El descontento en torno a la #Ley3de3, en 5 claves

La nueva ley anticorrupción ―la llamada #Ley3de3― dejó descontento entre la clase política, y también de parte de sus impulsores desde la sociedad civil, que consideran insuficientes las medidas aprobadas.

La votación en el Senado de la nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos ―que contempla la presentación de las declaraciones fiscal, patrimonial y de posibles conflictos de intereses de los servidores públicos― arrojó como resultado una legislación calificada como "descafeinada" y que "quedó corta", deficiencias por las que los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM son responsabilizados.

Uno de las principales quejas es que la minuta ―enviada para su discusión y votación a la Cámara de Diputados― hace obligatorio el presentar estas declaraciones, pero no el hacerlas públicas ―es decir, esto queda voluntario―, lo cual era una exigencia de la sociedad civil organizada, que presentó una iniciativa ciudadana en la materia.

A continuación te presentamos 5 claves sobre la inconformidad que despertó esta ley, una de las siete que forman parte de la regulación secundaria de la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

1. División en la clase política

En el debate sobre esta legislación se mantuvieron las diferencias entre el bloque de senadores encabezados por los priistas y la oposición, las cuales retrasaron la votación hasta la madrugada de este miércoles.

Los legisladores del PRI y del PVEM habían presentado un adendo con una propuesta considerada "light" en la que no es obligatorio hacer las declaraciones, lo que generó el reproche de los perredistas y panistas.

El presidente del PAN, Ricardo Anaya, consideró que la ley aprobada está “descafeinada” y representa una simulación.

“La publicidad de la información de los servidores públicos es fundamental para prevenir la corrupción (...) Así se evitaría que servidores públicos corruptos sigan aprovechándose de su posición para enriquecerse a costa de todos los mexicanos”, dijo el líder partidista, en declaraciones difundidas este miércoles a través de un comunicado.

Acción Nacional consideró que lo aprobado implica "darle la espalda a los mexicanos, al menospreciar la iniciativa ciudadana que firmaron más de 630,000 ciudadanos y que en todo momento apoyaron el PAN y el PRD".

"En todas las democracias modernas, los funcionarios públicos estamos obligados a hacer público nuestro patrimonio, a hacer pública nuestra evolución patrimonial", dijo a Expansión la senadora panista Marcela Torres Peimbert.

El PRD coincidió en calificar como "simulación" las modificaciones, al agregar que "quedaron cortas".

"Lamentamos que estos dos partidos (PRI y PVEM) continúen con prácticas de opacidad que dañan la vida política e institucional de nuestra nación, y que además den la espalda a las demandas que la ciudadanía hace con tanta claridad", indicó la dirigencia nacional del sol azteca en un boletín.

2. Los formularios

La polémica en la Cámara alta se originó por la reserva al artículo 29 de la ley, presentada por el PAN y el PRD para que fuera incluido el formato de presentación de declaraciones usado por organizaciones de la sociedad civil en la plataforma tresdetres.mx , que detalla desde los datos complementarios del declarante hasta la fecha, monto y ubicación de bienes inmuebles, así como joyas, vehículos, menaje de casa y cuentas bancarias que posee.

En su redacción original, la propuesta incluía este formulario; sin embargo, tras el revés de los legislasdores priistas y pevemistas, el diseño quedó a decisión del Comité de Participación Ciudadana y la publicidad "salvaguardada" por las autoridades correspondientes.

"Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes", señala el Artículo 29 de la ley aprobada.

Durante el periodo extraordinaria de sesiones en el Pleno de la Cámara alta, los legisladores rechazaron la reserva del PAN y el PRD para incluir el formato utilizado por 700 funcionarios públicos, que establece la presentación detallada de bienes, ingresos y cuentas bancarias de los funcionarios.

3. La voz de 634,000 ciudadanos

Senadores de oposición pidieron “abrazar” la iniciativa ciudadana #3de3, que más de 634,000 ciudadanos respaldaron a través de su firma.

"Abrazamos el espíritu de la ley ciudadana #3de3. Por tal motivo, rechazamos la redacción del PRI-Verde con respecto a la publicidad del patrimonio, pues en ella no se refleja el ánimo de reconstruir la tan desgastada confianza de los ciudadanos con los políticos, con el sistema y las instituciones del Estado mexicano", señaló Torres Peimbert.

4. Los ausentes

Pese a que el senador Manuel Bartlett, coordinador del PT, se manifestó a favor de que se aprobara la #Ley3de3 en los términos de la sociedad civil, no estuvo presente en la votación para decidir si se aprobaba la reserva referente al tema.

En la misma situación se encontraron sus compañeros de bancada Layda Sansores y Marco Antonio Blásquez, así como los perredistas Luz María Beristain, Benjamín Robles Montoya y Fidel de Medicis, entre otros.

Con 59 votos ―52 de senadores del PRI, seis Verde y uno independiente―, acotaron la publicidad de las declaraciones patrimonial, de posibles conflictos de intereses y fiscal de los funcionarios públicos mexicanos; no alcanzó la oposición de 34 senadores del PAN, 16 del PRD y un independiente. Se registró una abstención de un senador del PT y 17 legisladores que no estuvieron presentes en la votación.

5. ¿Y los particulares?

Los senadores modificaron el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades, que establece que cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos está obligado a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial y de posibles conflictos de intereses ante los órganos correspondientes de control.

“Que los servidores públicos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las entidades federativas y los municipios, las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior”, señala el dictamen.