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El gobierno de Nuevo León empieza las acciones legales contra Rodrigo Medina

El gobierno del independiente Jaime Rodríguez encontró irregularidades en 117 contratos en la administración del priista Rodrigo Medina.
La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León anunció  medidas contra el exgobernador de Nuevo León.
Contra Medina La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León anunció medidas contra el exgobernador de Nuevo León.

La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León anunció este viernes el embargo de propiedades del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz. La medida también se impone a nueve funcionarios de su administración, como una medida precautoria mientras se desarrolla una investigación por desvío de recursos.

El valor de las propiedadades, que habrían sido adquiridos presuntamente de manera irregular en el municipio de Pesquería, asciende a 3,600 millones de pesos (mdp).

La fiscalía también anunció una sanción acusatoria por 210 mdp en contra de los exfuncionarios, entre ellos Rodolfo Gómez Acosta, exsecretario de Finanzas; Juan Francisco Livas, exdirector de la Secretaría de Desarrollo Regional; Rolando Zubirán, exsecretario de Desarrollo Económico; Luis Gerardo Maroquín, exsecretario de Obras Públicas y Ramón Villa Gómez, exdirector de Desarrollo Agropecuario.

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También están implicados dos alcaldes en funciones, dos diputados en funciones, 10 empresarios, dos funcionarios bancarios, familiares y socios.

Las acusaciones por delitos que enfrentarán son peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones y ejercicio abusivo de funciones.

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Las autoridades de Nuevo León encontraron irregularidades en 117 casos de miles de contratos públicos. Uno de ellos se trata del acondicionamiento de terrenos por un amigo del padre del exgobernador por 1,600 mdp.

En agosto de 2015, el actual gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, prometió realizar una auditoría a fondo sobre la administración de Medina de la Cruz.

Rodrigo Medina de la Cruz, político priista, gobernó Nuevo León de 2009 a 2015. Está acusado de un desfalco de aproximadamente 6,000 millones de pesos (mdp) que habría realizado con ayuda de varios de los funcionarios de su administración.

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