la figura whistleblower y los mecanismos de sanción, así como el Registro Nacional de servidores públicos sancionados, están incluidos en la iniciativa de los senadores del PRI y del Verde.

Ley de fiscalización y rendición de cuentas

En la Ley de fiscalización y rendición de cuentas, en la que se establecen facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), multas tanto para funcionarios como para privados, informes más detallados ante la Cámara de Diputados, la plataforma nacional digital con los servidores públicos y particulares sancionados, entre otros, hay similitudes en la controlaría social donde se contempla peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil que pueden ser entregadas a la Comisión de Vigilancia, mismas que podrán ser consideradas por la ASF.

Las diferencias en esta legislación radican en la selección del presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana que son los mecanismos de coordinación entre las instituciones encargadas de las tareas de fiscalización.

Las organizaciones propusieron nuevos procedimientos para el nombramiento del auditor superior de la federación –que incluye una consulta pública para conocer el perfil de la persona que ocupará la titularidad de la ASF– y para el del titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría en la Cámara de Diputados.

Ley del Tribunal de Justicia Administrativa

Para las propuestas de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa, hay convergencia en las sesiones públicas, en el establecimiento de la salas regionales especializadas y en las causales de conflicto de interes para los magistrados; sin embargo no hubo coincidencia en la facultad de atracción de casos de trascendencia y de las comisiones del Senado para solicitar más información como antecedences de los candidatos a magistrados del tribunal.